SANTIAGO DE COMPOSTELA.- La defensa del ladrón confeso del Códice Calixtino, José Manuel Fernández Castiñeiras, y de su mujer e hijo, ha pedido este lunes que se anule como prueba las grabaciones realizadas en el despacho del deán de la Catedral de Santiago, en las que puede verse a su defendido abriendo la caja fuerte, y denuncia que han podido ser "manipuladas", ya que la basílica compostelana tardó un año en entregarlas al juez.

En el juicio por el robo del Códice Calixtino, que ha comenzado este lunes en los juzgados compostelanos de Fontiñas, la abogada de los acusados, Carmen Ventoso, ha asegurado que este despacho, ubicado en el archivo de la Catedral, "no puede considerarse un espacio privado", por lo que la grabación no autorizada e informada viola "el derecho a la intimidad" y la ley de "protección de datos", que están sometidas a una "estricta legislación".

De hecho, según la información aportada a la defensa por la Agencia Española de Protección de Datos, las cámaras no se encontraban en el momento del robo registradas en este organismo y fue "a posteriori" cuando la administración de la basílica se puso en contacto con la agencia para regularizar la situación.

Para Ventoso, con estas cámaras "no se han cumplido las normas esenciales" y se ha caído en un "abuso". Del mismo modo, ha criticado que la Catedral tardase "un año" en entregar estas imágenes al juez, que fueron aportadas el 18 de julio de 2012, más de un año después del robo del Códice Calixtino.

La letrada ha criticado que, a pesar de ser una de las principales pruebas, "durante meses nadie manifestó al juez que había ninguna cámara", por lo que se pudo, en este periodo, "alterar" las imágenes.

Coaccionado para confesar

Carmen Ventoso ha pedido también que se anule la primera declaración de su defendido ante el juez, en la que reconoció ser el ladrón del Códice, y la aparición del propio manuscrito, dado que no se contó con la presencia de los acusados en el registro del trastero de O Milladoiro. "Para que la confesión pueda ser considerada como prueba debe ser espontánea", ha indicado Ventoso, quien ha asegurado que no fue así, sino que fue fruto de las "coacciones" del juez instructor.

El fiscal y la acusación rechazan la nulidad

Tras la declaración de Ventoso, ha sido el turno para el fiscal Antonio Roma y de la acusación particular, ejercida por el Cabildo de la Catedral, que se han opuesto a las nulidades solicitadas. 

El fiscal ha explicado que "no encuentra" los "fundamentos" esgrimidos por la defensa para pedir la nulidad del procedimiento y ha considerado que "no se pueden estimar las cuestiones previas" reclamadas por la letrada de la defensa, Carmen Ventoso.

En concreto, el fiscal ha señalado que cuestiones como la recusación del juez instructor o la nulidad de todas las actuaciones ya fueron analizadas y concluidas en su momento por la Audiencia Provincial. "Si está resuelto, está resuelto", ha indicado el Ministerio Fiscal.

Por otra parte, ha criticado que la defensa pida que se declare nula la declaración y confesión del acusado por "elementos de forma", cuando "las respuestas" de Fernández Castiñeiras "no son nulas" y existían otros "elementos incriminatorios". Del mismo modo, ha defendido que los registros son correctos y se hicieron en presencia de los abogados.

El fiscal también ha defendido las grabaciones en la Catedral. En concreto, ha asegurado que el despacho del Cabildo es una "zona restringida, no de acceso público", por lo que estas grabaciones son válidas, y en el caso de las cámaras del claustro, no identificadas, ha recordado que el acusado "en su confesión, manifiesta que sabe donde están ubicadas las cámaras". "Si ya lo sabe, no se puede decirse que exista una lesión a sus derechos", ha sentenciado.

Del mismo modo se ha expresado la acusación particular, que ha asegurado que, para la obtención de las pruebas criticadas por la defensa, se contó con el "consentimiento" por parte del entonces abogado de oficio, por lo que ha confiado en que las peticiones de nulidad no sean aceptadas.

El abogado de la acusación, José Antonio Montero, ha comenzado su intervención solicitando que "se siga el procedimiento al margen de cuestiones de carácter personal" y se ha "adherido" a las consideraciones de la Fiscalía para rechazar la nulidad del procedimiento.

En particular, la acusación ha asegurado que la imparcialidad del juez instructor "se le presume" y ha considerado que no existen indicios de que en las preguntas del interrogatorio hubiese "coacción" o "amenaza".