La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha salido este martes al paso de las acusaciones de un supuesto trato de favor al rey emérito tras conocerse la semana pasada la segunda regulación fiscal por parte de Juan Carlos I, insistiendo en que es secreto a quién se investiga y advirtiendo de que el paso dado por el padre de Felipe VI podría no impedir su procesamiento por delitos fiscales si la Fiscalía le hubiera notificado ya la apertura de diligencias de investigación en su contra. 

En este sentido y por lo que se refiere al carácter voluntario de las regularizaciones fiscales realizadas por Juan Carlos I con vistas a impedir "la persecución de los delitos fiscales", la Asociación de Inspectores ha recordado que debe procederse "al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria (incluyendo los intereses de demora y recargos que correspondiesen), antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones, denuncias o diligencias por parte de la AEAT, del Ministerio Fiscal o del juez de Instrucción". 

Por ello, y haciendo referencia a las informaciones publicadas en la prensa, según las cuales la Fiscalía ya ha notificado al rey emérito las diligencias de investigación abiertas en su contra, los inspectores de Hacienda han subrayado que "las regularizaciones efectuadas no impedirían la persecución de los delitos fiscales cometidos". 

Y abundando en esta idea, desde la Asociación de IHE han resaltado que en el comunicado publicado por el abogado de Juan Carlos I, este explicó que "no ha existido ningún requerimiento previo, pero no dice nada respecto de si tiene conocimiento formal de las diligencias practicadas por la Fiscalía". 

Deber de secreto

En un largo comunicado, han recordado que la ley impone a la AEAT "el deber de secreto", salvo en los casos de "colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación o persecución de delitos que no sean perseguibles únicamente a instancia de persona agraviada". 

Así pues, han recalcado, la Agencia Tributaria "no puede hacer público si está o no investigando a una persona determinada, o si tiene intención de hacerlo", refutando así la sugerencia de que en el caso del rey emérito "el que calla otorga". 

Aunque IHE asegura no disponer de "información completa y detallada" del caso, incide en que independientemente de si se habían iniciado actuaciones antes de la regularización, los funcionarios deben "guardar el más estricto sigilo" al respecto. 

Asimismo, recuerdan que "en multitud de casos de famosos con problemas con Hacienda, nada trasciende a la opinión pública, hasta que estos casos son dirimidos ante los tribunales de Justicia", mientras que en el periodo intermedio solo tienen conocimiento de los mismos AEAT y el afectado. 

En este punto, los inspectores de Hacienda han lamentado "las manifestaciones que dan por supuesto la inacción de la Agencia Tributaria dañan su imagen y afectan muy negativamente a la conciencia fiscal de todos los ciudadanos". 

Primacía del orden penal 

Por último, han puesto el acento en la "regla de primacía del orden penal sobre el resto de jurisdicciones" lo que significa que "la Administración no puede actuar sobre un asunto sobre el que ya están actuando los jueces o fiscales". 

En el caso de Don Juan Carlos, "parecen haber existido actuaciones judiciales o diligencias de la Fiscalía del Tribunal Supremo, iniciadas sobre información recibida de otros países" lo que supone, pues, que "se trata de información desconocida entonces por la AEAT, cuyo auxilio fue solicitado, y, en relación a esa prejudicialidad penal, no podría iniciar actuaciones de comprobación". 

Según han explicado, este "auxilio judicial" por parte de la Agencia Tributaria no está regulado mediante ninguna norma o disposición interna que pueda fijar "un procedimiento de actuación" y el resultado se limitará a "una mera prueba documental/testifical en el marco del procedimiento judicial". 

"Esta falta de definición, va en claro detrimento de la eficacia en la lucha contra el fraude, y supone una subordinación de facto de los órganos de la AEAT a jueces y fiscales, en lo que no deja de ser la instrucción de un expediente tributario", han lamentado los inspectores. 

Frente a estas circunstancias, han formulado una serie de propuestas como el que se reconozca a la AEAT "competencia para investigar los delitos contra la Hacienda Pública" o la "creación de equipos mixtos con la Fiscalía para la investigación de delitos económicos graves". 

También han apostado por "transformar la mal llamada excusa absolutoria" a la que en este caso supuestamente ha recurrido a Juan Carlos I, por "un atenuante cualificado que reduzca la pena" en lugar de borrar el delito que se habría cometido. 

