Tras convertirse en miembro de la Unión Europea en 2004, la deriva política de Polonia en los últimos años ha acabado poniendo en duda la idoneidad del país para cumplir sus tratados fundacionales. No en vano, en el debate social asoma la amenaza de un Polexit, ante la preocupación de un país gobernado por el autoritarismo del partido Ley y Justicia (PiS).

En los últimos meses, varias regiones de Polonia han tomado la determinación de proclamarse "zonas libres de ideología LGTB", lo que ha encendido todas las alarmas de las organizaciones garantes de los derechos del colectivo. Mientras el Gobierno central niega la existencia de estas zonas, más de un tercio del país se ha sumado al nuevo estatus de hostilidad hacia cualquier persona que no siga el modelo tradicional de familia. El llamado Atlas of Hate dibuja un mapa desolador ocupado por estas comunidades, en su mayoría de procedencia rural. A pesar de su carácter meramente declaratorio y sin efectos concretos sobre la legislación polaca, algunos jueces han coincidido en condenar estos textos por su potencial influencia en la política local.

En declaraciones a Público, la comisionaria europea para la Igualdad, Helena Dalli, afirma que "los derechos fundamentales de los ciudadanos contemplados en los tratados de la UE no son opcionales. Se espera que la UE actúe de forma correcta cuando estos se ven amenazados". La posición de la Comisión Europea ha caído como un jarro de agua fría en el conservadurismo polaco, que no duda en tildar de imparcial y autoritaria su actitud.

Las regiones declaradas "zonas libres de ideología LGTB" fueron sancionadas a través de la retirada de fondos educativos. A Dalli no le tiembla la voz al asegurar que "este es un claro aviso para Polonia, necesitamos ver un cambio sistémico en las actitudes públicas hacia el colectivo". Algunos ciudadanos polacos temen que las medidas adoptadas en los próximos meses puedan provocar una salida voluntaria de Polonia de la Unión Europa, o incluso la expulsión sancionadora por parte de la Comisión Europea. "Estamos examinando minuciosamente las acciones tomadas por las regiones de Polonia, a la luz de la legislación europea. Si existe una clara violación, la Comisión hará uso de todo su poder", agrega la comisionaria.

El próximo mes Dalli presentará una estrategia integral para la defensa de los derechos LGTB en Europa. "Espero que este plan potencie el respeto a la comunidad LGTB y nos conduzca a los cambios que necesitamos para que ninguna persona tenga miedo de ser quien quiera ser".

El discurso de odio presente estos meses en Polonia ha dejado un 2020 lleno de preocupación para organizaciones como KHP, la mayor ONG del país encargada de velar por los derechos LGTB. "Hemos notado un gran aumento del número de personas que nos escribe porque se encuentra en situaciones de peligro por su orientación sexual", comenta Justyna Nakielska, coordinadora de programas de KHP. "Se han dado casos de agresiones, acoso o amenazas de muerte. Hemos sufrido decenas de detenciones preventivas que consideramos que tienen carácter de represión política e incluso manifestaciones en Varsovia en las que arden banderas LGTB o se cantan lemas como maricones a la cámara de gas".

Sławomir Kirdzik, portavoz del colectivo Lambda en Polonia, afirma que las denuncias de agresiones a través de su línea telefónica de ayuda han aumentado proporcionalmente después de la campaña electoral. "Las causas más numerosas son el acoso en los colegios, el miedo provocado en el entorno familiar, los ataques en la calle y la discriminación de algunos facultativos con las personas transexuales".

