La ley para regular los clubes de cannabis y su autocultivo, pendiente del voto del PSOE en el Senado

La toma en consideración de la propuesta de ley para regular las asociaciones de cannabis y su autocultivo, que se votará a primera hora de la mañana de este miércoles en el Pleno del Senado, está totalmente en el aire. El grupo socialista, mayoritario en la Cámara, no ha querido revelar el sentido de su voto, que puede resultar decisivo para la aprobación de la propuesta legislativa presentada por el grupo de Izquierda Confederal para su posterior tramitación en el Congreso de los Diputados.

La propuesta de ley, la primera sobre el cannabis que se va a debatir en el Pleno de una de las dos Cámaras españolas, permite un cultivo de marihuana por usuario de un máximo de cuatro metros cuadrados en interior y de ocho plantas en exterior, con una cantidad para consumo que no ha de superar los 10 gramos por persona y día. Además, estipula que tanto usuarios particulares como asociaciones deben inscribirse en un registro creado en cada comunidad autónoma con el fin de hacer cumplir los requisitos establecidos en la norma, y que las entidades deben velar por un consumo responsable.

El proyecto legislativo, que va a defender el senador de Geroa Bai, Koldo Martínez, es un compendio de las dos leyes que aprobaron los parlamentos de Navarra y Catalunya en 2014 y 2017, respectivamente, para regular la actividad de las asociaciones de cannabis, normas que luego fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales en relación al tratamiento de una sustancia contemplada en el Código Penal. Ambos textos, además, fueron el fruto de sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILP) con la recogida de miles de firmas que pedían su tramitación.

Y el hecho es que los socialistas apoyaron esas dos leyes. Tanto el PSN en Navarra como el PSC en Catalunya votaron a favor de la regulación de las asociaciones de usuarios de cannabis y su autocultivo, que en ambos casos contó con el rechazo del PP. Es más, el grupo socialista del Parlamento navarro respaldó en junio de 2018 la proposición para trasladar al Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa foral, un asunto que tras un largo trámite parlamentario acabó decayendo con el fin de la anterior legislatura sin que se hubiera debatido en Pleno.

Según han informado a Público fuentes del grupo socialista en el Senado, la formación del PSOE no quiere revelar el sentido de su voto por "cortesía parlamentaria" y prefiere esperar a la exposición de su posición durante la intervención de su portavoz en el debate de la propuesta de ley, que previsiblemente comenzará a las nueve de la mañana de este miércoles.

La posición del PSOE es clave en una Cámara donde tiene mayoría con 112 senadores, frente a los 100 del PP, 16 de ERC-EH Bildu, 10 de PNV y los 6 de Izquierda Confederal, entre otros. Previsiblemente, los populares no apoyarán una propuesta que ya rechazaron en los parlamentos de Navarra y Catalunya, de modo que prácticamente sólo un voto favorable socialista permitiría que el texto pasase al Congreso para continuar su tramitación como proyecto de ley para la inclusión de las correspondientes enmiendas.

El PNV, según informó un portavoz a este periódico, está interesado en la regulación de las asociaciones de cannabis y en su autocultivo, pero entiende que en la propuesta de ley presentada por Geroa Bai hay "una serie de fricciones competenciales sobre asociaciones y sanidad" con las que no está de acuerdo. Por ese motivo, el grupo Vasco seguía estudiando ayer cuál será su posición en la votación. Por su parte, ERC adelantó que votará a favor de la toma en consideración.

El tesón de un partido cannábico navarro

La proposición cuya toma en consideración se vota en el Senado tiene detrás un largo recorrido: dos leyes autonómicas reguladoras de las asociaciones de cannabis declaradas luego inconstitucionales, cerca de 350.000 firmas de ciudadanos de toda España que apoyan su enunciado y una larga tramitación en el Congreso que finalmente decayó antes de que llegara a debatirse en el Pleno al terminar la anterior legislatura.

Que esta propuesta legislativa haya llegado al Senado es, sobre todo, fruto del empeño de RCN-NOK, un partido navarro por la regulación de la marihuana que el pasado mes de julio se extinguió para convertirse en la primera formación política cannábica de ámbito estatal, Luz Verde. RCN-NOK fue el que impulsó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dio pie a la ley foral que el Parlamento de Navarra aprobó en noviembre de 2014 para regular las asociaciones de usuarios y el que ha conseguido que el grupo de Izquierda Confederal, a través del senador de Geroa Bai Koldo Martínez, haya presentado una iniciativa regulatoria similar en la Cámara Alta.

"Ningún partido ha presentado una proposición de ley sobre cannabis en 40 años en este país. Y lo hemos conseguido, que, al menos, se vote por fin. Y eso lo vemos importante", manifestó a Público Fermín Les, antes presidente de RCN y ahora portavoz de Luz Verde, la persona que defendió desde la tribuna de oradores del Parlamento navarro la primera ILP que prosperó en esa comunidad y se convirtió en ley.

A juicio de Les, esta ley viene a llenar un vacío legal sobre la realidad de las cientos de asociaciones de usuarios de cannabis que se han creado en España desde el año 1999, un vacío que origina que activistas como Albert Tió estén cumpliendo condena en la cárcel mientras aumenta la actividad de las mafias que se dedican al tráfico de marihuana. "Cuanto más tardemos en aprobar una ley, más mafia importaremos", advierte el dirigente de Luz Verde.

