Familiares de las víctimas de las residencias denuncian a ex altos cargos del Gobierno de Ayuso ante la Fiscalía

Las plataformas Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, en representación de los familiares de las víctimas de los denominados "protocolos de la vergüenza" en 2020, han interpuesto este jueves una denuncia contra los entonces altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los geriatras de 25 hospitales en el Tribunal Superior de Madrid. En esta ocasión, los denunciantes son 109 familiares de 115 personas que vivían en estos centros de mayores durante la pandemia. La querella apela a "un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios".

Tras más de cuatro años de lucha, y con 25 causas ya archivadas, estos familiares de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la covid-19 piden justicia para sus difuntos. Denuncian la crítica situación que vivieron sus parientes, cuando el Gobierno de Ayuso emitió por escrito unos protocolos que negaron de facto la atención sanitaria a los residentes de estos centros de titularidad pública. 

A las 10.45 horas, Carmen López y María Jesús Valero –miembros de la organización– salían del Tribunal Superior de Madrid, habiendo formalizado la denuncia. Fuera les esperaban sus compañeros, que entonaban cánticos como "Basta ya de impunidad", "Ayuso, escucha, seguimos en la lucha" o "No eran números, eran personas". Un rato antes, habían sido desplazados por la Policía Nacional –que vigilaba el Tribunal– a la acera de enfrente de la entrada. Aun habiendo sido increpados por alguna persona que pasaba por allí, ellos seguían manifestándose con la misma energía. La Justicia por sus familiares les mantiene en pie.

Tras haber recurrido a diversas querellas e incluso a una petición al Parlamento Europeo, han encontrado una vía para denunciar los "protocolos de la vergüenza" emitidos por el Gobierno de Ayuso en 2020 a través del artículo 511 del Código Penal, que condena la denegación de un servicio público por motivos discriminatorios (como tener seguro privado o padecer algún tipo de discapacidad). Desde Marea de Residencias denuncian un trato desigual desde el Gobierno autonómico hacia estos 115 difuntos y aportan "abundante documentación inédita" a la fiscal Almudena Lastra para que tome cartas sobre el asunto.

Entre los denunciados, figuran nombres como Alberto Burgueño (asesor sanitario de Ayuso), Carlos Mur (quien firmaba el triaje para las residencias), Francisco Javier Martínez (jefe de Geriatría en la Fundación Jiménez Díaz) y Pablo Busca (director de Summa 112). Además, están presentes los geriatras de los 25 hospitales implicados. "Si abren la investigación, seguro que salen muchas más personas implicadas en esa responsabilidad y en esa discriminación", ha señalado María Jesús Valero.

La denuncia abarca cinco campos principales, enfocados todos en la denegación de la atención sanitaria. Se señala a la discriminación hacia pacientes en sus casas, en los hospitales públicos, en el hospital del IFEMA, en los hospitales privados y en los hoteles medicalizados. "No hubo ni una sola residencia que se medicalizara, a pesar de haber escuchado (...) en el Parlamento Europeo las mentiras que dijeron los representantes de Vox y del PP entonces", insisten desde Marea.

En este sentido, Carmen López ha reclamado, además de justicia, verdad: "Queremos saber qué pasó, qué decisiones se tomaron y qué decisiones no hay que volver a tomar nunca jamás". Avisa de que, en caso de volver a pasar, la situación en las residencias "podría ser mucho peor". Además, López ha hecho referencia a las últimas declaraciones del Partido Popular: "Mientras ellos hablan de ETA, nosotras queremos hablar de las 7.291 víctimas". En la misma línea, ha sugerido que se lleve a cabo una investigación similar en todas las Comunidades Autónomas.

Por ahora, son ya 25 las causas archivadas que denunciaban una gestión negligente por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el caso de esta denuncia, la Fiscalía cuenta con seis meses para decidir si inicia o no una investigación por el trato discriminatorio. Con todo, "vamos a continuar estudiando más vías", tal y como ha prometido María Jesús Valero.