Granjas cinegéticas, la sobrepoblación de animales hecha a medida para poder cazar

Criados para ser cazados. En España, la caza se ha paralizado durante el estado de alarma declarado por la emergencia del coronavirus. Pero hay quienes, escopeta al hombro, no se resignan a guardar los cartuchos. La excusa para salir al monte durante la pandemia está siendo la sobrepoblación de animales, en tanto que algunas comunidades autónomas están emitiendo sus propias órdenes para permitir que los cañones vuelvan a apuntar a las perdices, conejos, jabalíes y otras especies a las que se culpa de reproducirse en exceso y ser un riesgo para cosechas y carreteras. 

Así lo expresaba la orden de la Xunta de Galicia que, pese a estar prohibido por el estado de alarma, aprobaba a finales de marzo una autorización excepcional para que los cazadores puedan acabar con la sobrepoblación y eliminar riesgos de "accidentes de tráfico, daños a la agricultura o a la ganadería y riesgos en sanidad animal". No en vano, detrás de esta superpoblación, excusa emitida por numerosas comunidades autónomas durante la pandemia como Madrid o Castilla-La Mancha, existen ciertas peculiaridades, tal y como denuncian colectivos conservacionistas y animalistas.

La congestión de especies, en cierta medida, se debe a la propia caza. Concretamente a las granjas cinegéticas; lugares donde se crían especies animales para después ser soltadas en cotos y servir de blanco a los cazadores. "Sueltan, por ejemplo, perdices en una zona determinada para que salgan los cazadores a probar su puntería. Hay que entender que el dueño de un coto necesita tener animales para que la gente pague por cazar", argumenta David Rubio, portavoz de la plataforma No A la Caza (NAC), que acaban de lanzar una campaña contra este tipo de crianza. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el Estado español se crían anualmente 1.403.834 animales en granjas cinegéticas para la repoblación y se sueltan al monte 2.287.069 animales.

El portavoz de la organización conservacionista señala que, más allá de la crueldad que puede suponer la suelta de animales, esta práctica es un detonante de superpoblación grandísimo, puesto que estas especies no siempre son abatidas y se integran en un ecosistema donde ya existen grupos de animales. De hecho, la propia caza de los depredadores naturales se convierte en un ingrediente más que garantiza el crecimiento desmesurado de esos jabalís, perdices o corzos que terminan dañando cultivos o provocando accidentes de tráfico en las carreteras.

"Se quejan de una superpoblación de conejos, pero estos tienen sus propios depredadores, como los zorros y los lobos. En el momento en el que se cazan lobos o zorros desaparecen sus depredadores naturales", expone Laura Duarte, presidenta del Partido Animalista-Pacma, en referencia a las ordenes de caza excepcional que se están emitiendo durante el estado de alarma en la gran mayoría de comunidades autónomas españolas. 

"La excusa de la sobrepoblación la usan siempre para poder salir a cazar y este año, como no pueden por el estado de alarma, están haciendo una campaña para presionar al Gobierno", argumenta Rubio, en referencia a las organizaciones cinegéticas. Hasta la fase 2 de desescalada no se podrán realizar estas prácticas, no en vano, desde la Federación Española de Caza presionan para que se permita durante la primera etapa del desconfinamiento y consideran que no permitirlo "supone marginar a los cazadores frente a otras actividades deportivas de ocio y naturaleza, además de favorecer el incremento de daños a los cultivos, riesgos de accidentes de tráfico y problemas sanitarios de la fauna silvestre".

Permisos excepcionales

Los Gobiernos regionales, no en vano, han tratado de sortear las limitaciones impuestas por el estado de alarma y se han aventurado a emitir ordenes excepcionales a favor de las prácticas cinegéticas. "Se termina antes contando a las Comunidades Autónomas que no lo han hecho", ironiza Duarte. Al menos Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León han actuado en favor de los intereses de los cazadores alegando riesgos para las cosechas y el tráfico provocados por una supuesta sobrepoblación. 

Sin embargo, los colectivos ecologistas y animalistas denuncian que en ninguno de los casos se complementan dichas autorizaciones con estudios científicos que avalen el aumento de la población animal. "Nos parece inadmisible que no se acredite esto con estudios. No ponemos en duda que haya, por ejemplo, en Castilla- La Mancha una sobrepoblacion de conejos, ni que puedan dañar los campos, pero es que allí se crían miles de conejos que se sueltan para ser cazados, provocando grandes desajustes de población", manifiesta Duarte, que directamente reclama el fin de la caza. "La naturaleza tiene mecanismos para regularse sola", espeta.

Desde NAC reclaman la prohibición de las granjas cinegéticas, a las que consideran la raíz del problema poblacional. Sin embargo, conscientes de la dificultad que entraña su lucha, exigen que al menos implementen mecanismos de control que diferencien a las especies que provengan de estos de centros de cría para la caza, de los animales de origen silvestre, de modo que se pueda saber si un accidente de tráfico tiene que ver con la caza o con la fauna silvestre. 

"Esto permitiría controlar el origen de los individuos y precisar si los animales que circulan por las ciudades proceden de granjas, así como identificar focos de enfermedades cuyo origen esté en las propias granjas. El actual uso del crotal en animales de granja, podría ser una opción muy factible para identificar a los individuos que se sueltan. Otra de las opciones para el control de la sobrepoblación creada por las granjas podría ser la esterilización de los individuos antes de estas sueltas indiscriminadas", defienden desde la plataforma medioambientalista.