La sanción del consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, una infracción grave incluida en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, experimentó un notable aumento durante el pasado año, según el Anuario Estadístico del Ministerio de Interior de 2018. En total, se impusieron 177.199 multas por esta causa, lo que supone un promedio de 485 al día y un incremento del 12% con respecto a las 157.694 registradas en 2017.

La primera consecuencia del aumento del número de multas fue, evidentemente, el incremento de la recaudación, que en 2018 ascendió a 116,7 millones de euros, 13,1 millones más que lo que el Estado había ingresado por estas sanciones de la Ley Mordaza el año anterior, lo que representa una subida porcentual del 13%.

Las infracciones graves están sancionadas en la Ley de Seguridad Ciudadana con multas que van desde los 601 hasta los 30.000 euros, cuantía que viene determinada por el grado mínimo, medio o máximo que aplique la administración sancionadora en función de la denuncia interpuesta por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El Anuario Estadístico de Interior refleja que la gran mayoría de las multas impuestas se debe a la vulneración del artículo 36.16, que sanciona el consumo o tenencia de drogas en vías o establecimientos públicos, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, enunciado que aglutina el 99,6% de las infracciones registradas en 2018. El 0,4% restante obedece al incumplimiento de los otros tres puntos del articulado de la Ley Mordaza relacionados con las drogas y referidos, fundamentalmente, al cultivo de plantas (cannabis) y a la tolerancia del consumo en locales o establecimientos públicos.

Las sanciones por consumo de drogas representan, además, el grueso de todas las multas que impone el Ministerio del Interior por el incumplimiento de alguno de los preceptos de la Ley Mordaza, que regula también aspectos relacionados con la tenencia de armas o explosivos y también de seguridad ciudadana, como manifestaciones, respeto y colaboración con las fuerzas de seguridad, documentos personales de identificación, vandalismo y ocupación de inmuebles. Tal es su preponderancia que estar en posesión de sustancias estupefacientes en un lugar público supuso el 78% de todas las sanciones incoadas el pasado año, frente al 12% que originaron asuntos vinculados directamente con la denominada seguridad ciudadana y el 10% con armas o explosivos.

La Confederación de Asociaciones Cannábicas (CONFAC), una de las principales organizaciones de usuarios del cannabis, considera que el incremento de las sanciones demuestra la “persecución” que sufren los consumidores a cuenta de la Ley Mordaza, que hace recaer sobre ellos la mayoría de las sanciones que se imponen cada año.

Eric Asensio, portavoz de Confac, ha recordado que en la ponencia que se debatió en el Congreso de los Diputados para reformar la Ley Mordaza su organización propuso establecer una tenencia mínima de droga permitida que no sea objeto de sanción, que en el caso del cannabis sería de hasta diez gramos, la cantidad que, a su juicio, porta la mayoría de las personas que son multadas en lugares públicos.

El mero afán recaudatorio del Estado con esta norma es aún más patente, según Asensio, después de haber sido suprimida la posibilidad que existía con la anterior Ley de Seguridad Ciudadana de conmutar la sanción por consumo de drogas si la persona multada hacía una terapia de rehabilitación.

Total de sanciones de la Ley Mordaza

En total, la aplicación de la llamada Ley Mordaza se saldó con la imposición de 249.665 sanciones durante el pasado año, 19.733 más que las incoadas en 2017, lo que representa un incremento sancionador del 8,5%. Y fruto de la aplicación de esa norma, el Estado ingresó 149,2 millones de euros, es decir, un 10% más de lo que había recaudado un año antes.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que aglutina el mayor porcentaje de las sanciones, el 37% de todas las que se impusieron en España en aplicación de esta ley, y, además, la que tuvo el mayor incremento con respecto al año anterior (20%), hasta superar las 91.000 multas, que supusieron una cuantía global de 54,3 millones de euros. Por detrás de ellas, las comunidades con un mayor número de sanciones son la Valenciana (26.005), Canarias (17.573), Aragón (16.983), Castilla y La Mancha (16.948) y Madrid (16.419).

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 fue uno de los asuntos que quedó pendiente de la anterior legislatura cuando ya estaba bastante avanzada una ponencia para modificar parte de su articulado por acuerdo de fuerzas de izquierdas y nacionalistas, fundamentalmente. La convocatoria de las elecciones generales en abril y su repetición el próximo 10 de noviembre, al no haberse alcanzado una mayoría para formar gobierno, han vuelto a aplazar la modificación de esta polémica norma.

Esta ley, además, sigue pendiente de la decisión que tome el Tribunal Constitucional, que todavía no ha resuelto el recurso que presentaron en junio de 2015 diputados de PSOE, IU, Compromís-Equo, Coalición Canaria, Geroa Bai y UPyD por supuesta vulneración de una docena de artículos de la Constitución española. Los derechos afectados, según los recurrentes, son fundamentalmente los de tutela judicial efectiva, manifestación, reunión y expresión.

Incautaciones de drogas

El Anuario Estadístico del Ministerio de Interior de 2018 refleja también las incautaciones de drogas realizadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, una tabla en la que destaca el aumento de la marihuana, 7,8%, y del hachís, un 30%. El número de plantas de cannabis intervenidas experimentó, sin embargo, un descenso del 13%, después de haber registrado en los cinco años anteriores un incremento de hasta el 263%. Las comunidades con un mayor número de incautaciones de estos cultivos son Andalucía, Catalunya y Valenciana, buena parte de ellos propiedad de personas y entidades de usuarios del cannabis que los destinan al autoconsumo, ya sea con fines recreativos o medicinales.

En la estadística de incautaciones de sustancias estupefacientes sobresale el incremento del 99% de LSD, debido a una operación llevada a cabo en la Comunidad Valenciana en la que se desmanteló un laboratorio en el que se intervinieron cerca de un millón de unidades, la mayor aprehensión de esta droga llevada a cabo hasta la fecha en la Unión Europea, según el Ministerio del Interior.