Joan Mayoral es el coordinador de la Estrategia Barnahus para el abordaje integral de los abusos sexuales contra la Infancia y la Adolescencia en Catalunya. Lo entrevistamos para hacer un balance del proyecto, que comenzó en 2020 en Tarragona y que, solo en 2024, ya ha atendido 1.450 casos en todo el territorio catalán.

Mayoral señala que una de las cuestiones que más les preocupaba eran las "cifras ocultas", ya que el número de denuncias era "pequeño" en comparación "con lo que dicen los estudios sobre violencia sexual". Desde la apertura de Barnahus en Tarragona, las denuncias han aumentado en la zona, pero aún no pueden saber si se trata de un aumento de casos en general o si ahora se explican más. Aun así, dice, el modelo de unidad integrada en el que trabajan conjuntamente los departamentos —Drets Socials, Salut, Educació, Interior, Justícia y Igualtat i Feminismes, además de la Fiscalía y la Judicatura— facilita la llegada de casos porque "todos saben a dónde dirigirse".

Según los datos publicados por el Departament de Drets Socials, en la prueba piloto de Tarragona se atendieron un total de 803 casos hasta el 31 de diciembre de 2023. Mientras que en 2020 (106) y 2021 (197) se registraron cifras menores, el número de casos creció hasta 264 en 2022 y 236 en 2023. Las denuncias ingresaron al servicio por una decena de vías diferentes (cuerpos de seguridad, Salut, Educació, Servicios Sociales...) y la mayoría han sido judicializadas (460).

¿Cómo nació la Estrategia Barnahus en Catalunya?

La violencia sexual contra niños y adolescentes siempre nos ha preocupado porque tiene unas características especiales. Existe una mayor victimización secundaria y el estrés y ansiedad al denunciar y durante el proceso penal suele ser superior en comparación con otras víctimas. En 2010 coincidieron la Ley de Infancia, que preveía recursos especializados en esta materia, con la visita a Catalunya de Bragi Guðbrandsson, el director general de Infancia de Islandia. Lo trajo la Fundación Vicki Bernadet, y él explicó la experiencia del modelo de unidad integrada, que ellos llamaban Barnahus y que significa "casa de los niños" en islandés.

Más adelante, en 2016, el Govern consideró necesario impulsar la lucha contra el maltrato infantil y creó una comisión que integraba varios departamentos y profesionales. La propuesta consensuada resultó en una prueba piloto en Tarragona en 2020

¿Qué balance hace del proyecto desde su implantación?

Una de las cuestiones que primero detectamos y que nos preocupaba eran las cifras negras, es decir, ocultas. El número de denuncias es pequeño si lo comparamos con lo que dicen los estudios sobre violencia sexual. Por lo tanto, uno de los objetivos era incrementar los casos conocidos por todos los agentes que debían intervenir. Esto se logró en Tarragona, donde aumentaron las denuncias. La valoración inicial fue positiva. Ahora tenemos un estudio que aún no se ha publicado sobre el impacto del centro Barnahus en el procedimiento penal; tenemos los borradores que han realizado de manera independiente la Universitat Rovira i Virgili y la UOC. En principio, por lo que nos han comunicado, los resultados provisionales también son positivos.

¿Qué dicen los resultados provisionales?

Son positivos en relación con el tiempo que dura el proceso penal, con el aumento de sentencias condenatorias y con la reducción de los sobreseimientos de los casos archivados. Se estimaba que de cada 100 casos de abuso sexual solo se producían tres condenas. Esto es un fracaso desde el punto de vista de la justicia, ya que muchos supuestos agresores no pasaban por un juicio y las víctimas no recibían una respuesta adecuada a su situación.

Después de la prueba piloto en Tarragona, el Govern decidió en 2022 implementar este proyecto en toda Catalunya, para poder intervenir en más casos y ayudar a más víctimas. Actualmente tenemos Barnahus implantadas en todo el territorio, excepto la del Baix Llobregat, que se abrirá el 16 de septiembre.

¿Cómo se organizan las Barnahus?

Como mínimo debe haber una Barnahus por veguería, pero hemos previsto otras en Tortosa, Lleida, La Seu d'Urgell, Manresa, Girona, Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Granollers, Mataró, Badalona, Barcelona y El Prat de Llobregat.

El objetivo del proyecto es que haya una puerta única, es decir, que el niño solo tenga que ir a un lugar y que todos los profesionales de diferentes departamentos se encuentren bajo el mismo techo. Ya no se trata de coordinación, sino de integración. Llega un caso, se coloca a la víctima en el centro y trabajan Mossos, Justícia, Educació, Salut... Recogemos toda la información y vemos qué necesita, si es más urgente la denuncia o la terapia. Buena parte de los casos son intrafamiliares y, por ejemplo, si el agresor es el tío y se ha ido a Bilbao, ya no hay peligro y quizá es prioritario el acompañamiento terapéutico.

¿A qué atribuye el incremento de denuncias?