Respecto a este último punto, han defendido la "supresión o limitación de los efectos de la atenuante de reparación del delito" puesto que "en la casi totalidad de los casos, esta atenuante supone eximir al defraudador pillado 'in fraganti' de ir a la cárcel, a cambio de devolver el dinero que Hacienda ha demostrado que ha defraudado". Con ello, se evitaría "el mensaje al delincuente de que pagando se elude la prisión", han resaltado.

Hacienda defiende su actuación con el rey emérito 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes que la Agencia Tributaria actúa "exclusivamente" respondiendo a criterios técnicos después de que Podemos haya cuestionado que no se abriese una investigación sobre el rey Juan Carlos, y ha recordado que una regularización fiscal no exime de "otro tipo de actuaciones". 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la también ministra portavoz ha respondido así a los periodistas que le han preguntado por las críticas de su socio de Gobierno, que ayer se preguntó "dónde está Hacienda" y denunció su "pasividad" con respecto a la situación fiscal del rey emérito. 

"Es falso que el Ministerio de Hacienda o la Agencia Tributaria hubiera tenido conocimiento de ningún tipo de actuación que no haya dado lugar a las actuaciones habituales", ha asegurado Montero, que ha subrayado que "todos los contribuyentes son iguales" ante la ley. 

La ministra ha defendido la "absoluta" profesionalidad de ese organismo, que tiene -ha dicho- "especial celo en la persecución" de los infractores y que vela porque "todos los contribuyentes respondan a sus obligaciones". 

También se ha referido Montero a la censura de esas infracciones que manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado viernes y ha reconocido el "rechazo social" que provoca en el conjunto de la sociedad la regularización con la que el rey emérito ha pagado más de 4 millones de euros en impuestos pendientes. No obstante, Montero ha puesto en valor que Felipe VI "cortó de forma abrupta" con los bienes económicos de su padre al renunciar a las posibles herencias. 

La ministra de Hacienda ha recordado que, en aquellos casos en los que hay abiertas investigaciones por parte de la Fiscalía, Hacienda actúa ofreciendo "auxilio judicial" y ha remarcado que dedica más de mil profesionales en exclusiva a ofrecer ese auxilio judicial y ha reseñado que entre sus funciones está la de guardar la confidencialidad."Siempre y en todos los casos se actúa de la misma manera", ha defendido la portavoz del Gobierno.

Además de las críticas de Podemos, el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha ha advirtió este viernes de que el rey Juan Carlos I podría librarse de sus posibles responsabilidades penales y tributarias debido a la "lentitud" de la Agencia Tributaria (AEAT) y la Fiscalía del Tribunal Supremo. 

El rey presentó una declaración "sin requerimiento previo" por valor de 4.395.901,96 euros para saldar la deuda tributaria que tenía con Hacienda por el dinero del que se benefició de la fundación Zagatka para el pago de vuelos privados. 

Es la segunda declaración complementaria que presenta don Juan Carlos sin requerimiento previo de Hacienda, tras la que hizo en diciembre por 678.393 euros. La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas tres investigaciones sobre el rey emérito.

Según ha publicado la Cadena SER, los letrados del Congreso han rechazado que comparezca el director de la Agencia Tributaria por la regularización realizada por el rey emérito. Juan Carlos I ha hecho dos regularizaciones con Hacienda, una primera por valor de casi 700.000 euros y una segunda por 4,4 millones de euros. Solicitaban la comparecencia de Jesús Gascón varios grupos de izquierda e independentistas, pero dicen los letrados que la petición no tiene amparo legal. 

Los servicios jurídicos de la Cámara se amparan en el artículo 95 de la ley general tributaria que impide a la administración aportar datos fiscales de una persona en particular al ser datos que se consideran reservados. Es el argumento con el que rechazan los letrados del Congreso esta comparecencia. PSOE, PP y Vox han seguido el criterio de los letrados y han impedido en la mesa de la Cámara que se califique esa petición y Podemos ha votado a favor. 

Independentistas y soberanistas siguen intentando en el Parlamento que se fiscalice a la Corona y este martes han vuelto a registrar una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por la Casa Real y las influencias comerciales de sus miembros con Arabia Saudí. 

La portavoz de Podemos, Isa Serra, reclamó el lunes a Hacienda que abra una investigación por presunto delito fiscal contra el rey emérito su nueva regularización fiscal. Cree que "no es aceptable" la pasividad de la Agencia Tributaria sobre las finanzas de Juan Carlos I y el "reconocimiento de un delito" que, a su juicio, supone la nueva declaración voluntaria del emérito.