Hay togas y togas. Y la de la fiscal Susana Gisbert se diferencia con mucho de las que solo se se llevan con el negro que aplica las normas al pie de la letra. La portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia se torna color violeta para neutralizar las desigualdades presentes en los juzgados en los que trabaja. Por eso, esta valenciana, a la que definir como hiperactiva es quedarse corta, acaba de publicar Balanza de género (Lo que no existe, 2018), un libro que reconoce "es un zasca a la justicia patriarcal", y que nace con la pretensión de concienciar y hacer entender "que sin una justicia que lleve puestas las gafas violetas de la igualdad, las víctimas de la violencia de género en lugar de ser protegidas por ella serán doblemente victimizadas: primero por el victimario y después por las sentencias o decisiones judiciales injustas", comenta a Público.

Gisbert, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia en 1989 y fiscal desde 1992, ha sacado tiempo de donde no lo tiene, —"soy de las que digo sí a todo", confiesa—, y ha tecleado sus páginas con el empeño de que crezca el número de profesionales que como ella se ponen en el lugar de las víctimas y a partir de ahí hacen verdadera justicia. "Aunque es cierto que cuesta ver una justicia que mire de igual a igual, cada vez somos más las personas que estamos cambiando todo", reconoce, y añade: "Si no hubiera esperanza, habría que colgar la toga y salir corriendo, y eso es lo último".

Además, con este título jurídico pero divulgativo a más no poder, la escritora lanza un mensaje alto y claro a quienes piensan que la justicia con perspectiva de género es una propuesta innecesaria o que parte de unas locas feministas. "A todos ellos y ellas les insistiría para que traten de hacer tabla rasa de prejuicios e ideas preconcebidas e intentarán, aunque solo fuera una vez, ponerse las gafas violetas. Igual se sorprendían de los resultados", cuenta Gisbert. "También creo muy aconsejable un ejercicio de empatía tan sencillo como ponerse en la piel de la víctima o de sus familias", agrega.

La historia andada

Para intentar convencer a ese público tan alérgico y que piensa que la perspectiva de género es un invento nuevo y extravagante, la autora propone la vacuna de la información histórica. “La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, celebrada en 1995 defendió la incorporación de una perspectiva de género como un enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de género", explica. "Por su parte, el mandato sobre igualdad de género tiene como base la Carta de las Naciones Unidas que, de manera inequívoca reafirmó la igualdad de derechos de hombres y mujeres”, puntualiza.

Además, Gisbert recuerda que dicho mandato "está acordado universalmente por los estados miembros y engloba todos los ámbitos de la paz, el desarrollo y los derechos humanos, tal como consta en la propia web de la ONU". "De modo que si la propia Organización de Naciones Unidas reconoce, consagra y fomenta la aplicación de la perspectiva de género desde hace más de veinte años", añade, "no debería suponer ningún problema hacerlo en nuestro propio ámbito judicial y legislativo, más bien lo contrario: el problema debería ser no reconocerla ni aplicarla, más aún para para juristas". "Sin embargo", subraya, "como sabemos, la realidad es más bien otra".

Susana Gisbert. ARCHIVO

En esa realidad, tienen gran sentido una frase de la abogada Mercedes Formica, —a la que la magistrada Gloria Poyatos hace referencia como prologuista del libro de Gisbert—, según la cual "la ley está hecha para que las mujeres caigamos en ella como una trampa". El sistema jurídico está apuntalado por estereotipos de género que comparten tanto hombres como mujeres.

"La ley no es sino un reflejo de la sociedad en la que fue creada, nuestra sociedad es machista y el sistema sobre el que se asienta trae causa de una realidad legal y social donde las mujeres éramos seres de segunda clase", comenta la fiscal. "Es difícil desprenderse de todo ello solo a golpe de BOE, hay que trabajar mucho más e interpretar las leyes según la realidad actual, conforme dice nuestro propio Código Civil", agrega.

Pero Gisbert también rompe una lanza en favor de su profesión. Para ella, tanto mostrar los fallos de la justicia patriarcal hace que no se vean los aciertos de quienes se dejan la piel en los juzgados. Por eso insiste en que hay que cambiar el foco del discurso.

"Más que decir que hay personas que lo hacen bien, que las hay, hay que insistir en que existe un sistema que podría hacerlo bien siempre, y que es responsabilidad de todas las personas remar en esa dirección, tanto víctimas como operadores jurídicos y profesionales de todos los ámbitos", puntualiza, y añade: "En cualquier caso, es mejor sacar a la luz su sufrimiento que quedárselo para sí y prolongar el riesgo de que siga ocurriendo y, por supuesto, que debemos exigir a los poderes públicos que pongan toda la carne en el asador en ello".

Una cruzada por la dignidad

Sea como fuere, esta valenciana enamorada de su tierra tiene claro que la justicia tal cual se ejerce en la actualidad falla a la mitad de la población. Tanto, que cuando se le pregunta si comparte una frase contundente de Teresa Gisbert, fiscal jefa de la Fiscalía provincial de Valencia, no duda ni un segundo en responder que sí: "A la justicia, las mujeres y lo que nos pase le importamos un bledo".

"Sin duda alguna, cada conquista en el terreno de la igualdad entre hombres y mujeres, por pequeña que sea, es fruto de una dura batalla con múltiples frentes", afirma la autora. Una difícil acometida que se acrecienta por "la carencia de medios en la judicatura, y a veces, de voluntad, para su implementación", añade.

Además, la fiscal reconoce que en la historia de la democracia española, sociedad y justicia han ido por caminos paralelos y desacompasados. "No cabe duda que todo el movimiento que logró cambiar una legislación basada en la desigualdad de derechos y el machismo a una que apuesta firmemente por la igualdad, fue una muestra de aplicación de la perspectiva de género en toda regla". "Y lo fue, entre otras cosas, porque lo mandaba la Constitución aprobada por toda la ciudadanía española tras tantos años de dictadura y conculcación de derechos".

