Ni enmiendas y debates, ni marchas de organizaciones feministas en Madrid y otros ciudades, ni el asesinato de tres mujeres a manos de sus parejas o exparejas este fin de semana, ni la alarmante cifra de asesinatos de mujeres y niños en lo que va de 2017, han cambiado de forma significativa los fondos que el Gobierno destinará este año a combatir la violencia machista.

Sólo cuatro millones de euros más que los estipulados en el borrador inicial, se destinarán este año para luchar contra esta lacra. Cifra muy alejada de los 120 millones de incremento que pedían las organizaciones feministas el pasado jueves en una manifestación en el centro de Madrid y de los 109 millones en los que el Partido Socialista había valorado las 26 enmiendas que presentó. Sólo dos fueron aprobadas in extremis ayer tras la amenaza de los socialistas de romper las negociaciones para un Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En total serán 31,7 millones de euros la partida que el gobierno destine a luchar contra la violencia machista, una cifra claramente insuficiente para todos los grupos con representación parlamentaria, a excepción de Ciudadanos.

En su comparecencia en el Congreso, la ministra Montserrat afirmó que estos presupuestos "son los más sociales de la historia reciente" y afirmó que el Gobierno está destinando 266 millones de euros a combatir la violencia de género repartidos en distintos ministerios (Interior, Justicia, Educación o Empleo). Sin embargo, la mayoría del espectro parlamentario ha sido particularmente duro con la Ministra Montserrat y su presentación optimista de los presupuestos de igualdad de oportunidades y de violencia de género.

Marta Solarí de Compromís, acusó a Montserrat de no haber analizado el impacto de las distintas medias antes de elaborar los presupuestos y añadió que la violencia machista es transversal y necesita de verdaderas políticas de igualdad a todos los niveles, no como compartimentos estancos". Solarí comparó la desigualdad entre hombres y mujeres con una carrera en la que " los hombres corren con zapatillas y las mujeres con tacones. Lo que está haciendo el Gobierno es invertir en tiritas para las lastimaduras que provocan esos tacones, pero no en zapatillas para las mujeres", afirmó.

Por su parte Sofía Castañón, portavoz de Unidos-Podemos afirmó que el Gobierno está presentando "los presupuestos de la muerte, no de la vida" y calificó falta de veracidad los datos presentados por la ministra. En relación a las cifras para combatir la violencia machista afirmó que "es una cantidad ridícula la que han anunciado", para añadir que con ella "se ríen del Pacto de Estado". Castañón también recriminó a la ministra en el Congreso el desmantelamiento del Instituto de la Mujer" y afirmó que "la directora [del Instituto de la Mujer] debería saber lo que es la violencia machista", en alusión a las declaraciones contenidas en la entrevista que ésta Lucía del Carmen Cerón hizo a Público en el mes de marzo coincidiendo con los diez años de la Ley de Igualadad.

"Condolencias es cuando no podemos hacer otra cosa. Pero el Presidente del Gobierno [ausente en esta parte del debate] si lo que va a hacer son condelencias en 140 caracteres, que se lo ahorre", concluyó Castañon.

Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del grupo Socialista, manifestó que su formación había presentado “una batería de enmiendas muy amplia, por valor de más de 109 millones de euros, a los PGE para políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género”. Y aunque “los presupuestos del Gobierno son insuficientes”, la aceptación de estas dos enmiendas abre la puerta al compromiso para luchar contra las agresiones sexuales y permite además desgravaciones fiscales para quienes realicen donaciones a favor de los huérfanos. “Toda la Cámara debe felicitarse por esto. Pero no se confundan. El objetivo del Pacto reclama mayor esfuerzo y en esa línea es donde nosotros seguiremos trabajando”, reafirmó.

Álvarez se refiere a las únicas dos enmiendas del grupo Socialista aceptadas por el Gobierno y que han supuesto un incremento de 2 millones de euros destinada a abrir un nuevo programa para la prevención y reparación del daño a las víctimas de agresiones sexuales y otra destinada a conceder beneficios fiscales a quienes hagan donaciones a las becas Soledad Cazorla para huérfanos de violencia de género.

El resto de incremento no fue explicado por la ministra más allá de afirmar que los cuatro millones de aumento se deben a un pacto entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Nueva Canarias.

Para Nuria Varela, que fue directora del gabinete del Ministerio de Igualdad en la primera legislatura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "la ministra hace juegos malabares con las cifras y con las mujeres víctimas de violencia de género. La cifra presentada por el Gobierno en el proyecto de presupuesto se debería haber multiplicado por diez si pretenden acabar con la violencia de género. Creo que es una vergüenza que esta Ministra no se haya sentado ni una sola vez con las organizaciones de mujeres ni con los grupos parlamentarios para negociar y consensuar los presupuestos". 

Alba Pérez, portavoz de la Plataforma 7N, convocante de la manifestación del pasado jueves, "el aumento de 4 millones nos parece una vergüenza, el presupuesto debía aumentarse significativamente, nosotras reclamábamos un mínimo de 120 millones de euros. La enérgica condena de Rajoy en twitter y la conmoción mostrada a través de un twitt de la ministra Dolors Montserrat a los tres asesinatos de este fin de semana, no se refleja en sus políticas", afirma. "La violencia machista es un problema de Estado, asignar los recursos necesarios para erradicarla debería ser una prioridad para el gobierno, que al no hacerlo solo muestra la falta de voluntad política en que sea una Cuestión de Estado.

"La prevención debería ser una política prioritaria. El aumento en 4 millones de euros sigue siendo impropio de lo que vienen llamando "Pacto de Estado contra la violencia de Género" es insuficiente y supone seguir sin destinar recursos para la prevención en el ámbito educativo, sanitario y de medios de comunicación, la prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul, ni para mejorar la respuesta judicial, ni cubrir el coste de los servicios jurídicos, psicológico y sociales de las Entidades Locales", concluye Pérez.