VIGO.- La magistrada del Juzgado de Instrucción número dos de Ponteareas (Pontevedra) ve indicios de la comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave por parte del agente de la Guardia Civil que el pasado 26 de agosto de 2015 efectuó el disparo que acabó con la vida al que fue batería de Los Piratas, Javier Fernández.

Lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que han indicado que así consta en el auto de transformación de la causa a procedimiento abreviado, que pone fin a la instrucción.

Dicho auto ha sido trasladado a las distintas partes para que puedan proponer nuevas pruebas y para que soliciten o bien la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento.
A raíz de ello, la Fiscalía ha presentado un escrito por el que pide el sobreseimiento de la causa. Por su parte, las dos acusaciones particulares, que representan a familiares del fallecido, secundan los indicios de delito —una ya presentó su escrito, mientras que la otra sigue dentro de plazo para hacerlo—.

La Fiscalía, según han informado fuentes del Ministerio Público a Europa Press, ha solicitado el archivo de la causa basándose en que la actuación del agente de la Guardia Civil al disparar se ampara tanto en la justificación de legítima defensa como en la eximente completa de cumplimiento del deber.

Además, considera que los hechos "no son constitutivos de un delito de homicidio imprudente", toda vez que la reforma del Código Penal ha modificado el sistema de imprudencia del texto punitivo.

Así, apunta que "los hechos hubieran sido constitutivos, a lo sumo, de la extinta falta por imprudencia leve, pero se ha suprimido esta figura y la consideración como delito de la imprudencia menos grave contemplada actualmente, no es equiparable".

La acusación pide cuatro años

El abogado Gerardo Gayoso, que representa a la viuda y al hijo menor de edad del fallecido, ha comunicado a Europa Press que en el escrito de acusación que ha presentado —que tiene un total de 14 folios— mantiene que hay indicios de criminalidad por homicidio por imprudencia grave profesional.

Por tanto, solicita la investigación —anteriormente imputación— del agente de la Guardia Civil por dicho delito y pide que sea condenado a una pena de cuatro años de prisión, y a otros seis de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

El abogado ha avanzado que la otra acusación particular, que ejerce su compañera de bufete María Jesús Sarabia, en representación de los padres del difunto, presentará su escrito a finales de la semana que viene y se pronunciará de "idéntica manera".

Versiones contradictorias

La muerte de Javier Fernández ha estado rodeada de polémica desde el primer momento, ya que la familia y la Guardia Civil mantienen versiones contradictorias sobre lo ocurrido en la vivienda.

Mientras que el Instituto Armado informó de que la intervención en la vivienda se llevó a cabo por un supuesto delito de violencia de género, la mujer del batería ha negado en todo momento que fuese víctima de malos tratos, y ante el juzgado ratificó que ese día su marido se comportó de forma violenta porque tenía una crisis derivada de la retirada de la medicación para su enfermedad psiquiátrica.

Según la Guardia Civil, el fallecido se comportó de forma muy agresiva y atacó a uno de los agentes que estaba en su domicilio. Ante la persistencia de su actitud, y siempre según la versión ofrecida por la Benemérita, el otro guardia se vio obligado a realizar un disparo intimidatorio que le alcanzó en el abdomen, causándole la muerte poco después.

Sin embargo, su viuda y sus amigos sostienen que pidieron ayuda porque Javier Fernández tenía un brote psicótico y que en todo momento se advirtió a los agentes y a los sanitarios desplazados a la vivienda que el músico era un enfermo mental. La mujer ha negado, asimismo, que la hubiera tenido retenida o que hubiera corrido peligro ella o su bebé de pocos meses.