BARCELONA.- Han sido relegadas a la nada o atacadas de manera frontal. Derechos y libertades fundamentales o leyes en apoyo a los más vulnerables fueron anuladas o muy mermadas durante la legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy. Todos estos casos han sido titulares por el impacto de las medidas. Desde la anulación del presupuesto de la memoria histórica hasta el ataque a las libertades de la ley Mordaza. Pasando por recortes directos sobre violencia de género e igualdad, investigación, cultura y las energías renovables. Muchos colectivos afectados se manifestaron para reclamar estas pérdidas, pero no ha habido respuesta. Por el momento, todos sostienen que estas decisiones van más allá de la crisis porque encuentran su verdadero motivo en razones ideológicas.

“En un contexto de profunda crisis, en lugar de fortalecer el diálogo, el Gobierno impuso una reforma del Código Penal que criminaliza el ejercicio de huelga, y aprobó una ley de Seguridad Ciudadana que limita el derecho fundamental de manifestación y reunión”, comenta Empar Pablo, de CCOO. Ese es el punto de partida. A pesar de que la ONU criticase y pidiese la retirada de la conocida como ley Mordaza, el Gobierno hizo oídos sordos.

Libertad Jiménez, abogada, recuerda que esta ley nace como respuesta del Gobierno a los movimientos sociales: “Hay artículos hechos ad hoc a este tipo de movilizaciones. Para mí el más grave es el de la PAH. Por parar un desahucio puedes tener una multa de 30.000 euros”. Esta abogada apunta que uno de los peligros de esta ley es su redacción porque castiga hechos no están descritos de manera clara: “La perturbación del orden público, la falta de respeto o consideración a las autoridades está en función de la interpretación de los agentes de la autoridad. ¿Qué es una falta de respeto? ¿Una mirada? ¿Un mal gesto?”. Además, recalca que durante todo el proceso administrativo, la palabra del agente tiene más veracidad que la del acusado. Eso genera inseguridad jurídica y “vulnera el derecho a la presunción de inocencia”.

El derecho de manifestación y reunión se limita, recuerda Jiménez, y eso “impide, por ejemplo, manifestarse frente al Congreso para mostrar rechazo a una política concreta”. Pablo, de CCOO, suma que en la práctica, “esta regulación convertirá un conflicto laboral en un conflicto de orden público, como ya han podido comprobar los más de 300 sindicalistas encausados”, detalla.

La plataforma No Somos Delito añade otro punto grave de la ley Mordaza: “la criminalización de la pobreza y la migración, como algunos casos de multas a prostitutas y victimas de trata”, concreta Carlos Beneitez, de la plataforma. Recuerda que la ley ya ha tenido sus primeras sanciones “absurdas como el caso de la panadera de Sabadell que criticó un coche policial mal aparcado, el caso de un bolso con un gato o un camionero multado con 300€ por llamar ‘colega’ a un policía”. La ley lleva casi un año desde la entrada en vigor. “Ha sido utilizada para generar miedo y reprimir las voces disidentes con el Gobierno, razón real por las que fueron redactadas”, comenta Beneitez.

“Se ha producido un retroceso de un 20% en los presupuestos. Eso se ha traducido en cierres de casas de acogida, menos recursos de los ayuntamiento, con menos horas atención de las profesionales, menos capacidad de atención e incremento de las listas de atención”

La crisis ha tenido más repercusión en las mujeres. Pero además, las más vulnerables, las víctimas de la violencia de género, también padecieron los recortes sociales a pesar de ser una legislatura donde 241 mujeres fueron asesinadas por sus parejas. “Se ha producido un retroceso de un 20% en los presupuestos. Eso se ha traducido en cierres de casas de acogida, menos recursos de los ayuntamiento, con menos horas atención de las profesionales, menos capacidad de atención e incremento de las listas de atención”, desglosa Noelia Landete, portavoz de 7N Madrid.

Apunta que, además, toda la materia preventiva de la ley que estaba prevista para ser dotada de presupuesto, se ha quedado vacía. Tampoco se han iniciado otros proyectos como las campañas de prevención para adolescentes en colegios y en institutos, o en televisión. Es decir, todo aquello que siembra conciencia para evitar más muertes en el futuro.

Junto a esto las partidas han profundizado en las políticas de desigualdad. “En toda la legislatura, el recorte ha sido del 20,9%”, remarca Lidia Fernández Montes, del Observatorio de Igualdad de Género de la URJC. Denuncia las consecuencias de esta política. Entre ellas, suspensiones de la ampliación del permiso de paternidad, menos prestaciones por desempleo a las mujeres, que sufren más el paro y, además, asumen más el trabajo a tiempo parcial.