La presión internacional que sufre Polonia a raíz de estos sucesos no solo proviene de la Comisión Europea. Twitter se ha convertido en el espacio de reprimenda de dirigentes de gran influencia, como el político norteamericano Joe Biden, que expresa claramente su postura en contra de las llamadas zonas libres de LGTB. "No tienen cabida en la Unión Europea ni en ninguna otra parte del mundo". Cincuenta embajadores y representantes de otros países del mundo firmaron en septiembre una carta dirigida a las autoridades polacas exigiendo el respeto de los derechos del colectivo y rematando el texto con una alusión clara y directa: "Esto es algo que todo el mundo debería apoyar". Incluso las buenas relaciones diplomáticas entre EEUU y Polonia fueron puestas en entredicho por la embajadora estadounidense en el país, Georgette Mosbacher, que hizo alusión al riesgo que corre la estrecha cooperación militar entre ambos países.

Polonia es uno de los enclaves más religiosos de Europa, con un sentimiento católico profundamente arraigado y en el que la Iglesia desempeñó un papel fundamental en su resistencia a la invasión comunista. Hoy en día, son muchas las prácticas políticas incoherentes que tratan de descalificar al colectivo LGTB y que cuentan con el apoyo de la institución eclesiástica. En mayo de 2019, el estreno del documental No se lo digas a nadie provocó una vorágine mediática que obligó al episcopado polaco a admitir la presencia de casos de pederastia en el clero. A pesar de las tardías declaraciones de los arzobispos pidiendo perdón, este escándalo sirvió de punto de partida para iniciar una cruzada sin sentido en contra del colectivo y bajo el liderazgo del PiS.

Apoyados por diversas organizaciones provida, la campaña de acoso y derribo pretendía asociar directamente la pedofilia con la homosexualidad. Para ello, cientos de furgones del proyecto Stop Pedofilia recorrieron el país con lemas como "los niños son víctimas de abusos sexuales por parte de los homosexuales". Según María del Olmo, psicóloga clínica especializada en género y diversidad sexual, "siempre se ha discriminado al colectivo homosexual a través del argumento de la pedofilia. Hasta hace pocos años, ambos conceptos estaban incluidos en la misma categoría de trastornos psicológicos del DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales". Recogidas de firmas, manifestaciones, homilías en las que los obispos alertan de las enfermedades transmitidas por los homosexuales y una televisión pública al servicio del juego político homófobo. Algunos miembros de la Iglesia, como el arzobispo de Cracovia, Marek Jedraszewski, han tenido la imprudencia de llegar a hablar de una "peste arcoiris".

La primera ola de ataques en Polonia comenzó a mostrar sus resultados a mediados de 2019. Jakub Urbanik, activista y profesor de derecho en la Universidad de Varsovia, asegura que "la ultraderecha descubrió que este tipo de argumentos eran muy efectivos en la sociedad". Desde entonces, Polonia asiste a un repunte de agresiones discriminatorias que refrendan el discurso político repetido hasta la saciedad en televisión. El actual presidente de la República de Polonia, Andrzej Duda, afirmó durante su campaña electoral de reelección que "la ideología LGTB" es una forma de "neobolchevismo introducido en las escuelas para adoctrinar a los niños y para dirigir su mirada a través de la sexualización". Su jefe de campaña y político más influyente del país, Przemyslaw Czarnek, rogó en un programa de televisión en horario prime time que le permitieran "defender a la familia de este tipo de depravación y comportamiento inmoral". "Dejemos de escuchar esas idioteces sobre los derechos humanos y la igualdad. Esta gente no es igual que la gente normal".

El partido ultraconservador ha jugado sus fichas durante la campaña electoral con una orquestada planificación, desde el punto de vista de la comunicación política. Ningún aspecto ha sido dejado al azar, ni el énfasis discursivo con el que se irrumpe en espacios públicos como las calles, ni el uso premeditado de una terminología confusa. Desde inicios de 2019, las campañas de difamación hablan de una supuesta "ideología LGTB", un argumento que refiere a ideas intangibles pero que forma parte de la retórica homófoba para encubrir el ataque a personas concretas.

