La Fiscalía de Ceuta ha presentado este viernes en el Juzgado una denuncia por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa contra la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y contra la vicepresidenta y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Ciudad Autónoma, María Isabel Deu, según ha informado en un comunicado.

La denuncia llega a raíz de la expulsión a Marruecos el pasado agosto de 34 menores migrantes que habían entrado en la ciudad durante la crisis fronteriza de hace un año, cuando más de 10.000 personas cruzaron a nado la frontera que el país vecino había dejado de controlar. Alrededor de 1.200 de ellas aseguraron ser menores sin referentes familiares ni tutores que les acompañaran y fueron filiadas como tal, por lo que era la Ciudad Autónoma la autoridad competente de garantizar su protección y tutela.

Las expulsiones se realizaron a petición del Ministerio del Interior y levantaron las críticas de numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos y de protección de la infancia. Se efectuaron, según alegaron tanto la Delegación del Gobierno como Interior, en virtud de un Acuerdo bilateral entre España y Marruecos que entró en vigor en 2013 pero que nunca se había aplicado hasta el momento.

Según este acuerdo, cualquier repatriación de menores marroquíes no acompañados debía realizarse siguiendo todos los trámites requeridos por la ley española, las normas y principios de derecho internacional y de la Convención sobre Derechos del Niño. Unos mecanismos diseñados para determinar cuál es el interés superior de cada menor, que a diferencia de lo que ha repetido en varias ocasiones la delegada del Gobierno, no es siempre volver con sus familias ni a su país de origen.

No se hizo así y, tras las primeras 55 expulsiones, un juzgado ceutí las paralizó por esa misma razón, con el visto bueno de la Fiscalía de Ceuta.

Disposiciones legales "omitidas conscientemente"

Diez meses y varias denuncias después, la Fiscalía considera que "se han omitido de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho". Es decir, que el Gobierno era consciente en todo momento de que no estaba cumpliendo el protocolo establecido, pese a que el ministro del Interior insistió en varias ocasiones en sede parlamentaria en que se respetaron los derechos de los menores repatriados en todo momento.

"No sólo se han omitido algunos de los trámites preceptivos del procedimiento sino todos, al no existir traza alguna del expediente de repatriación exigido por el Acuerdo entre ambos países", asevera la Fiscalía en las diligencias de investigación.

Añade que tampoco consta la incoación de procedimiento ni la petición de informes de la situación familiar del menor, la fase de alegaciones, el trámite de audiencia, la fase de prueba, "ni siquiera la resolución acordando la repatriación de los menores o la comunicación a la Fiscalía", insiste. Todos ellos son los trámites necesarios según la ley española para expulsar a menores extranjeros no acompañados.

En su investigación, la Fiscalía ha recogido declaraciones de cargos y funcionarios que pudieran haber intervenido en el proceso de repatriación. Se inició a raíz de la denuncia presentada por la Asociación para el Desarrollo Integral (L’ESCOLAC) el pasado octubre.

Interior, libre de responsabilidades 

La expulsiones comenzaron a realizarse casi por sorpresa después de que el Ministerio del Interior lo solicitara, sin embargo, el departamento de Fernando Grande-Marlaska salió airoso de esta grave vulneración de derechos de los menores a pesar de la denuncia interpuesta contra su petición por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. La Audiencia Provincial consideró el pasado octubre que el correo electrónico en el que pedía la Delegación del Gobierno de Ceuta que diera comienzo a las repatriaciones era simplemente una "actuación administrativa" que no tenía "ningún efecto jurídico ad extra o frente a terceros".

Así pues, serán la delegada del Gobierno y la vicepresidenta de la ciudad las que se enfrenten a las posibles consecuencias penales de esta operación. La Delegación del Gobierno de Ceuta respondió afirmativamente a la petición de Interior que, según recuerda la Fiscalía, no estaba "suscrita por autoridad o funcionario alguno". La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya calificó como "nulo de pleno derecho" este proceso el pasado septiembre.

Tres días después de este intercambio de correos entre Interior y Delegación del Gobierno comenzaron las expulsiones de 145 niños solos, aunque se realizaron 55, ya que el 16 de agosto fueron paralizadas por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta.

Según las autoridades ceutíes, aún quedan alrededor de 300 menores acogidos en la ciudad desde la crisis de mayo de 2021. Muchos han logrado llegar a la península, otros han cumplido la mayoría de edad y algunos han desaparecido. El Gobierno sigue trabajando para la repatriación siguiendo esta vez todos los trámites legales necesarios, aunque por el momento no se ha informado de ninguna expulsión.