Medio ambiente El lobby de la fresa desentierra el hacha de guerra en Doñana

Una acampada permanente desde hace más de una semana ha sido la declaración de guerra de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva contra la Junta de Andalucía, que vuelve así a la carga para reclamar una amnistía de los regadíos ilegales que esquilman el agua de Doñana, que la Administración andaluza daba por concluida hace meses.

Tras un arranque muy belicoso, con declaraciones incendiarias y amenazantes ante la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, donde permanece acampada una representación de los regentes de la fresa de Doñana, la última ‘batalla’ se libró en una reunión con los responsables de medio ambiente en Andalucía en la que la amenaza de la trastorada que iban a realizar en plena Semana Santa se ha desconvocado. Pero la ‘guerra’ sigue, porque la Plataforma no está dispuesta a asumir que se cierren pozos ilegales o se impida cultivar en terrenos considerados forestales en los que actualmente se han sustituido el paisaje de la arboleda por el del plástico de la fresa.

El objetivo de los agricultores de esta Plataforma es lograr una amnistía para los terrenos que cultivan ilegalmente fresa y frutos rojos, usando en algunos casos pozos y balsas ilegales de agua que se nutren del acuífero del que depende Doñana. El denominado ‘Plan de la Fresa’, aprobado el 16 de diciembre de 2014 pero que se empezó a aplicar hace algo más de un año, pone orden en unos terrenos en los que los usos forestales han sido usurpados paulatinamente por cultivos de regadíos de fresas y frutos rojos.

El cultivo de la fresa y frutos rojos afecta directamente a la supervivencia de Doñana, el espacio ambiental más emblemático de Andalucía y una de las principales reservas de biodiversidad del mundo. El uso descontrolado de agua ha llevado al acuífero a una situación de extrema gravedad, según indican los informes científicos, por lo que incluso la Unión Europea ha abierto un expediente sancionador para determinar los daños causados en ecosistemas protegidos por directivas europeas.

La nueva ofensiva de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado recrudece las acciones que le llevaron hace un año a hacer una gran manifestación ante el Parlamento andaluz reclamando una amnistía a todos los terrenos afectados por la normativa que pretendía salvaguardar Doñana “pero también proteger los cultivos de fresa legales que hay en la zona, porque cuando se acabe el agua se va a acabar también con la agricultura”, señala un alto cargo de la Administración andaluza. El daño de estas acciones al sector también llegó a los mercados europeos, donde la plataforma que agrupa a las grandes superficies, que suponen un alto porcentaje de las ventas del sector de la fresa de Huelva, amenazaron con no adquirir fresas cuya producción pudiera estar afectando a la vida de Doñana.

La nueva estrategia de la Plataforma ‘Agua ya’, sin embargo, estaba pensada para realizar acciones reivindicativas contra el Gobierno central, reclamando la puesta en marcha de un trasvase que les solucionaría en parte el problema del riego. Sin embargo tras conocer que el agua del citado trasvase no podría usarse en los terrenos ilegales, el objetivo se redirigió contra la Administración andaluza. Según fuentes cercanas a la Plataforma, el objetivo fundamental ha pasado de ser lograr agua superficial para los regadíos, a salvar los terrenos agrícolas que serían clausurados en aplicación del ‘Plan de la Fresa’ y de la Ley Forestal de 1992. Tras esa reunión un grupo de agricultores se encadenó ante la sede de la Administración andaluza en Huelva impidiendo el paso de los funcionarios y realizando una acampada que se mantiene de manera indefinida ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva.

La Plataforma se sumó oficialmente a esta concentración supuestamente particular de afectados, iniciando así una ‘declaración de guerra’ contra la Junta de Andalucía “hasta que solucione esta situación” que según la Plataforma “llevaría a la ruina a muchos agricultores”, según palabras de Cristobal Picón, presidente de la Plataforma.

Sin el más mínimo pudor, en declaraciones a los periodistas, Picón ha pedido que se derogue el Plan de la Fresa y que se haga uno nuevo a la carta para los intereses de los freseros, al igual que reclama que se modifique la Ley Forestal de 1992 que, entre otras cosas, protege el uso forestal de zonas protegidas frente a la especulación agraria.

La amnistía que piden afecta a 3.000 hectáreas de cultivos de regadío que, según cifras de la Plataforma, dejarían de tener uso agrícola y que se ubican en la que ya se conoce como la ‘zona cero’ de Doñana. Por su parte, el Gobierno andaluz se mantiene atrincherado en la negativa a cualquier amnistía sea cual fuere el nivel de presión a que le sometan. “La Ley está era que todo el mundo la cumpla”, ha manifestado a esta redacción un alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta de Andalucía que ha recalcado que “parece absurdo que haya que decir algo tan evidente como esto: que las leyes están para cumplirlas”.

