La Audiencia Provincial de A Coruña inicia este miércoles el juicio contra Jesús Fernández Villaverde, un cazador y miembro de Protección Civil para quien el fiscal solicita quince años de prisión por provocar un incendio que en el verano del 2013 quemó 200 hectáreas de monte y de zonas urbanas en la localidad de Ribeira, en la costa sur de A Coruña.

Además de los daños materiales y medioambientales el fuego originó una enorme alarma social dado que las llamas llegaron a varios núcleos urbanos y obligaron a evacuar a centenares de personas.

Los hechos ocurrieron el 27 de agosto del año 2013, cuando un incendio con cinco focos de origen distintos se declaró en un monte pegado a Ribeira, un municipio de 27.000 habitantes ubicado en el extremo noroeste de la ría de Arousa. En pocos minutos, el fuego se aproximó peligrosamente a las proximidades del pueblo y obligó a desalojar numerosas viviendas y un polígono industrial, y a cortar al tráfico durante más de ocho horas la autovía del Barbanza, que une Ribeira con Santiago y que quedó en medio del incendio.

Los equipos de extinción tardaron tres días en controlarlo, la Xunta lo declaró en el nivel más alto de peligrosidad de este tipo de catástrofes e incluso se planteó evacuar a los enfermos y al personal del hospital comarcal, ubicado en la localidad y en el que trabajan unas 300 personas que dan servicio a una población de más de 65.000 habitantes. El fuego llegó a situarse a menos de cuatrocientos metros del hospital. El mismo día del incendio, la policía nacional detectó a un sospechoso que huyó en moto de una de las zonas donde se había originado.

Casi un año después, en mayo del 2014, Jesús Fernández Villaverde, de 34 años, se presentó en la comisaría de la policía local para autoinculparse del suceso. Según su versión, lo provocó sin intención al arrojar una colilla encendida tras detener su coche bajo un puente y orinar junto a unos matorrales.

La Fiscalía, sin embargo, considera que lo hizo adrede, prendiendo varios focos mientras caminaba por un sendero, y a sabiendas de que su actuación provocaría un incendio de grandes dimensiones que pondría en peligro la vida quienes habitan en las cercanías. “Conoce perfectamente el monte incendiado, sus caminos y las condiciones medioambientales que provocan la propagación del fuego”, alega el fiscal.

Entre otras cosas, Jesús es cazador y voluntario de Protección Civil, frecuentaba la zona y solía colaborar en las tareas de extinción de incendios en las que participaba la agrupación local de Ribeira cuando se producían sucesos similares. Aunque la policía creyó en un principio que podía haber actuado en connivencia con otras personas e incluso le atribuyó otros incendios de características similares, finalmente él ha sido el único imputado.

Está previsto que el juicio dure dos días. En su escrito de acusación, el fiscal recuerda que las llamas “dañaron el valor recreativo y social” de las zonas afectadas, y que destrozaron un área de valor arqueológico. Además de los quince años de cárcel, le reclama el pago de los 85.203 euros que costaron los trabajos de extinción y otros 79.062 euros por las pérdidas medioambientales.

La Consellería do Medio Rural de la Xunta calcula que al menos un 80% de los incendios que sufre la comunidad son intencionados. Ayer, su Índice de Risco de Incendios (IRDI) establecía un peligro alto, muy alto o extremo para toda la provincia de Ourense y para dos tercios de la de Lugo.