Desde entonces, activistas de todo el país han intentado denunciar este tipo de declaraciones ante los tribunales, a pesar de que el sistema jurídico polaco no contempla el delito de odio y discriminación en su legislación. Contra todo pronóstico, la decisión de algunos jueces ha acabado dando la razón a figuras como Bart Staszewski, un joven activista de 30 años procedente de la región de Lublin, una de las zonas libres de LGTB. Bart ha denunciado a varias figuras políticas por su tono ofensivo, así como a la Gazeta Polska por difundir pegatinas anti LGTB en uno de sus números. Como consecuencia de su intenso activismo, se ha convertido en el objetivo de algunos políticos, que no dudan de acusarlo en televisión de agitador y de difundir noticias falsas. "Recibo amenazas constantemente a través de redes sociales, pero entiendo que es el precio de ser activista", asegura Staszewski mientras ve sus imágenes en el telediario de mediodía.

Uno de los pocos resortes constitucionales en Polonia que amparan los derechos humanos del colectivo LGTB es la figura del defensor del pueblo. Adam Boldnar es comisionado de la República de Polonia para los Derechos Humanos, una autoridad constitucional destinada a la protección de los derechos básicos de los polacos. Ha logrado revocar cuatro declaraciones de zonas libres de ideología LGTB ante sus respectivos tribunales regionales administrativos.

Lucha diariamente contra unos medios de comunicación imparciales que copan el único espacio de debate efectivo: "Los medios, si no pertenecen al Estado, están financiados por él". Según su criterio, a pesar del inherente conservadurismo de la sociedad polaca, la piedra fundamental del reciente sentimiento hostil hacia el colectivo se encuentra sin duda en el discurso político, "utilizado en los últimos años para la polarización de la sociedad". Se asombra al ver que cada ronda de elecciones el objeto de instrumentalización varía en función de la estrategia política. "En 2015 los partidos alimentaban el miedo a los migrantes y ahora han decidido que el objetivo sea el colectivo LGTB".

En el pasado, algunas facciones políticas ajenas a la marea homófoba trataron de mostrar su discordancia con el Gobierno central, como es el caso del alcalde de Varsovia. En febrero de 2019, Rafał Trzaskowski firmó una declaración de compromiso para el apoyo y protección del colectivo LGTB, donde se incluían medidas como la creación de programas de educación sexual que garantizaran un entorno seguro alejado del acoso por motivos de orientación sexual o identidad de género. Stop Pedofilia presionó al Sejm (el Parlamento polaco) para invalidar la declaración del alcalde, asegurando que "la promoción de la educación sexual está promovida por el lobby LGTB", personas que "están condenadas con la pedofilia en Europa Occidental".

Las perspectivas de futuro muestran pocas esperanzas entre asociaciones como KHP. La renovación del mandato del PiS aleja cinco años más las posibilidades de cualquier avance. "Mientras siga gobernando la ultraderecha tenemos muy claro que no vamos a poder avanzar en los temas principales, que son el reconocimiento de la unión de hecho, el matrimonio civil y la tipificación de los crímenes de odio".

La asociación internacional ILGA recoge en su barómetro anual Rainbow Europe un retrato detallado del avance de las políticas europeas en materia de derechos del colectivo en cuestión. Estudia aspectos que van desde el sistema jurídico, la salud o el acceso al trabajo, hasta el marco legal para el cambio de sexo o las peticiones de asilo motivadas por la orientación sexual. Las conclusiones publicadas para este año afirman que en el 50% de países de la UE no ha habido un cambio positivo. Alerta de una notable regresión en los últimos dos años, sobre todo en determinados países como Polonia. Sin embargo, el colectivo LGTB polaco está dispuesto a acudir a los tribunales ante cada publicación ofensiva en redes y a salir a las calles después de cada comparecencia pública discriminatoria. El activismo de los polacos ha demostrado en los últimos años su ímpetu en la defensa de los derechos básicos del colectivo, un espíritu luchador que promete no abandonar hasta conseguir una nueva Polonia.