Incendios en asentamientos de migrantes de Huelva Temporeros de usar y tirar en Huelva

Parecen construcciones simples y rudimentarias y, efectivamente, lo son. Aunque eso no significa que sean fáciles de construir. Una estructura cuasi cúbica con un esqueleto de palés de madera, una capa de cartón para aislar mínimamente del frío en invierno y del calor en verano, otra capa de plástico forra el cubículo y lo protege de la lluvia y el viento y unas gomas de ruedas de bicicleta o mangueras de riego aprisionan la choza. Todo es material reutilizado, sobrante de las fincas donde trabajan los que las levantan.

Puede llevar varios días dejarla lista para ser habitada, pero el fuego tarda unos pocos minutos en arrasarla, con todo lo que haya dentro: documentos, pasaportes, informes médicos acumulados durante tres años con los que quizás, con suerte, puedan regularizar su situación. Cartas de empadronamiento, solicitudes de asilo, dinero, comida, un colchón sucio, una bombona de butano, la tranquilidad de tener un lugar donde dormir. Todo se va de un plumazo y vuelta a empezar de cero.

Así son las casas de los cientos de trabajadores migrantes que sacan adelante cada año la campaña del fruto rojo de Huelva, haya pandemia o no. Viven ahí, en los márgenes de las carreteras, en descampados próximos a núcleos urbanos y fincas de trabajo. Algunos viven en ellas solo lo que dura la campaña; otros, todo el año, porque desde que se añadió el arándano y otras frutas del bosque al cultivo de la fresa, muchos migrantes pueden encadenar trabajo hasta que vuelva a empezar la temporada. Además de la recogida del fruto está también la poda, el sembrado, la limpieza, el mantenimiento. Pocos españoles, además de los dueños de las fincas, se ven bajo los invernaderos. El trabajo es duro y mal pagado, unos 40 euros al día, un empleo solo apto para necesitados, para la gente que resiste sin quejarse una vida entre chabolas hechas con la basura de su trabajo.

En apenas unos días, el fuego ha arrasado dos asentamientos de temporeros. Uno el lunes en la localidad de Lepe, donde se cuentan hasta 13 campamentos de trabajadores. Otro en domingo en Lucena del Puerto, donde la semana pasada los buldóceres del Ayuntamiento ya arremetían contra estas cabañas levantadas en terrenos municipales. Solo la protesta y la movilización logró frenar los derribos iniciados por el alcalde. Hay quien piensa que el fuego de hace unos días es demasiada casualidad, aunque es tan fácil que un asentamiento arda que nadie puede afirmar nada con seguridad.

Abandonados por las instituciones

En total, según diversas ONG de la zona, hay 120 personas afectadas y tres heridos. Ninguna institución local, regional o estatal se ha preocupado por ellos, denuncian estas organizaciones que ahora trabajan como pueden para que los afectados tengan un lugar donde dormir.

En Huelva, la nueva normalidad es bastante parecida a la que se repite cada año desde hace dos décadas. Nadie, ni instituciones ni empresarios, ha puesto solución a este problema, al menos una solución digna y respetuosa con estos trabajadores esenciales que componen la base de una industria que mueve cientos de millones de euros al año. No importa que el relator de Naciones Unidas para la Pobreza Extrema haya criticado estos asentamientos y sus pésimas condiciones, no importa que ardan una y otra vez, casi siempre cuando la cosecha ha terminado.

Denuncian la "nula sensibilidad de todas las Administraciones, impropia de un Estado de derecho"

"No es un hecho aislado. Sucede cada año. Miles de personas malviven sin agua en Huelva y el Gobierno perpetúa desde hace 20 años esta situación. Es abandono y racismo institucional", sostiene la campaña por la regularización migrantes. Desde la coordinadora Solución Asentamientos denuncian la "nula sensibilidad de todas las Administraciones, impropia de un Estado de derecho, ante el drama humanitario que supone dejar a trabajadores en la calle sin solución alguna ni medida de emergencia".

El fuego ya se cobró la vida de un trabajador marroquí hace pocos meses, recuerdan. El fuego barrió en octubre de 2019 el asentamiento más grande Lepe, detrás de cementerio, que llegaba a albergar a casi mil personas durante la campaña de la fresa. Fueron tres incendios de madrugada que limpiaron el terreno que ahora ocupa la ampliación del centro comercial de la localidad. En aquella ocasión, el Ayuntamiento habilitó el campo de fútbol municipal para alojar temporalmente a los migrantes, pero en esta ocasión, apuntan las fuentes consultadas, no ha tomado ninguna medida. Tan solo saben que al lugar han ido máquinas excavadoras "para crear bultos en el terreno y evitar que puedan volver a construir las chabolas, la Guardia Civil y se ha derribado una chabola construida sobre las cenizas de la primera noche", afirma la ONG ASNUCI, que ha cobijado en su local a varios de los afectados.

La situación no es mejor en Lucena de Puerto, donde tan solo prestan asistencia algunas asociaciones que han montado una carpa y llevan comida y agua a los migrantes. Según Antonio Abad, miembro de una de estas organizaciones, el Ayuntamiento ya había iniciado hacía más de una semana unos "trabajos de limpieza" que habían dado al traste con varias chabolas, algunas de ellas habitadas, aunque el regidor insiste en que solo eliminaba las vacías.

"El alcalde no se atrevería a derribar chabolas al principio de la campaña, cuando se necesitan mano obra"

No era la primera vez y todos los temporeros estaban "inquietos, muy nerviosos", porque en 2014 el mismo alcalde derribó 800 cabañas en pocos días. En esta ocasión lograron frenar los derribos, pero el fuego ha terminado un trabajo "que no se atrevería a hacer al principio de la campaña, cuando los empresarios necesitan mano obra", denuncia Abad.

El alcalde, un independiente que gobierna con apoyo del PP, es conocido por su rechazo a empadronar a migrantes en las chabolas a pesar de que la ley lo permite. Según declaraciones suyas a la Cadena Ser, en los asentamientos solo viven "personas que no quieren pagar un alquiler" y que generan un enorme gasto a las arcas del municipio.

Es cierto que muchos migrantes de los asentamientos tienen papeles, pero la falta de vivienda y el rechazo de los propietarios a alquilárselas a los temporeros deja muy pocas opciones, tan pocas que han protagonizado varias manifestaciones pidiendo una vivienda digna.

Ni siquiera las iniciativas de Lepe de rebajas fiscales para los caseros que alquilen vivienda a los trabajadores migrantes ha logrado revertir la tendencia, a pesar de que el 94% de los habitantes de los asentamientos asegura que quiere abandonarlos, según un estudio de 2017 de la Fundación Fecons.

Desde la Coordinadora Solución Asentamientos exigen a las Instituciones una "solución humanitaria que incluya una propuesta habitacional de emergencia para los trabajadores afectados por el incendio" y también conocer con exactitud dónde se han invertido los 1,1 millones de euros inyectados a los ayuntamientos de Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto para mejorar las condiciones de vida en los asentamientos ante la pandemia.

Mientras Lepe se recupera de su brote de coronavirus, cientos de trabajadores migrantes dormirán en la calle, como en Lleida, hasta que vuelvan a levantar las casetas en las que esperarán el trabajo que sin duda tendrán durante la próxima campaña de la fresa, antes de que un incendio vuelva a arrasar sus precarias casas.