Al debate sobre la toma en consideración de esta proposición de ley asistirá desde la tribuna de invitados del Senado Fernanda de la Figuera, con 78 años la activista más veterana de España por la regulación del cannabis, condenada en 2019 a nueve meses de prisión por un cultivo de marihuana en Málaga con el que se abastecía una asociación de mujeres enfermas de cáncer. La conocida popularmente como Abuela marihuana ya estuvo en el Senado hace siete años, cuando compareció en la Comisión Mixta para el Estudio sobre las Drogas para hablar de la realidad de las asociaciones de usuarios, donde denunció la "inseguridad jurídica" que sufren sus integrantes por la falta de regulación.

El senador Koldo Martínez Urionabarrenetxea, de Geroa Bai y médico de profesión, va a ser el encargado de defender la propuesta de ley que ha presentado a través del Grupo de Izquierda Confederal, donde también están representados Adelante Andalucía, Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca y hasta hace unos meses Catalunya en Comú Podem). "La situación del cannabis es absolutamente paradójica, porque depende de una ley preconstitucional de 1967 cuando su aplicación tiene que hacerse de acuerdo con la Constitución de 1978", critica el proponente.

A juicio del senador navarro, esa paradoja, que se acrecienta aún más cuando hay representantes de asociaciones de usuarios que son condenados a penas de cárcel y otros absueltos, debe aclararse y solventarse a través de una norma estatal, una vez que el Tribunal Constitucional tumbó por invasión de competencias del Estado las leyes reguladoras aprobadas por los parlamentos navarro y catalán.

Koldo Martínez recalca que en la ley propuesta se regula el cultivo de cannabis para personas adultas y también en el ámbito de una asociación de usuarios. "No es una legalización del consumo de marihuana, sino la regularización del consumo privado para personas adultas. No se puede hacer publicidad, no se puede hacer markéting. Lo que pretendemos es separar el cannabis de las mafias y que haya un control del producto", precisa.

Un consumo de “una parte significativa de la población española”

La proposición de ley reguladora señala en su exposición de motivos que el consumo, cultivo y abastecimiento de cannabis se sigue rigiendo en España por la Ley 17/67 aprobada durante el régimen de Franco y anterior, por tanto, a la Constitución de 1978 que garantiza el respeto a los derechos y libertades públicas e individuales. "El consumo de cannabis no constituye ilícito penal o administrativo cuando se realiza dentro de los límites impuestos por las normas interpretadas de conformidad a los derechos y principios fundamentales establecidos por la Constitución", precisa.

Según el texto, una parte significativa de la población española consume cannabis por motivos lúdicos o terapéuticos y ha desarrollado un modelo de asociaciones de usuarios que ha permitido el autoabastecimiento colectivo alternativo al mercado clandestino y sus efectos perniciosos, clubes que "proliferan en todas las comunidades autónomas y necesitan de una regulación que les otorgue seguridad jurídica", añade.

La ley tiene como objeto establecer las normas generales para la constitución, organización y funcionamiento de los autocultivos de los usuarios de cannabis mayores de edad y de sus asociaciones, con el fin de promover la salud pública de la población mediante una política de reducción de riesgos y daños del consumo de marihuana. Para ello, considera como cultivo para el consumo propio aquél que no sea accesible ni visible al público, con un máximo de cuatro metros cuadrados en interior y de ocho plantas en exterior, y una cantidad para consumo que no ha de superar los 10 gramos por persona y día. La misma cantidad y superficie se estipula por persona para el caso de cultivos comunales de asociaciones y clubes.
De acuerdo con el proyecto, tanto usuarios particulares como asociaciones deberán inscribirse en un registro creado en cada comunidad autónoma con el fin de hacer cumplir los requisitos establecidos, registro en el cual habrá de constar que la persona inscrita es consumidora y al que únicamente se podrá acceder en caso de investigación judicial. Además, para evitar la difusión a terceras personas, tendrán que figurar las previsiones de cultivo y consumo.

La norma hace una distinción entre asociación de consumidores, club social de cannabis y club social de fumadores de cannabis, entidades todas ellas que deberán mantener una "relación fluida" con las administraciones públicas y colaborar en el establecimiento de medidas de control sanitario y de consumo responsable. Con tal fin, habrán de ofrecer a sus asociados formación en prevención de riesgos y en reducción de daños, además de trabajar por la disminución del mercado ilícito de venta de marihuana.

Las asociaciones que desarrollen un programa de autoabastecimiento privado deberán disponer, según la propuesta, de un libro de registro de previsión de consumo social, otro de resultados de autoabastecimiento en el que se certificarán las fechas, los cultivos programados, las técnicas empleadas y las cantidades recolectadas, y otro con las cantidades consumidas por cada socio.

La importancia social y económica de este sector se refleja en el informe realizado el pasado año por la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (Confac) sobre la fiscalidad de las asociaciones de consumidores. Según este estudio, en España hay en torno a 1.500 entidades en las que trabajan un total de unas 7.500 personas, con una media de entre 300 y 400 socios cada una. Esos clubes podrían generar, a juicio de esta organización, al menos 218,8 millones de euros en pago anual de impuestos directos e indirectos y tasas a las diferentes administraciones, si su actividad estuviera plenamente regulada.

En Italia, la Comisión de Justicia de la Cámara de diputados ha aprobado este mismo mes un proyecto de ley que permite el cultivo de hasta cuatro plantas de cannabis en un domicilio para destinarlas al autoconsumo, a la vez que eleva las condenas por venta ilegal de marihuana.