Algunas casas de apuestas captan jugadores en España, pero operan desde paraísos fiscales y jurisdicciones extranjeras donde las multas españolas son difíciles de ejecutar. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a 32 operadores y ha bloqueado a seis portales por infracciones muy graves con multas que superan los 30 millones de euros, aunque gran parte de ese dinero puede que nunca llegue a las arcas del Estado.

Entre las seis empresas consideradas infractoras muy graves por funcionar sin licencia en España se encuentran XYZ Entertainment, Moonrail Limited y Lone Rock Holdings. Las tres comparten domicilio fiscal: Curazao, una isla ubicada al sur del Caribe con estatus de país autónomo de los Países Bajos, conocida por su flexibilidad para ofrecer licencias de juego. 

A cada una se le impuso una multa de cinco millones de euros, sumando un total de 30 millones de euros, al añadir las tres restantes: EOD Code SRL, Samaki y Novaforge, establecidas en Reino Unido.

Investigate Europe reveló que entre 2021 y 2024, el regulador español sancionó a 75 empresas con sede en el extranjero - muchas de ellas afincadas en Curazao- por crear 156 portales de juego ilegal, al no contar con la licencia necesaria en el mercado español. Las multas superaron los 350 millones de euros. Sin embargo, ninguna de las sanciones fue pagada.

La Dirección General de Ordenación al Juego, cuando abre un expediente sancionador contra una empresa de este tipo, ni siquiera logra practicar las notificaciones postales y las compañías no llegan a recurrir o alegar nada en su favor, simplemente hacen caso omiso a la sanción. 

Así, Curazao se ha convertido en un refugio habitual para empresas del sector gracias a su flexibilidad regulatoria. Aunque ha iniciado un proceso de reforma con la Ley Nacional de Juegos de Azar (LOK), que introduce más controles sobre transparencia, fiscalidad y prevención del lavado de dinero, su régimen sigue siendo más laxo que el de otros países como España.

En el caso español, los operadores necesitan una licencia expedida por el Estado, cumplir ciertos requisitos técnicos de control y esperar a la convocatoria correspondiente -la última fue en 2017-.

Operadores en Malta

Las empresas afincadas en Curazao no serían las únicas que podrían tratar de esquivar las multas. Eurasia Solutions, Leovegas Gaming, LP ES, Beatya Online, 8PE España y Premiere Megaplex, que tienen su sede en Malta, podrían tener el amparo de la ley maltesa. 

Si bien, el equipo de LeoVegas ha asegurado a Público que es un operador autorizado y registrado en España ante la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). "Nos tomamos muy en serio el cumplimiento normativo. El Grupo LeoVegas aceptó las sanciones y, desde entonces, hemos tomado las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas", añaden.

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En Malta los operadores están protegidos bajo la conocida como Ley 55, que permite a los tribunales malteses rechazar la ejecución de sentencias extranjeras que impliquen indemnizaciones económicas. Esto significa que, aunque los tribunales de otros Estados de la UE ordenen compensaciones a jugadores perjudicados, las empresas maltesas pueden ignorarlas legalmente, apunta una publicación de Investigate Europe.

Dada la importancia, la presión sobre la Comisión Europea para impugnar la normativa maltesa, en vigor desde 2023, es cada vez mayor. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Austria ha instado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a dictaminar si la Ley 55 infringe la legislación comunitaria.

En este caso están sancionadas con infracciones graves, lo que indica que operan con licencia pero han incurrido en algún tipo de infracción tipificada en el artículo 40 de la Ley 13/2011 de regulación del juego. Por ejemplo, en el caso de Leovegas Gaming -con una multa de 60.000 euros- la resolución sancionadora indica que se permitía jugar más de 100 partidas en modo automático al menos en una de las máquinas de azar, lo que no está permitido según lo previsto en el artículo 14 de la Orden HAP/1370/2014, de 25 de julio.

Otra de las empresas señaladas es Beatya Online, que ha sido multada con 300.000 euros por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación.

El Ministerio señala a Público que han tomado medidas inmediatas para hacer frente a este tipo de impunidad con el bloqueo automático de estas páginas para impedir su acceso. También indica que, una vez declaradas ilegales, su publicidad queda prohibida y pasa a ser perseguida por las autoridades.

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Laura Anido

"La propia estructura del juego ilegal complica la recaudación de las multas impuestas. Es transfronterizo, online, sin personas físicas conocidas o entramados empresariales a los que poder reclamar esos bienes por lo que es complicado poder exigir el pago de las sanciones", apuntan. Además, apuntan que las empresas que ofrecen este tipo de actividades tienen su domicilio social en jurisdicciones terceras no colaborativas. Aunque destacan que la labor de la DGOJ es efectiva al acabar con la continuidad de la página.

En total el Ministerio de Consumo ha anunciado 26 sanciones graves, que suman un total de más de tres millones de euros. Durante 2025, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto un total de 58 sanciones y cerca de 111 millones de euros en multas a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar en línea.