La Fiscalía denuncia a cargos del PSOE de Extremadura tras reconocer posibles delitos por vacunarse de forma irregular

La diputada de Podemos Irene de Miguel denunció el pasado mes de enero a varios cargos políticos del PSOE por vacunaciones irregulares ante el Ministerio Fiscal de Extremadura. La Fiscalía ha decidido remitir a los Juzgados las denuncias de tres de los casos, más el de las personas que los metieron en las listas oficiales de vacunación, para que sean investigados por posibles delitos de prevaricación y/o falsedad en documento oficial. Dos de los socialistas denunciados son alcaldes y el otro es concejal.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Público en exclusiva, ya se han formulado las correspondientes denuncias ante los Juzgados territorialmente competentes del alcalde de Valverde del Fresno, Amalio Robledo; de la alcaldesa de Higuera de la Serena, María Triviño; y del concejal Ramón Jiménez Saavedra, del ayuntamiento de Olivenza. Los tres recibieron las vacunas contra la covid-10 en enero al estar incluidos en plantillas oficiales de centros en los que, según el informe, no trabajaban.

Sin embargo, la Fiscalía decide archivar uno de los casos que denunció Podemos: el de Soraya Cobos, directora del centro sociosanitario de Plasencia y concejala. Fue uno de los primeros casos que salieron a la luz pero la Fiscalía reconoce que Cobos, aunque no fue vacunada en su centro, sí formaba parte de una plantilla de trabajadores que debía ser inmunizada. Tampoco se denuncia otro caso, el de la directora del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD), Monserrat Rincón, que ya presentó su dimisión por saltarse el orden de vacunación y cuya investigación ya se está llevando a cabo en la Fiscalía Provincial de Badajoz.

La Fiscalía cree que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación y/o falsedad en documento oficial

a Fiscalía entiende que en estos casos se ha producido una "evidente vulneración del protocolo vacunación" y que esto "contraviene la legalidad vigente" y "podría ser constitutivo de delito". 

Las autoridades políticas se vacunaron en centros de titularidad y gestión pública y, según el texto, "ninguno de los denunciados formaba parte de las plantillas ni trabaja en ellos". "La excusa de acogerse para ello a una supuesta categoría profesional de personal directivo no puede aceptarse, puesto que el personal de una residencia es el forma parte de su plantilla y trabaja de modo efectivo en el centro. El simple hecho de ser alcalde o concejal, por mucho que la residencia fuese de titularidad municipal, no convierte a tales cargos políticos en directores de las residencias", concluye la Fiscalía.

La eventual responsabilidad penal no alcanza solo a los cargos políticos, también a las personas que les incluyeron indebidamente en las listas oficiales de vacunación remitidas al Servicio Extremeño de Salud (SES). Por esto, Fiscalía alega que los hechos denunciados "podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación y/o falsedad en documento oficial, delitos de los que en principio serían autoras en sentido estricto las directivas que incluyeron ilegalmente en las listas oficiales a los cargos políticos, mientras que estos últimos serían responsables de delitos a título de coautores, inductores o cooperadores necesarios". 

Los hechos se produjeron al inicio del proceso de vacunación. Durante las primeras semanas de esta campaña —a principios de este año— se conocieron numerosos casos de políticos que se habían vacunado irregularmente en diferentes comunidades autónomas. Estos cargos se saltaron un protocolo que iba dirigido a proteger a los más vulnerables, los mayores en residencias, y a los que estaban más expuestos a la covid-19, los sanitarios de primera línea. El PSOE en varias comunidades denunció casos de vacunaciones irregulares, pero en Extremadura ni se investigaron internamente estos casos.

Toda la oposición criticó un cambio en el protocolo de vacunación tras conocerse los casos irregulares

Irene de Miguel, coordinadora general de Podemos en Extremadura, criticó ya entonces la "inacción" del PSOE extremeño y que la Junta no facilitara la lista de altos cargos vacunados irregularmente, por lo que exigió explicaciones al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

El asunto se trató en varias ocasiones en sede parlamentaria antes de que De Miguel llevara el tema a la Fiscalía. Por ejemplo, en una de las ocasiones la diputada preguntó al presidente si se estaba cumpliendo el protocolo de vacunación tras los casos que se conocieron de los alcaldes que habían recibido las dosis de forma irregular. Vara contestó defendiendo a estos cargos: "Yo no le reconozco a usted autoridad para juzgar a los alcaldes, señora De Miguel, porque, mientras usted estaba en su acomodada vida política de Twitter, ellos estaban por las casas repartiendo bombonas de butano; ellos estaban por las casas llevando las comidas; ellos estaban en las residencias de ancianos ayudando a que comieran, ayudando a acostarlos. (...) Y, como ellos no se pueden defender porque usted tiene la tendencia aquí de acusar a los que no se pueden defender, yo los voy a defender". 

Robledo, alcalde vacunado en los Pisos Tutelados de Valverde del Fresno

Amalio Robledo, alcalde de Valverde del Fresno, fue vacunado el 11 de enero en los Pisos Tutelados de dicha localidad. Según Fiscalía, estaba incluido en el listado de vacunación como trabajador del centro "sin que conste quien fue la persona que elaboró el listado" y sin que conste que Robledo "fuese trabajador del indicado centro, que es de titularidad y gestión pública".

Triviño, alcaldesa vacunada en los Pisos Tutelados de Higuera de la Serena

María Triviño, alcaldesa de Higueras de la Serena, fue vacunada el 15 de enero en los Pisos Tutelados de dicha localidad. Estaba incluida en el listado de vacunación como trabajadora del centro con la categoría de profesional de directivo. Marta Mendoza Pavo, coordinadora de la residencia, y quien también figuraba en el listado de vacunación, elaboró esta lista y también será investigada por ello. A la Fiscalía tampoco le consta que Triviño fuese trabajadora del centro, de titularidad y gestión pública.

Saavedra, concejal vacunado en una residencia cuando estaba de baja laboral

Ramón Jiménez Saavedra, concejal del ayuntamiento de Olivenza, recibió la primera dosis el 12 de enero en la Residencia de Mayores Virgen de Guadalupe de dicha localidad, al estar incluido en el listado como profesional de directivo. La persona que realizó el listado, María del Carmen Reino Guerra, estaba incluida en la lista como personal directivo a vacunar y también será investigada.

El caso de Jiménez Saavedra es el más enrevesado. La Fiscalía dice que no hay constancia de que el concejal fuese trabajador del centro, que es de titularidad y gestión pública, pese a que Reino elaboró un informe en el que manifestó que él se "dedicaba a tiempo completo a la residencia, dadas las bajas laborales de su director". Sin embargo, según un documento oficial remitido por el Servicio Extremeño de Salud (SES), el director no estaba de baja cuando Jiménez recibió el pinchazo ya que finalizó una el 8 de enero y comenzó la siguiente el 29 de enero. ​

Cobos Bermejo, el único caso archivado

Sobre Soraya Cobos Bermejo, la Fiscalía valora que, al ser directora del Centro Socio Sanitario de Plasencia y haberse vacunado cuando un médico declinó recibir la dosis que le correspondía, no se "observa ningún valoración del protocolo", según el informe. La Fiscalía considera así que al ser personal directivo de un centro socio sanitario que proporciona tratamiento a personas con capacidad psíquica sí que le correspondía vacunarse con carácter prioritario y que, hacerlo antes de la fecha que le tocaba, se debe a que había "una dosis sobrante".