GETAFE.- La fiscal del caso de los ocho sindicalistas de Airbus, acusados de coacciones, atentado a la autoridad y lesiones durante los incidentes ocurridos en la fábrica de Getafe en la huelga general de septiembre de 2010, ha retirado los cargos contra dos de los acusados, Armando Barco y Edgar Martín.

También ha rebajado la petición de prisión inicial, de ocho años y tres meses a cuatro años y medio para cada uno de los otros seis acusados. La fiscal reduce a dos años su petición de cárcel por el delito contra el derecho de los trabajadores y solicita que se retiren las multas. Además, solicita para los acusados un año de prisión por el delito de atentado y seis meses por cada uno de los delitos de lesiones presentados. La defensa cree que serán absueltos por la poca concreción de los hechos y lo genérico de las acusaciones.

El juicio que encaraba su última sesión, ha quedado visto para sentencia tras los alegatos de la defensa. El Ministerio Público insiste en que lo ocurrido el 29 de septiembre de 2010 a las puertas de la fábrica de Airbus durante la huelga general es "constitutivo de delito" y susceptible de aplicarse el artículo 315.3 del Código Penal, que establece el delito de coacciones de los piquetes. Según la fiscal, los testimonios y pruebas practicadas dejan claro el "carácter violento" del piquete del que formaban parte los seis acusados.

Para la fiscal queda claro que se cometió que los sindicalistas actuaron "de forma conjunta" por lo que su imputación es colectiva, y cree suficientemente probado que se cometió "una coacción grave de la libertad ajena" organizada por los sindicalistas para "impedir que varias personas, contra su voluntad, fueran a trabajar".

Los abogados de la defensa han expuesto las "inconsistencias" de los testimonios de los antidisturbios y el "interés subjetivo" de ellos en presentar una versión "exagerada de los hechos" para justificar los disparos al aire que efectuó uno de ellos durante los disturbios. No en vano, ha dicho la defensa, hay un expediente disciplinario abierto por el que el agente "se juega su futuro laboral en la Policía", y dependerá del resultado de este juicio.
La defensa alega que las acusaciones, más que en pruebas, se basan en indicios, en que algunos de los acusados estaban en el lugar de los hechos, ya que de los testimonios de los testigos no puede concluirse que agredieran a la policía ni coaccionaran a los trabajadores.

Del mismo modo que la fiscal ha puesto en duda varios testimonios por "tener afiliación a los sindicatos" a los que pertenecen los acusados, uno de los abogados defensores ha alegado que lo mismo podría decirse de los policías, que pertenecen al mismo grupo operativo. En ese sentido, aseguran que hay "información adicional" en la versión policial agregada a posteriori, que no estaban e los testimonios de la fase de instrucción.

Por otra parte, poniéndose en el peor de los supuestos, los letrados de la defensa esgrimen que, de los hechos relatados y los visionados de los vídeos, a varios acusados no se les puede imputar el delito de atentado ni lesiones, ya que no se menciona este extremo en los testimonios. Al mismo tiempo, en el caso de Enrique Gil, otro de los acusados, afirman que no cabe el delito de coacciones ya que la frase que se le achaca para coaccionar a los trabajadores es la de "compañero, únete [a la huelga]".

La defensa se muestra "optimista" respecto al fallo que emitirá el juez. Ha puesto en entredicho los partes de lesiones y ha incidido en que el "criterio de selección" de los acusados "afecta a derecho de libertad sindical y al derecho a al salud", ya que se extrajeron de los partes de atendidos por los servicios sanitarios de la empresa o por figurar como representantes sindicales.