El Gobierno pretende reclamar a la Iglesia Católica "los bienes de dominio público" inmatriculados a su nombre amparándose en una la Ley Hipotecaria franquista y en la posterior reforma del Gobierno de José María Aznar de 1998.  La normativa otorgaba a los obispos la función de un notario, lo que ha permitido que la iglesia registrar una propiedad con tan solo decir que era suya.

Así lo señala en una respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, quien ha explicado que "estamos hablando de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según datos facilitados por la propia institución".

El Ejecutivo ultima un listado con los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015. Una lista, que se hará publica, tal y como adelantó el Ministerio de Justicia, para garantizar el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la de Protección de Datos y ahora anuncia que podrá utilizarla para reclamar los bienes registrados irregularmente. Tras la elaboración del listado de los bienes que está realizando el Ministerio de Justicia, si se constata que la Iglesia ha inscrito bienes de dominio público como si fuesen privados, se procederá a "una depuración física y jurídica".

El caso más conocido es el de la Mezquita de Córdoba, puesto que  el obispado de la ciudad la puso a su nombre en el año 2006 pagando una tasa de 30 euros.

El Ministerio de Justicia señaló en una respuesta parlamentaria del pasado 5 de septiembre, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, que "la Constitución española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público". "De este modo —prosigue la respuesta del Gobierno—, queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica".

En base a eso Justicia advierte de que "si a pesar del control por parte del Registrador, hubieran accedido a registro como bienes de propiedad privada bienes que efectivamente lo son de dominio público, deberá procederse a la correspondiente depuración física y jurídica". La respuesta "correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si al Estado corresponde algún derecho sobre dichos inmuebles, sometido todo ello a la tutela judicial efectiva".

En algunas ciudades "ha habido más permisividad"

Ante este respuesta a sus preguntas y en declaraciones a Europa Press, Antonio Hurtado, diputado nacional del PSOE por Córdoba, ha opinado que, "cuando se conozca ese listado", que elabora Justicia de los bienes inmatriculados por la Iglesia, "se verá que ha habido connivencia en determinados Registros de la Propiedad y menos connivencia en otros", a la hora de facilitar a la Iglesia la inscripción a su nombre de bienes públicos.

Así, según ha asegurado Hurtado, "se va a demostrar que en ciudades como Córdoba, Zaragoza o Pamplona ha habido mucha más permisividad", para facilitar las inscripciones, "y también mucha más avidez, por parte de la Iglesia, para inscribir inmuebles", como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Seo de Zaragoza, que entiende el diputado socialista que "son bienes de dominio público y no se tenían que haber inscrito nunca" a nombre de la Iglesia.

El diputado ha señalado que, "aunque la Iglesia ha dicho que solo ha inscrito la posesión y no la propiedad, no es cierto, porque inmatricular significa inscribir en el registro por primera vez y la primera inscripción siempre es de propiedad".

Por su parte, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha exigido al Gobierno que ponga en conocimiento de la Fiscalía las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en el caso que se demuestren fraudulentas "sin dudar ni un solo segundo", ha informado en un comunicado.

Mulet ha pedido que se regularice la situación y sean las administraciones públicas propietarias las titulares de "muchos de estos bienes y elementos robados, que les pertenecen a pesar de estas inmatriculaciones fraudulentas, sin necesidad de realizar ningún expediente más al respecto".

Además, ha solicitado que se depure "la posible actuación delictiva por parte de la Iglesia u otras personas jurídicas y funcionarios que hayan podido actuar contra el interés general de alguna manera".