Los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas estaban vacíos, su destrucción siguió "un protocolo", "una práctica común, legal y exigida”, y toda la causa que hoy se enjuicia en el juzgado de lo penal número 31 de Madrid se ha construido sobre un montaje, una “enloquecida campaña de desprestigio de Bárcenas contra el PP”.

Que el "protocolo" consistiera en la sobreescritura de 35 pasadas, su ralladura física y que los discos fueran arrojados a la basura, "el método más drástico" que se podía emplear, según la jueza instructora de la causa, es secundario para los extrabajadores del PP que se sientan en el banquillo de los acusados.

El responsable legal del partido Popular, Alberto Durán, acusado en el juicio por la destrucción de los discos duros de un supuesto delito de daños informáticos y otro de encubrimiento, ha remezclado hoy los argumentos que tradicionalmente han manejado los conservadores, y ha afirmado que, lejos de lo que afirma el extesorero del PP, no fue Bárcenas quién solicitó los enseres que guardaba en una sala de la sede del PP, en la calle Génova.

Según su relato, cargado de dardos y acusaciones contra Bárcenas, fueron él mismo y la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quienes decidieron “desalojar” la sala Andalucía, hasta entonces utilizada por el extesorero, para intentar evitar que se sirviera de la existencia de esta suerte de despacho para avalar una supuesta relación laboral con el PP, con quien litigó por esta cuestión en los tribunales. "Quería cobrar más de 600.000 euros de indemnización", afirmó.

De hecho, Durán sólo ha querido responder a las preguntas de la Fiscalía, que no acusa en esta causa, y a las de su abogado: “No reconozco la legitimación procesal ni la legitimidad moral de las acusaciones populares”, apuntaba. En esencia, el responsable jurídico del PP se ha centrado en repetir que no había datos en los ordenadores utilizados por Bárcenas, en que estos eran propiedad del PP, y en que la acusación al partido por un supuesto delito de daños informáticos no tiene sentido, ya que la destrucción de estos equipos se hizo en base a un procedimiento estándar, y no había ninguna información en su interior. “Todo esto es un montaje de Bárcenas como siempre, para atacarnos a nosotros como trabajadores que le hemos plantado cara en el PP, y por supuesto para atacar al PP”. "El señor Bárcenas ha mentido mucho en este procedimiento", aseveraba.

Además del PP y de Durán, en el banquillo se sientan el responsable informático del partido, José Manuel Moreno, y la gerente y extesorera del partido, Carmen Navarro. Las tres personas físicas comparten con el PP la acusación por supuestos daños informáticos, y añaden otra por encubrimiento.

La acusación popular la ejercen Izquierda Unida, el Observatori Drets Humans (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

La gerente del PP: "¿Pero qué iban a contener?"

El Partido Popular y Carmen Navarro se sientan en el banquillo acusados de un supuesto delito de daños informáticos al que la gerente del partido suma otro por encubrimiento. Niega haber dado la orden de destruir los discos duros, que la formación fuera investigada por Gürtel, e incluso que exista la caja B acreditada por la Audiencia Nacional en la sentencia de Gürtel: "Desde que estoy yo no hay ninguna contabilidad B en el PP".

Los empleados del PP acusados en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas han negado la mayor, sin sorpresas. Carmen Navarro, gerente del PP y extesorera de la formación, ha compartido este jueves la estrategia de sus compañeros de banquillo, todos ellos acusados por los supuestos delitos de daños informáticos y encubrimiento -salvo el PP, al que no se puede acusar de encubrimiento por ser persona jurídica-, y ha afirmado que los ordenadores que utilizó el extesorero del partido no contenían información alguna. Según Bárcenas, en los equipos destruidos por el PP había información sobre la Caja B del partido, si bien Navarro lo niega.

"¿Pero qué iban a contener? ¿Cómo ve va a interesar, si Bárcenas no trabaja en el partido, y están en una sala del partido en la que puede entrar todo el mundo?". "En la sala Andalucía [una suerte de despacho usado por el extesorero] no tenía los millones de euros ni los papeles de Bárcenas". "En una sala en la que podemos entrar cualquiera no tendría información sensible", apuntaba.

La gerente del partido conservador ha negado haber dado ningún tipo de orden sobre qué hacer con los ordenadores, e incluso haber prohibido la entrada a Bárcenas en la sede. Sobre lo último, quien tomó la decisión fue María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, y sobre lo primero aseguró que los departamentos de su formación funcionan de forma autónoma, y por tanto sabían qué protocolo tenían que aplicar sobre los discos duros: "No tendría tiempo ni de dormir si yo tuviera que poner el visto bueno en todas las decisiones de cada una de las áreas", apuntaba.

De hecho, Navarro, que sólo ha respondido a las preguntas de la fiscal y de su abogado, como también han hecho sus compañeros de banquillo, también ha tenido tiempo para negar la existencia de la contabilidad paralela del Partido Popular: "Desde que estoy yo no hay ninguna contabilidad B en el PP", zanjó.

El informático del PP: "No había absolutamente nada"

En otro orden de cosas, el responsable de informática del partido, José Manuel Moreno, ha ratificado en su comparecencia las declaraciones de Durán. En palabras de Moreno, que fue quien custodió y después destruyó los discos duros, "no había absolutamente nada" en ellos. Según la juez instructora, Rosa María Freire, esta respuesta, ya esbozada en anteriores etapas, viene a suponer un "argumento exculpatorio".

El responsable informático del PP ha incidido en que los ordenadores no tenían contraseña de acceso, y ha sostenido que el procedimiento de borrado aplicado es un estándar "nacional e internacional". También que no tenía ningún conocimiento de las investigaciones sobre Gürtel, que salpicaban de lleno al Partido Popular, pese a su amplia repercusión mediática.

El segundo percance con el poder de representación

En otro orden de cosas, el PP ha tenido hoy su segundo percance en relación con el poder de representación que faculta a la letrada María Masso Moreu para sentarse en el banquillo de los acusados en representación de los conservadores. Si en la primera sesión de juicio el Partido Popular no presentó este documento, en esta ocasión los abogados de la acusación de Izquierda Unida han puesto de manifiesto que el poder lleva la firma de Alberto Durán, responsable legal del PP, que además se sienta en el banquillo de los acusados.

El Observatori Drets Humans (DESC) y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) han secundado la crítica de IU por lo inapropiado de la situación, ante el rechazo de las defensas. El juez Eduardo Muñoz Baena ha zanjado el debate aceptando este documento.

En la línea, Muñoz Baena ha zanjado la otra polémica del día: el traslado a las acusaciones este mismo jueves de un informe pericial de 102 páginas, aportado por el PP cuando ya había comenzado el juicio. El titular del juzgado 21 de lo penal ha afirmado que este retraso se debe “a razones técnicas”, y, pese a reconocer que “hubiera sido mejor que contaran con el informe con anterioridad”, y a lamentar “el esfuerzo suplementario” que habrán de realizar las acusaciones para analizarlo, este informe se expondrá en una semana, en la última sesión del juicio, el viernes 28.