"Por lo que a la justicia respecta", sostiene, "es más que evidente que se creyó que estaba todo el camino andado, que bastaban unas pautas legislativas para cambiar el modo de administrarla". "Pero recordemos que el Código Civil, de aplicación general para todos los campos del Derecho, establece en su artículo 3 que las normas se interpretarán según la realidad social en que deban ser aplicadas", apunta. "Por eso es necesaria la aplicación de esa perspectiva de género, porque forma parte de esa realidad social; o, al menos, debería de hacerlo" , añade.

Justo esa ausencia de empatía hacía las víctimas de violencia sexual es la que provoca decisiones judiciales que cuanto menos ponen los pelos de punta. "En este tipo de delitos es imposible reponer las cosas al estado en que se hallaban antes de la comisión del hecho, pero sí debemos asumir la obligación de paliar en la medida de lo posible sus efectos y, por supuesto, castigar al culpable como se merece", confirma.

Gisbert también cree que el Poder Judicial no puede seguir sintiéndose intocable cuando las calles se llenan para protestar por decisiones como las de La Manada. “Creo que ha llegado el momento de asumir con naturalidad que las decisiones del Poder Judicial son criticables como lo son las decisiones de cualquier otro poder del Estado; si nosotros y nosotras nos manifestamos o hacemos huelga contra decisiones del ejecutivo, sería absurdo no admitir que la ciudadanía lo haga respecto de las nuestras, siempre que sea dentro de los límites del respeto". "La crítica de la ciudadanía al poder judicial es sana en una sociedad democrática y ayuda a mejorar”, asevera la fiscal.

Por otro lado, la autora también apunta a la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento de casos como el de San Fermín. "En la sociedad en que vivimos, el papel de los medios de comunicación es esencial", recuerda Gisbert. "Hay que reconocer la gran labor de concienciación y el giro copernicano del tratamiento de la violencia de género a partir del asesinato de Ana Orantes", recuerda, y añade: "Pero también hay que reconocer que en muchos ámbitos se ha bajado la guardia, y que la dictadura de las audiencias y el morbo están restando cuidado y responsabilidad en las informaciones relativas a la violencia de género".

El “evidente” techo de cristal de la judicatura

Por otro lado, Susana Gisbert también anota que la falta de perspectiva de género tiene mucho que ver con que a pesar de que la composición de la carrera judicial y fiscal, ya es mayoritariamente femenina —si continúa la actual tendencia, se infiere que llegará a un 70% de mujeres—, el 68% de los puestos directivos está en manos de varones.

"Lo que es un evidente desequilibrio en su composición, y si a eso sumamos que aproximadamente solo el 38% de los puestos en órganos centrales de la carrera fiscal —con sede en Madrid— están ocupados por mujeres, se saca fácilmente la conclusión de que las mujeres somos mayoría en la base, pero franca minoría conforme se ascienden peldaños", afirma, "y eso, por descontado, nos lleva a la conclusión de que el techo de cristal no solo existe sino que es muy evidente".

Además, Gisbert describe cómo el peso de la presión social que sigue asignando las tareas domésticas y de cuidado a la mujer no es ajeno a juezas y fiscales. "En muchos casos renuncian a la promoción por no marcharse a Madrid —caso de traslado a órganos centrales— o por no asumir unos horarios incompatibles con el cuidado de los hijos". "De hecho", apunta, "cerca del 90% de las excedencias por cuidado de hijos e hijas son solicitadas por mujeres, al igual que ocurre con las bajas maternales, y prácticamente ninguna mujer —ni hombre, por descontado— solicita cosas a las que tiene derecho, como la reducción de jornada por lactancia o por cuidado de menores".

"Son estas bajas, a las que se tiene derecho, las que pueden acabar mermando la trayectoria profesional de mujeres que dejan de trabajar, de especializarse o de asistir a cursos por razón de las mismas, mientras sus compañeros varones con igual o menor antigüedad van engrosando su currículum en detrimento del de sus compañeras", añade la fiscal. "Así pues, aunque las normas nos permiten un acceso igual a la carrera —del cual la situación es fiel reflejo— y un derecho a la promoción idéntico —del cual la situación ya no es reflejo en absoluto—, en la realidad todavía queda un largo trecho”.

Por si esto fuera poco, Gisbert destaca otra circunstancia particular: "Existe la creencia de que hay determinados destinos más propios de mujeres, y otros más adecuados para los hombres; así, materias como la violencia sobre la mujer están ocupadas mayoritariamente por mujeres". "Un caso parecido, aunque quizás menos patente, ocurre en otras materias como la de menores", añade.

"Parece existir una leyenda no escrita de que estas materias son por su naturaleza más cercanas a nuestra supuesta 'sensibilidad', mientras que otras como las relacionadas con la corrupción o los delitos económicos son más propias de los varones", lamenta. "Aunque es una norma no escrita, parece también tener su reflejo en la cúpula de la carrera, si se echa un simple vistazo a las Fiscalías de Sala ocupadas por hombres y por mujeres”, añade.

Con todo lo dicho, Gisbert invita a reflexionar sobre dos puntos concretos. En primer lugar, a recordar una definición de Justicia que, aunque fue hecha en el siglo III por Ulpiano, puede ser aplicable a todo tiempo y lugar: "La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo". Y en segundo lugar, a destacar el papel esencial de la educación en igualdad y de la formación, se tenga la edad que se tenga. "Nunca es tarde para aprender, y de hecho, yo aprendo cada día y cada día me percato de cosas que antes no veía; creo que es un ejercicio muy recomendable", finaliza.