Y, por último, recuerda que el año 2015 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió que “’la cultura de machismo y la influencia social de las instituciones religiosas patriarcales, sumadas a las políticas de austeridad de los últimos años, han tenido el efecto de relegar a muchas mujeres a roles tradicionales y subalternos y de socavar su posición en la vida económica, social, política y pública’. A eso, poco más se puede añadir”, concluye.

Era el año 2007 cuando se aprobó la ley de Memoria Histórica sin los votos el PP y ERC. La ley se mantuvo a pesar de los recortes de Rodríguez Zapatero, pero a partir del año 2012 el Partido Popular cumplió con la verdadera intención que habían mostrado en ocasiones anteriores. Su presupuesto se redujo a 0 euros. Y la misma cantidad en 2013, 2014, 2015 y 2016. La Memoria Histórica ha desaparecido como asunto de Estado bajo este Gobierno, y deja sin reconocimiento de derechos a sus afectados.

Desde aquel primer recorte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunció que la falta de fondos se debía a una cuestión “ideológica”. Su presidente, Emilio Silva, recuerda que la ARMH sigue hacia delante de la misma manera que lo hicieron mientras no tuvieron ninguna subvención durante sus quince años de existencia: dependiendo de sus voluntarios y de las cuotas de sus socios. A ellos se suma ahora la donación de un sindicato noruego y el premio otorgado en EEUU. “No queremos que nos subvencionen porque esas muertes son asesinatos. En febrero se ha hecho una exhumación promovida por la justicia argentina, pero todo el coste lo hemos asumido nosotros. Nos echan a la espalda responsabilidades que corresponden al Estado”, explica Silva.

Durante este tiempo han tenido que ver cómo el Gobierno ignora a la ONU en esta materia, conocer la repatriación de españoles de la División Azul o escuchar declaraciones polémicas del PP. Entre ellas, frases como “algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo,” de Rafael Hernando; “quienes fueron condenados a muerte sería porque lo merecían”, de González Capón; o “los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién", de Pablo Casado. “De todas, creo que las de Rajoy, donde repite la cifra ‘cero’ en las partidas presupuestarias año tras año, son las más insultantes por el modo en el que las dice. Las escuchan familiares de víctimas de una desaparición forzada. Hacer sorna con eso es muy vergonzoso”, explica el presidente de la ARMH.

Silva apunta un dato más: “Se ha instalado un discurso de las víctimas del terrorismo que margina a estas otras víctimas de una forma permanente. Eso también es un modo de agresión. Nunca un presidente del gobierno de España ha hecho un acto público, dentro de España, con las víctimas de la dictadura. Y es algo que no ha cambiado en 40 años. Es una forma de maltrato”.

El colectivo de investigadores se unió en bloque ante los recortes en I+D+i. Con la llegada del Partido Popular los primeros cambios parecían una declaración de intenciones. El Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de Rodríguez Zapatero se suprimió. En su lugar se creó la Secretaría de Ciencia, subordinada al Ministerio de Economía y Competitividad.

“El problema presupuestario siempre ha sido tradicional en nuestro país, pero se ha agravado con el Gobierno del PP. Son recortes acumulados de más del 47% desde 2009 y de más de 2 millones de euros desde 2011”, explican Elena Capel y Javier Contreras, portavoces de la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios.

“El problema presupuestario siempre ha sido tradicional en nuestro país, pero se ha agravado con el Gobierno del PP. Son recortes acumulados de más del 47% desde 2009 y de más de 2 millones de euros desde 2011”

Un informe de la COSCE (Confederación de las Sociedades Científicas de España) marcaba que a pesar de las últimas mejoras en los presupuestos “las cifras globales de la inversión en I+D+i se mantienen en mínimos” y que debe cambiarse de manera esta tendencia. “Si quisiéramos llegar en al año 2026 a los recursos que tuvimos en su año de mayor dotación, 2009, su presupuesto debería aumentar cada año un 4,22%. Sólo para recuperar el nivel de financiación”, subrayan.

Capel y Contreras relatan los efectos de estos recortes: la supresión de proyectos de investigación, desaparición de grupos, pérdida de competitividad de la ciencia española y enorme pérdida de recursos humanos. “Cuando hablamos de recursos humanos no es sólo la conocida como fuga de cerebros, científicos que no regresan; sino investigadores que abandonan la carrera investigadora por falta de financiación, de oportunidades y precarización del trabajo”, explican desde el colectivo.

Y ahí es donde aparece otra parte del problema: la financiación de la carrera investigadora. Denuncian escasa oferta de plazas, la “reciente parálisis” de las acreditaciones en la ANECA, y que la planificación de la carrera no se basa en datos objetivos de lo que en realidad necesita el sistema. “Se convocan cada año un número concreto de ayudas sin tener en cuenta que estos puestos puedan mantenerse y evolucionar. Eso influye en la pérdida de capital humano”, subrayan.