En general ya estábamos detectando este incremento porque hay una mayor sensibilización. Los estudios dicen que solo entre un 10 y un 15% de los casos producidos se denunciaban, pero no sabemos si ahora hay más casos o si se explican más.

De todas maneras, creemos que la presencia de este recurso, al que todos saben a dónde dirigirse, facilita la llegada de muchos casos que estaban indecisos entre servicios sociales, la escuela, etc. La unificación de la intervención de Salut, Interior o Justícia nos permite conocer la totalidad de los casos.

¿Cuál es el protocolo a seguir cuando llega un caso?

La puerta de entrada es la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y lo primero que se valora es si la víctima necesita protección. Evidentemente, si una joven de 16 años va a comisaría, los Mossos le tomarán la denuncia, pero ellos forman parte de la Barnahus y nos enviarán el caso. Una vez se recibe, se recoge toda la información necesaria para hacer una valoración inicial y se convoca una reunión.

Cada semana hay reuniones en las que participan los referentes de todos los departamentos: un policía, un pediatra, un psicólogo infantil, un referente de educación, alguien de Igualtat i Feminismes, un médico forense, etc., y se pone sobre la mesa lo que sabe cada uno para decidir hacia dónde se avanza.

¿Qué margen de actuación tienen en el caso de que el niño no quiera hablar o denunciar?

La ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la LOPIVI, establece el deber de comunicar cuando los hechos son constitutivos de delito. Lo que ocurre es que esta comunicación se puede temporalizar. Si la denuncia no es urgente porque el agresor no tiene acceso a la víctima, podemos esperar dos semanas, acogerla y trabajar para que hable. Si finalmente no se realiza por vía policial o judicial, entonces nos coordinamos con la Fiscalía, informamos de todo lo que tenemos y también de nuestra valoración sobre la procedencia de la denuncia.

Podemos decirle a la Fiscalía que pensamos que sí ha existido violencia sexual, pero que la víctima tiene 13 años, que está en una situación muy vulnerable y que no quiere declarar. Entonces el fiscal valorará si iniciar el procedimiento penal. Normalmente, no nos apresuramos a realizar la denuncia porque el 95% de los casos no son agudos. Si el hecho ha ocurrido hace dos o tres días, el protocolo es acudir al hospital de referencia y realizar una exploración forense, pero la mayoría de los casos son crónicos. La Barnahus es un espacio acogedor, que permite que el niño no tenga que desplazarse a lugares más fríos u hostiles como la comisaría.

¿Cómo se demuestra un abuso cuando es un caso crónico sin pruebas médicas?

Esta es una de las dificultades en el ámbito judicial. Son delitos que sufren niños y adolescentes, que son especialmente indefensos y que muchas veces no son conscientes o tienen un vínculo con el agresor. Es complicado porque es la declaración de uno contra la del otro, y por eso debemos trabajar con la víctima la posibilidad de absolución. El objetivo es incrementar las condenas, pero nosotros seguimos trabajando incluso si la condena es absolutoria, como, por ejemplo, si el agresor es un menor inimputable o si la víctima ha sufrido el abuso en el extranjero y no tiene recorrido penal aquí.

La prueba piloto de Tarragona también nos indica que, al trabajar todos juntos, podemos encontrar más elementos que corroboren la declaración de la víctima además de las pruebas médicas. Si tenemos información de la escuela, sabemos cómo ha cambiado el comportamiento del menor, por ejemplo.

¿Cuántos casos anuales de abuso sexual estamos tratando?

Desde el 1 de enero de 2024 hasta ahora, teniendo en cuenta que las Barnahus han abierto en diferentes meses, hemos atendido 1.450 casos en Catalunya. En cuanto al resto de datos, aún son preliminares. Estamos recogiendo edades tanto de agresores como de víctimas. Todo el mundo identifica la violencia sexual entre un adulto y un niño, pero muchas veces los abusos se cometen entre iguales. Los estudios dicen que alrededor del 30% de los agresores son menores, es decir, que es un porcentaje importante.

¿Se sabe por qué?

Las Barnahus arrojarán luz sobre todo esto. Ahora podemos hacer hipótesis o hablar del acceso a la pornografía, pero creo que más adelante tendremos datos más fiables.

Además de la apertura en El Prat de Llobregat, ¿cuál es la proyección del proyecto? ¿Temen el cambio de color en el Govern?

Había una previsión de adecuación que no se pudo cumplir porque no se aprobaron los presupuestos. No esperamos que la Barnahus de Tortosa tenga la misma presión que la de Terrassa, y por eso planteamos en qué lugares habría más casos y, por lo tanto, necesitarían refuerzos.

Tal como lo hacemos nosotros, es un proyecto pionero en el Estado. Vienen miembros del Consejo de Europa y jueces de toda España a ver nuestro proyecto. Por lo tanto, pienso que cualquier gobierno, no solo lo mantendrá, sino que lo ampliará.