La Formación Profesional impartida por centros privados experimenta un crecimiento de vértigo. En solo cinco años, el número de alumnos inscritos en cursos de pago no concertados se ha duplicado en Andalucía, según datos oficiales publicados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. De 20.300 estudiantes matriculados en FP privada durante el curso académico de 2018-2019, se ha pasado de forma súbita a más de 41.000 en la actualidad.
La FP vive un momento de enorme ebullición. La fuerte demanda ha impulsado un crecimiento fulgurante cifrado en un 33% en el último lustro. El número total de estudiantes de los tres ciclos formativos roza ya los 196.000 en toda Andalucía. Pero el aumento es dispar según la titularidad del centro. Los públicos han crecido un 23%, mientras que los concertados han ampliado su negocio un 14%. Nada que ver, en todo caso, con la explosión sin precedentes de la FP privada, que se ha incrementado un 100%. En los ciclos superiores, la distancia entre pública y privada se estrecha muy claramente hasta el punto de que uno de cada tres alumnos ya son de pago.
Los datos certifican, por tanto, que la FP está inmersa en un proceso de privatización imparable y así lo alertan insistentemente los sindicatos. "Se está produciendo un desembarco de fondos de inversión en los ciclos formativos", avisa Marga López, una de las responsables de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (USTEA). La portavoz sindical sostiene que la "enorme proliferación" de centros privados se debe a la "escasa oferta pública" incapaz de cubrir la fuerte demanda de plazas de FP.
La cuantía de los cursos oscila entre los 4.000 y los 6.000 euros por año, según Ustea
El boom de los ciclos formativos se ha visto favorecido por las modificaciones legislativas impuestas por la UE, que incentivan las prácticas empresariales en los cursos medios y superiores. Sanidad y las tecnologías de la información son las dos ramas que han concitado una mayor demanda en los últimos años, tanto en la modalidad presencial como online. La cuantía de los cursos oscila entre los 4.000 y los 6.000 euros por año, según las estimaciones de Ustea.
La proliferación de empresas sin recorrido previo en el mundo de la enseñanza representa una amenaza también para la calidad del sistema educativo. "Hay una falta de control por parte de la administración", denuncia la responsable de Ustea. "Se están autorizando muchas enseñanzas de formación profesional sin que, en multitud de casos, se garantice su finalización. El sistema está descontrolado", advierte Marga López.
CCOO también observa el fenómeno de la FP con manifiesta preocupación. "Se está produciendo una mercantilización de la enseñanza", afirma Diego Rodríguez Villegas, secretario de Política Educativa de la Federación de Andalucía. "La modificación de la ley nos aboca a un modelo privado, como consecuencia de que se hayan instaurado las prácticas en empresas en todos los niveles de FP". El sistema está inspirado en el marco europeo, principalmente el alemán.
La oferta disponible en la educación pública es insuficiente para atender la demanda de FP, según los sindicatos
CCOO coincide con USTEA en que la oferta disponible en la educación pública es claramente insuficiente para atender la demanda de FP. Según cálculos del sindicato, hasta 30.000 estudiantes no pudieron acceder a la primera opción que demandaron el pasado año en el sistema público. Además, la red educativa autonómica afronta serias dificultades para localizar empresas donde el alumnado pueda desarrollar su formación práctica. "Este año la Junta de Andalucía solo ha sacado 50 plazas para buscadores de empresas", protesta Rodríguez Villegas. En este terreno, a juicio del responsable sindical, los centros privados juegan con ventaja porque disponen de recursos económicos para firmar acuerdos con compañías donde sus estudiantes puedan realizar prácticas. "En eso la pública no puede competir. Y los alumnos lo saben".
Lo que CCOO propone es elaborar un mapa de necesidades de Andalucía para definir las líneas estratégicas de la Formación Profesional, además de incrementar significativamente las plazas públicas y el sistema de ayudas para las familias con menos recursos. "La Consejería de Desarrollo Educativo asegura apostar por la FP, pero la oferta pública es mínima. No podemos permitir que la enseñanza privada alcance estos niveles", avisa Diego Rodríguez Villegas.
Público se ha puesto en contacto con la Consejería de Desarrollo Educativo y la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE) para conocer su valoración, pero al cierre de esta información ninguna de las dos entidades habían contestado a nuestro requerimiento. El curso pasado la Junta de Andalucía convocó las mesas de la FP dual y únicamente integró a las organizaciones empresariales y las cámaras de comercio, ante la airada protesta de los sindicatos y la comunidad educativa.
Rocío Bejínez es portavoz de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa). Y su análisis de la situación no difiere demasiado de la expresada por los sindicatos de enseñanza. "Hay un aumento exponencial de la demanda de FP, que debería cubrirse con una oferta pública suficiente. Y no se hace", lamenta. Cada curso hay alumnos que se quedan sin plaza en la educación pública y sus familias "se tienen que enfrentar a un desembolso importante" para mantener la formación de sus hijos.
Esta dinámica promueve un "modelo de segregación" educativa condicionado por el poder adquisitivo, afirma Bejínez
Bejínez sostiene que esta dinámica promueve un "modelo de segregación" educativa condicionado por el poder adquisitivo. "Lo que hemos visto durante años en la universidad ahora también está pasando en la formación profesional", argumenta. Esta coyuntura propicia que un buen número de empresas ajenas a la enseñanza busquen en este sector un nicho de negocio, añade la dirigente de Codapa. "Y está permitiendo que muchas compañías inyecten capital riesgo en nuestro sistema educativo aprovechando la necesidad de plazas en los ciclos formativos, que la Junta de Andalucía no está supliendo con oferta pública", protesta Bejínez.
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