Tres organizaciones ecologistas –Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón–, han registrado este miércoles ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Gobierno por lo que consideran inacción del Ejecutivo ante la crisis climática. 

Esta demanda supone un un paso más en el camino emprendido por dichas organizaciones el 24 de enero de 2020, día en el que presentaron ante el ministerio de Transición Ecológica y de la Presidencia "una reclamación frente a a la inactividad climática de la Administración General del Estado". Ante el silencio del Gobierno, y una vez vencido el plazo administrativo, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón interpusieron –el 15 de septiembre– un recurso contencioso-administrativo por "inactividad climática". Ese recurso contra el Gobierno fue admitido a trámite por el Supremo y hoy continúa con la presentación de la demanda.

Un dato confirma esa inactividad: según los demandantes, "España es el Estado de la Unión Europea en el que más crecieron las emisiones de gases de efecto invernadero en términos absolutos entre 1990 y 2017. En ese periodo aumentaron en 51,7 millones de toneladas, lo que supone un 17,9% más". Por ello, concluyen, el Gobierno está obligado a incrementar su esfuerzo de reducción de las emisiones.

En una nota, las organizaciones ecologistas señalan que su demanda se sostiene en la constatación de que los sucesivos Gobiernos han incumplido sus compromisos internacionales en la lucha climática, por lo que solicitan al Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar formalmente un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

A su juicio, dicho plan debe incluir una reducción de emisiones de, al menos, el 55% hasta 2030 respecto a 1990, señalan las organizaciones para apuntar, que, en la actualidad, mientras la Unión Europea (UE) ha elevado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030, el Gobierno de España propone solo un 23%. Es más, tanto es así que Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón aseguran en su demanda que "32 millones de personas ya se han visto afectadas por el cambio climático en España".

Lorena Ruiz-Huerta, una de las abogadas de las tres organizaciones demandantes, ha señalado a los medios que la "falta de ambición climática del Gobierno" se ha hecho incluso más evidente estos días, tras el acuerdo europeo de incrementar sus objetivos, que, aún siendo insuficientes, están por encima de los españoles.

Para Ruiz-Huerta, no se trata de meros números, sino de las "consecuencias devastadoras que éstos pueden tener para la vida y la salud de las generaciones futuras".

De hecho, en su escrito los demandantes explican con todo tipo de detalles y datos el futuro que se dibuja con la actual crisis climática y cuáles son sus consecuencias. Consecuencias que en el caso español son bastante graves, según los demandantes: "España es uno de los países más vulnerables de Europa ante las amenazas del cambio climático", se asegura en la demanda. 

Entre los datos y argumentos aportados en la demanda, destaca que el Gobierno prevé que en 2030 España seguirá teniendo una dependencia de los combustibles fósiles de más del 64% en el consumo energético, lo que propiciará una grave contaminación del aire y alrededor de 30.000 muertes prematuras en España cada año.

"Si consumimos hoy el escaso presupuesto de carbono que nos queda, las generaciones futuras sólo heredarán una enorme factura de impactos ecológicos y económicos, y no podrán llevar a cabo una transición ecológica justa, que a fecha de hoy sigue estando muy lejana", ha finalizado Ruiz-Huerta. 

Otros precedentes

El caso de España no es el único en el mundo. En Holanda, la organización Urgenda consiguió una sentencia favorable en una demanda contra el Gobierno en relación a las altas emisiones contaminantes registradas en el país en el año 1995. La Justicia de los Países Bajos obligó así al Estado a aplicar medidas efectivas antes de que termine 2020 para reducir la contaminación en un 25%.

También existen otros ejemplo de denuncias a Gobiernos por inacción en materia medioambiental. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son algunos de los 39 países donde se han iniciado litigios climáticos, bien contra el Estado o contra grandes compañías, cuya actividad económica genera una ingente cantidad de emisiones de CO2.

El Acuerdo de París se ha convertido en una herramienta eficaz para los colectivos ecologistas, ya que les permite medir en qué grado están cumpliendo los Estados sus compromisos en la mitigación de la crisis climática y acudir a los tribunales en caso de que sea necesario.