La retirada del monumento franquista de Tortosa tendría que haber empezado el pasado 18 de julio, pero el gigantesco monolito del régimen dictatorial coronado con el aguilucho se mantiene erguido y desafiante en medio del río Ebro a su paso por la ciudad catalana. Las obras para retirar el que aún es hoy en día el mayor monumento franquista de Catalunya se han paralizado indefinidamente.

Así lo decidió el 9 de julio el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Tarragona, que resolvió un recurso de la entidad Corembe, contraria a retirar el símbolo fascista. Esta decisión encendió las críticas y se convocaron varias manifestaciones de protesta. Es una medida cautelar, pero la demanda de retirar este monumento por parte de las entidades de memoria y varios partidos políticos -menos Ciutadans, PP y Vox- se inició de manera formal el 2010, cuando se reclamaron referéndums para consultar a la población de Tortosa sobre el asunto, propuestas que no tuvieron recorrido.

El 2008, mediante la ley de memoria histórica aprobada el 2007, el acuerdo del Consejo de Ministros obliga a retirar los símbolos franquistas. Esta intención se refuerza con otros textos legislativos memorialistas. Pese a las leyes y las demandas de algunos partidos y las entidades de memoria, ha costado hacer pasos adelante y el águila continúa presidiendo la capital del Baix Ebre. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuáles serán los próximos pasos?

"El águila simpática"

El que fue alcalde de CiU de Tortosa del 2007 al 2018, Ferran Bel, calificó el monumento de "águila simpática" durante su mandato. A pesar de negar las consultas promovidas por otros partidos, entre ellos la antigua ICV y ERC, el 2016 el Ayuntamiento organizó un referéndum para preguntar a la población sobre el futuro del monumento. En esta consulta ganó la opción de la reinterpretación en vez de la demolición con dos terceras partes de los votos (5.755), pero solo participaron unas 8.000 personas de las 28.000 con derecho a voto. La obra fue construida por del escultor Lluís Maria Saumells y Panadés, a encargo del dictador Francisco Franco el noviembre de 1962.

"Se hizo para celebrar 'los 25 años de paz', justificando la represión del levantamiento militar. Es un monumento tremendamente simbólico", explica el coordinador de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes. "El águila significa el carácter imperial del régimen franquista. Decirle águila simpática es hacernos trampas al solitario", añade.

Mientras que el portavoz de Corembe, Joan Otero, reivindicó "las virtudes artísticas" y aseguró que, originariamente, no fue diseñado para glorificar el franquismo y el fascismo, el historiador y miembro de Corembe Albert Curto no lo ve del mismo modo. "En mi opinión es un monumento franquista", asegura. Por otro lado, prefiere apostar por la resignificación "no para darle otro sentido, sino para tener presente un pasado que no querríamos que volviera a pasar".

"Eliminar los vestigios históricos de nuestra cotidianidad es blanquearlos porque es cómo si esto no hubiera pasado", defiende. Pero hay personas que no lo ven del mismo modo. "Más allá del debate intelectual, si es que se puede denominar intelectual, lo que tenemos es una ley y una sentencia judicial. El debate está en el Estado de derecho", espeta el abogado experto en memoria histórica Eduardo Ranz. "Quién piense que la reinterpretación es posible es que no ha tenido ni una mínima conversación con una víctima del franquismo a pie de fosa", reivindica.

La descatalogación del monumento

Para poder iniciar la retirada del monumento, el Ayuntamiento de Tortosa ha tenido que descatalogarlo del plan urbanístico de la ciudad. El consistorio aceptó la petición de la Generalitat de seguir adelante la descatalogación porque no considera que tenga un valor artístico para ser conservado, apunta Cruanyes. Ahora bien, algunos miembros de Corembe sí que reivindican su valía artística. El coordinador de la Comisión de Dignidad sospecha que los de la asociación contraria a la retirada insisten en esto porque la ley exige retirar de los lugares públicos los monumentos franquistas, pero los elementos que tengan un valor artístico demostrable pueden ser una excepción. "Una cosa es que se conserve porque tenga un valor de testigo del franquismo y se quiera conservar a los museos, y otra cosa es que se conserve dentro del mismo lugar", reafirma.

Por su parte, Curto defiende que la catalogación de este objeto no fue política pero su descatalogación "es puramente política". "Cuando catalogas cualquier elemento lo haces por unos principios patrimoniales, cuando lo descatalogas los principios que a ti te habían dado ya no están. Es el mismo objeto. ¿Con qué argumentación lo cambian?", denuncia. Ahora bien, tanto Ranz como Cruanyes insisten que este monumento se catalogó previamente a la ley de memoria, y que su descatalogación y retirada son consecuencia de las políticas de memoria histórica. "La memoria no tiene que ser una política de propaganda, pero sí una política que confronte valores franquistas en una sociedad democrática", asegura Cruanyes

¿Qué supondrá el derribo?

Cruanyes reconoce que no se esperaban que el juzgado aceptara la medida cautelar, pero ya se han enfrentado a varios obstáculos previamente. En un proceso inicial el Ayuntamiento de Tortosa no tuvo una "actitud favorable" a hacer un referéndum, que después hizo pero provocando una situación de retraso, puesto que era la palabra del referéndum contra la ley de memoria.

Además, recuerda que el Ayuntamiento intentó involucrar a algún escultor para "reinterpretar" el monumento, sin éxito, y finalmente los grupos del consistorio acordaron esta descatalogación que la Generalitat ha impulsado. Todo y este impedimento, Cruanyes augura que las obras se reactivarán. El mismo opinan Ranz, e incluso Curto. "Aquí el único que se ha hecho es aplicar unas medidas cautelares, pero no tiene ninguna resolución. Es un tsunami, la voluntad es consensuada, es muy difícil frenarlo", lamenta el miembro de Corembe.

"Llevar a cabo el derribo es una obligación institucional de una sociedad democrática", opina Cruanyes. Para él, sacar el monumento del borde del Riu Ebre no implica eliminar la memoria, puesto que asegura que hay que poner plafones informativos donde se explique qué pasó allá por no olvidar el que pasó. "Además de un ejercicio de legalidad, es un ejercicio de dignidad para toda la ciudadanía. Tortosa se puede convertir en marca de la democracia y en un homenaje para todas las víctimas del franquismo y de las garantías de no repetición", argumenta el abogado Eduardo Ranz.