La Junta de Extremadura ha decidido prohibir a dos hermanas del colegio público Alba Plata de Cáceres entrar el centro si no se ponen la mascarilla. El secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, dio a conocer esta decisión el miércoles después de que la Consejería de Educación y Empleo, tras consultar a sus servicios jurídicos, tomara el martes la medida de que las dos menores, cuya familia se niega a que usen mascarilla, recibieran las clases en un espacio del centro sin más estudiantes.

La AMPA y los profesores del centro, además del CSIF, habían reclamado a la Junta que garantizara el cumplimiento de los protocolos anticovid para todos los alumnos y habían rechazado que las dos hermanas siguieran acudiendo al colegio sin mascarilla. Este miércoles, finalmente, Amaya ha confirmado que ningún estudiante podrá acceder a ningún centro educativo si no hace uso de la mascarilla sin justificación médica previa, una medida que entrará en vigor a partir de este jueves.

Ha señalado que esta medida será extensible a todos los centros de la comunidad autónoma y a todos los alumnos a partir de seis años. Asimismo, ha indicado que previamente la Junta optó por la mediación pero "la posición de la familia es muy tajante al respecto".

El secretario general ha asegurado que esta medida se toma para "proteger la salud pública de todos los miembros de la comunidad educativa" del colegio cacereño. "Lo hacemos también porque se produce un conflicto de derechos y de bienes jurídicos de ambas niñas, su familia está decidiendo por la salud de sus hijas y por tanto también por su derecho a la educación", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que si las niñas no pueden acceder al centro, "deberán recibir un formación educativa desde sus casas que permita mantener el seguimiento" en lo relativo a la entrega de trabajos y exámenes. 

Sin embargo, el colegio no dispone de Internet, puesto que se están realizando obra en el centro, así que no pueden impartir clases de manera telemática.

Jurídicamente, ha explicado Amaya, en este caso "friccionan" dos derechos, el derecho a la educación y el derecho a la salud, y por tanto, "a la vida". La Junta ha puesto el caso en conocimiento de la Abogacía General, que "tomará las decisiones oportunas". Asimismo, el Gobierno extremeño considera que el Poder Judicial debe aportar "algo de luz" ante situaciones de este tipo.

"Si la mediación no lo consigue ante cualquier caso de estas características donde se contraponen derechos de mucho calado -la familia rechaza tajantemente el uso de las mascarillas para sus hijas en el colegio-, lo normal es que se adopte un criterio y sea sometido al de la Justicia", ha afirmado el consejero de Sanidad, José María Vergeles.