La Iglesia española rechaza la idea de indemnizar a las víctimas de pederastia en un marco estatal e independiente. Va a seguir gestionando el caso a través de procesos internos, un modelo muy criticado por los denunciantes de abusos sexuales, informa El País. No obstante, los obispos han afirmado que van a realizar los pagos.

"Quien quiera una reparación económica, la tendrá", ha declarado en una rueda de prensa este viernes el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán. También ha comentado que los obispos han informado de los detalles del PRIVA (Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos) sobre los formularios que se utilizarán para iniciar los procesos de reparación.

Los obispos se han reunido para zanjar este tema, mientras el Defensor del Pueblo defendía en el Congreso de los Diputados su informe sobre el asunto en relación a las agresiones sexuales a menores en el ámbito religioso. Lo hizo este jueves, un año después de su publicación. Su objetivo es apremiar a los diputados que en 2022 le encomendaron el trabajo de acoger las 24 recomendaciones que incluye el informe, dando mayor relevancia a aquellas que inciden en la compensación económica de las víctimas.

El Defensor del Pueblo propone un modelo mixto de gestión

Ángel Gabilondo, titular de la institución del Defensor, propuso ante los diputados un modelo mixto para que tanto el Estado como la Iglesia cooperen en la creación de un fondo para pagar las indemnizaciones "en aquellos casos que por prescripción del delito u otras causas" sea imposible denunciar en lo penal. Su idea es que se encargue de este asunto un "órgano independiente" y "estatal" –que no quiere decir "del Estado"– que fije los baremos y los procedimientos para el reconocimiento de los delitos y las compensaciones.

"Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, (la Iglesia y el Estado) adopten compromisos conjuntos", dijo Gabilondo. Los grupos parlamentarios, en su mayoría, compartieron la urgencia de reparar a las víctimas, aunque discreparon en si debe la jerarquía eclesial hacerse cargo de la factura millonaria.

La Iglesia ha visto todas estas proposiciones como un ataque. No quiere que un órgano externo gestione los casos y decida las indemnizaciones, apuesta por instituciones propias, en este caso sus tribunales canónicos y un plan unilateral dirigido por obispos y superiores religiosos, asegurando que sus procesos funcionan y lo llevan haciendo desde 2019.

El testimonio de 108 afectados choca con el de la Iglesia

Esta información choca con el testimonio de afectados que denunciaron abusos en la CEE, las diócesis y las congregaciones. En una investigación, 108 víctimas acusaron a la Iglesia de la falta de compensación, la prolongación de los procesos, la falta de contestación a sus correos y de la obligación de firmar cláusulas de confidencialidad, informa El País.

Las acusaciones ponen en duda las garantías del PRIVA, que girará en torno a una comisión nacional de arbitraje. Los miembros del plan han sido elegidos por los obispos y la Confederación Española de Religiosos (CONFER). No es totalmente independiente. Su labor será verificar cada caso prescrito y, en el caso de que el acusado haya fallecido, fijará una reparación teniendo en cuenta lo que pida la víctima en cuestión. Por último, enviará el informe a la diócesis o congregación a la que pertenezca el pederasta para que valore si la ejecuta o no. Al final, todo depende de que el superior acoja la propuesta del órgano.