La cultura, terreno de libertad de ideas y de reflexión, fue otro de los puntos que recibió el recorte del Partido Popular. Y no sólo en cuanto a presupuestos, sino que vino acompañada de una campaña de desacreditación, como las palabras del ministro Montoro donde reducía los problemas del cine español a la “calidad de sus películas” o que algunos actores no tributaban en España. A todo ello se unió la subida del IVA al 21%, que afectó de pleno al sector.

“Cuando el PP llegó al poder en 2012, la cultura se situaba en el 4,5% del PIB. Entre los objetivos de la secretaría de Estado de Cultura se encontraba elevarlo hasta el 10%; sin embargo nos hemos quedado en un 3,5%, sin expectativas de mejora”, explica Alicia Torija, de la Plataforma en Defensa de la Cultura.

“El recorte en cuatro años ha sido de 188 millones de euros. Los grandes damnificados son también archivos, bibliotecas, patrimonio y conservación"

En el Libro Blanco de la Cultura se detalla que, a pesar de la subida en los presupuestos de 2015, “el recorte en cuatro años ha sido de 188 millones de euros. Los grandes damnificados son también archivos, bibliotecas, patrimonio y conservación. La eliminación del Ministerio de Cultura supone un ahorro nulo y una disminución del peso político del sector”, comenta Torija.

En el teatro, “la crisis económica se ha llevado por delante a decenas de compañías que desarrollaban su actividad con normalidad”, comentan desde la plataforma. Según la AISGE, muchos actores y actrices viven por debajo del umbral de la pobreza. Para Torija, esta destrucción del tejido artístico ha devaluado el papel del teatro, “despreciando los salarios, la demanda laboral y obligando a formatos más baratos de producción y a la autogestión teatral”. En esta situación, algunos actores han desarrollado propuestas alternativas que mantuviesen viva la escena como la cooperativa Teatro del Barrio, o iniciativas que conciencian de su aporte a la economía, como #CulturaEsRiqueza.

En el cine “se han reducido los recursos en más de un 50%”, concreta Torija. Tampoco hay medidas para detener el cierre de salas. Según FECE (Federación de Cines de España), solo en 2012 y hasta el 30 de marzo de 2013 se habían cerrado 141 salas y perdido el 12,7% de los ingresos del sector.

España es uno de los seis países más contaminantes de la Unión Europea, y donde se han producido incrementos notables en el recibo de la luz. Sin embargo, el PP cerró la única alternativa: las renovables. Una medida que se suma a otras actuaciones que relegan el cuidado del medio ambiente, como la ley de Montes o el apoyo del Gobierno al fracking.

“Con el cambio climático cada vez más evidente, la Unión Europea obligó que el 20% de la energía de los estados fuese de origen renovable para el 2020. Todos los estados primaron esta producción a cambio de una retribución a partir de la producción que generase la planta” relata Rafael Barrera, de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). Fue ahí donde empezó este capítulo de la historia de las renovables en España. Y, para cientos de inversores, también fue el comienzo de su pesadilla.

Barrera menciona que fue un tipo de iniciativa que se adaptó muy bien al espíritu cooperativo del sector agrario, hasta sumar unas 400 personas. “En el año 2010 viene un 30% de recortes. Bajan horas de retribución, además. Dijeron que era un recorte transitorio y aguantamos. Pero con la llegada del PP el recorte fue más agresivo, que en algunos casos llega al 50% “, relata Barrera. Recuerda que todo saltó por los aires: “Las familias fotovoltaicas teníamos como garantías nuestros bienes. La gente ha tenido que refinanciarse para no perder las garantías y las instalaciones”.

Los fondos internacionales que invirtieron en renovables en España acuden a los tribunales internacionales. Aquí, el Tribunal Constitucional dio la razón al Partido Popular en los recortes aplicados a las renovables. “Las empresas que instalaron los parques cobraron ya. Los bancos siguen cobrando. Y nosotros, que maduramos la tecnología, somos los primos en este proceso. Los pleitos en España se pierden porque dicen que teníamos que tener previsto que la norma podía cambiar”, comenta el presidente de Anpier.

Los afectados han hecho una inversión de 25.000 millones de euros, donde hay implicadas más de 62.000 familias. “Hemos demostrado, por ejemplo, cómo 400 agricultores son capaces de tener un activo energético de primer orden porque ya no hay barreras de producción. Por eso levantan vallas normativas y psicológicas. Nos han hecho creer que somos responsables del déficit. Esto es así para que se mantenga el actual status quo del sistema energético y no se potencie la producción de particulares o empresas y socializada”.