Un grupo de presión que pide censura en los medios

En efecto, la Plataforma viene actuando como un verdadero un grupo de presión, que ha llegado a pedir censura en medios de comunicación. Una de las actuaciones como lobby queda de manifiesto en la petición expresa de las tres grandes organizaciones agrarias implicadas en esta ‘guerra de la fresa’: Asaja Huelva, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y Freshuelva, a pedir a editores de medios de comunicación la “retirada de artículos” que no le son favorables en prensa y que según estos “colectivos que forman directa o indirectamente parte de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva” les “demonizan”, instando a los editores a que “evite publicaciones de este tipo”, amenazando también con represalias de tipo económico.

Otra de sus acciones como lobby fue enviar mociones a los ayuntamientos para pedir la amnistía desde las Corporaciones. En el documento enviado a los ayuntamientos proclives, al que ha tenido acceso Público, se pedía que “se regularicen aquellas parcelas que por diferentes causas se han quedado fuera de la zona regable del Plan”. Muchos ayuntamientos, como el de Almonte, votaron esta petición en sus plenos para “enviar un escrito a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir donde se les haga saber -indica el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almonte- nuestro desacuerdo en que se cierren estas explotaciones que tanta actividad generan en nuestros municipios”. El Partido Popular de Huelva, que también apoya este lobby del regadío también lo reclamó públicamente a la Junta. Tras llevar la ‘guerra de la fresa’ a hacer escraches contra la presidenta andaluza y el consejero de Medio Ambiente andaluz, Susana Díaz y José Fiscal, parecía que el hacha de guerra se enterraba cuando la Junta de Andalucía aceptó la apertura de una mesa de trabajo de nivel técnico con los agricultores afectados para ver uno a uno cada caso.

Meses después se desentierra ese hacha de guerra con la acampada y, apenas dos días después de que se iniciara la concentración permanente que mantiene encadenada la sede del Gobierno andaluz en Huelva, se produjeron ataques con huevos a las viviendas del secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo, y a la de los padres de la delegada de Medio Ambiente en Huelva, Rocío Jiménez. Estos actos que han tenido una gran repercusión en la opinión pública de Huelva, que los ha rechazado, también han tenido el desmarque de la Plataforma que ha asegurado que “nadie de la plataforma de regates ha participado en estos lamentables hechos”. La Plataforma ha “rechazado” los actos pero, significativamente no los ha condenado como le pedían desde el PSOE y como sí han hecho desde organizaciones civiles y ecologistas.

El lobby pide una amnistía total

El caso es que la amnistía ya se aplicó, aunque parcialmente, en el Plan de la Corona Forestal, que daba legalidad a las explotaciones anteriores a febrero de 2004, consolidando más de 4.000 hectáreas de riegos ilegales y descatalogando más de 2.000 hectáreas de montes públicos, según WWF. Ahora los regantes ilegales quieren dar otra vuelta de tuerca al grifo del agua de Doñana y que la amnistía sea total.

Argumentan que Huelva tiene reservas suficientes de agua, pero el descenso de los niveles del acuífero ya provoca un importante efecto barrera aislando a Doñana de otros espacios naturales como el Río Tinto o Sierra Morena. Tanto es así que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por el mal estado del acuífero de Doñana y por la forma en la que está afectando a sus ecosistemas.

El 30 por ciento de los pozos ilegales, cerrados en un año

Según datos oficiales a los que ha tenido acceso Público en exclusiva, la aplicación del ‘Plan de la Fresa’ ha llevado ya al cierre de 305 pozos ilegales que servían para abastecer a la fresa y los frutos rojos de agua procedente del acuífero que nutre a Doñana; una cifra significativa si se tiene en cuenta que los datos de la organización ecologista WWF-España es que hay unos mil pozos ilegales y que el Plan de la Fresa tiene una ejecución prevista de 15 años, lo que implica que el 30 por ciento de las captaciones ilegales de agua se han cerrado en sólo un año.

En los últimos meses, 41 de esos pozos clausurados estaban ubicados en los términos municipales de Lucena del Puerto y Bonares, y abastecían a una superfie agraria de 200 hectáreas de frutos rojos. Precisamente gran parte de la presión para reabrir la guerra procede de agricultores de Lucena del Puerto, el municipio de Doñana que tiene más superficie irregular afectada por la aplicación del Plan de la Fresa y por la Ley Forestal al haber ocupado terrenos de bosque para desarrollar agricultura de regadío intensiva.

En la ‘zona cero’ de Doñana la ley es mucho más que incómoda, como sucedió cuando aprobaron el ‘Plan de la fresa’, algo que ahora la Plataforma no quiere recordar. Ahora esa norma y la Ley Forestal, que fue aprobada bajo un gran consenso social en los años 90, son el enemigo, y quien quiere hacer cumplir las leyes -la Administración andaluza- el principal adversario. La guerra está servida… con fresas amargas.