Las dudas sobre la tragedia del vertedero de Zaldibar siguen presentes. Más de un año después del derrumbe que se llevó por delante a dos trabajadores y provocó una crisis ambiental en la comarca, el Gobierno Vasco y la Fiscalía de Bizkaia han optado por mantener bajo la más absoluta discreción un informe técnico que habla, precisamente, sobre las causas del desprendimiento.

Este último intento de obtener información sobre el caso Zaldibar ha estado a cargo del parlamentario de EH Bildu Mikel Otero, quien el pasado 8 de febrero solicitó una copia del informe elaborado por expertos de las universidades de Barcelona y Cantabria. Dos días antes había trascendido parte del contenido de ese documento, aunque la consejera de Medio Ambiente, Arantxa Tapia, evitó hacerlo público y lo envió directamente al juzgado de Durango donde se tramita la investigación en torno a lo ocurrido en el vertedero.

El Ejecutivo autonómico informó a los grupos parlamentarios sobre la existencia de ese informe, aunque declinó entregar una copia. Otero intentó obtenerla a través de una solicitud escrita, pero no lo consiguió. "Estamos en lo mismo de siempre. El Gobierno Vasco podría haber hecho público el informe y luego enviarlo a la Fiscalía", afirmó a este periódico el parlamentario de EH Bildu, quien además lamentó la "falta de transparencia" del Ejecutivo de Iñigo Urkullu en este caso. "El Gobierno desde el primer momento, por iniciativa propia, tendría que haber compartido toda la información que tenía con los grupos de la oposición, pero eso no ha sido así", señaló.

En la respuesta remitida a Otero, el Gobierno Vasco indica que el pasado 5 de febrero –justo un día antes de que se cumpliera un año del derrumbe– "la Viceconsejería de Medio Ambiente trasladó a la Fiscalía Provincial de Bizkaia" un documento titulado "Vertedero de residuos no peligrosos de Zaldibar (Bizkaia). Informe sobre las causas de la rotura". 

Tras conocer la solicitud de acceso a dicho documento que había formulado el parlamentario de EH Bildu, el Ejecutivo autonómico solicitó a la Fiscalía que se pronunciase "a la mayor brevedad posible" sobre si dicho informe podía ser remitido al Parlamento Vasco "o por el contrario se debe sustituir dicha remisión por el acceso al mismo en las dependencias administrativas".

El pasado 1 de marzo, la Fiscalía respondió al Gobierno Vasco que consideraba oportuno "adoptar las medidas legales conducentes para limitar el acceso a la información que contiene el mentado informe a fin de que dicha información cobre valor en las instancias oportunas", de manera que se evitasen "difusiones" del documento que "puedan enturbiar la correcta marcha del procedimiento en cuyo seno se desarrolla la investigación de los hechos".

Por tales motivos, el Gobierno Vasco descartó enviar el citado estudio al Parlamento. En su lugar, ha establecido que el representante de EH Bildu deberá concurrir a las oficinas de la administración autonómica en Vitoria, donde podrá leer el documento. No se ha especificado aún si podrá realizar algún tipo de reproducción parcial del mismo.  

"Si lo hubiese enviado al Parlamento, sería de carácter público", destaca Otero, quien ya tiene una  cita para el próximo martes a las 10.00 de la mañana a la sede del Ejecutivo. "Se trata de un documento que no fue solicitado por la Fiscalía, sino que fue realizado a instancias del Gobierno Vasco", recordó. 

"Fallos evidentes"

Otero cree que el Gobierno de Urkullu busca "desviar toda la responsabilidad hacia la empresa" que gestionaba el vertedero. Sus máximos responsables están hoy en libertad a la espera de juicio. "Independientemente de la responsabilidad penal, cuando un vertedero se cae puede haber diferentes factores. Es evidente que hay un sistema público de inspección y control que se ha demostrado insuficiente. En ningún momento se depuró ningún tipo de responsabilidad", sostiene el parlamentario abertzale. En esa línea, sostiene que "hubo fallos evidentes en la gestión del Gobierno Vasco". "Ha pasado más de un año y no ha habido respuestas ni avances", lamentó.