El aeropuerto de Barcelona ha sorteado sin aparentes problemas el primer día de huelga de los trabajadores de tierra de Iberia, que ha llevado a cancelar unos 140 vuelos este fin de semana de manera preventiva, con lo que no se han producido grandes colas y el ambiente es de normalidad.

La previsión de movimientos de aeronaves para este sábado era de un millar, a los que hay que restar los 46 vuelos cancelados por Vueling y anunciados ya hace dos días, y una docena más de anulaciones de British Airways e Iberia. Las cancelaciones preventivas y unos servicios mínimos que han afectado a casi el 80% de la plantilla han hecho posible que la actividad en el aeropuerto catalán haya sido casi normal, teniendo en cuenta que es temporada alta y la habitual saturación del aeródromo catalán.

Desde primera hora de la mañana, las colas ante los mostradores de facturación de Vueling, la compañía más afectada por el paro, eran los habituales en estas épocas y tampoco eran muchos, por ejemplo, los viajeros que esperaban turno para ser atendidos por Iberia para ser recolocados por haber perdido su vuelo.

Mientras que la dirección de Iberia Airport Service, filial de Iberia, cifra en un 10% el seguimiento del paro, el comité de empresa asegura que dos de cada tres trabajadores no afectados por los servicios mínimos no han acudido a trabajar.

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, se ha trasladado a El Prat para apoyar al comité de huelga, con mayoría de este sindicato, y ha acusado a Iberia y Aena de responder con el "inmovilismo" a la "precariedad laboral" que vive este aeropuerto. "Nos vemos obligados a realizar los paros ante el inmovilismo de Iberia", ha asegurado, después de las dos jornadas de paro que efectuaron en julio y de que acabaran sin acuerdo las reuniones de mediación con la Generalitat. "El aeropuerto de El Prat es la principal puerta de entrada al turismo internacional en Catalunya y España. ¿Dónde esta Aena? ¿Por qué no hay respuesta ante la situación de precariedad y temporalidad que se vive aquí?", se ha preguntado Ros.

Ros y el portavoz del comité, Omar Minguillón, han emplazado a Iberia a sentarse a negociar la semana que viene para buscar un acuerdo y poder desconvocar los paros previstos para el próximo fin de semana, el 31 de agosto y 1 de septiembre. Minguillón ha denunciado que "Iberia no ha estado a la altura de sus clientes al no saber negociar con los trabajadores" y tanto él como Ros han pedido que acaben las contrataciones públicas basadas en subastas porque, a su juicio, no provocan más que precariedad.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha culpado a AENA de la huelga y también al hecho de que la Generalitat no pueda gestionar el aeropuerto de la capital catalana. "Si Aena hiciese las inversiones que tocan y si hubiese una gestión descentralizada de los aeropuertos con tarifas diferenciadas y adaptadas al territorio, la infraestructura se aprovecharía mucho más en beneficio de su economía", ha argumentado Calvet.

La plantilla de Iberia en El Prat, integrada por unos 2.700 trabajadores, reclama a la empresa la conversión a fijos de los contratos temporales, que representan el 50%, y piden nuevas contrataciones para solucionar el exceso de carga de trabajo.

La compañía más afectada por la huelga es Vueling, la de más peso en El Prat, que ha cancelado 112 vuelos, 46 previstos para el sábado y 66 para el domingo, lo que ha afectado a unos 18.000 pasajeros, a los que se ha ofrecido la devolución del importe o la recolocación en otros aviones. Los servicios mínimos decretados por el ministerio de Fomento para las jornadas de huelga son el 100% de los vuelos domésticos a territorios no peninsulares, el 53% de los vuelos internacionales y el 32% de los vuelos peninsulares que tengan una alternativa de transporte inferior a cinco horas.

En paralelo a este paro, el aeropuerto catalán convive desde el pasado 9 de agosto con una huelga indefinida convocada por los vigilantes de seguridad de los controles, contratados por Trablisa, y que no está provocando problemas porque los servicios mínimos son del 90%. Los vigilantes de Trablisa reclaman mejoras salariales y laborales que la compañía rechaza negociar con el argumento de que se está cumpliendo de manera estricta el convenio colectivo y el laudo de 2017, con el que se cerró la huelga de hace dos veranos en el colectivo de trabajadores de los controles de seguridad.