El archivo exprés de la causa por la muerte de un migrante interno en la cárcel de Archidona (Málaga) no parece convencer ni a la familia del fallecido, ni a la acusación popular ni al gobierno de Argelia, de donde era originario. Sólo seis días después de que Mohamed Bouderbala, de 36 años, apareciera muerto en su celda de esta prisión reconvertida en CIE provisional, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Archidona (Málaga) acordó el archivo provisional, descartó la participación de otras personas y certificó que la muerte fue de naturaleza suicida.

Sin embargo, el archivo llegaba pocas horas después de que el mismo juez aceptara que la familia del fallecido se personara como acusación particular en la causa y que la organización Andalucía Acoge hiciera lo propio como acusación popular. Según han explicado a Público los letrados de ambas acusaciones, a las 14.00 horas de este viernes aún no habían recibido una notificación oficial sobre el archivo provisional, algo que conocieron por la prensa, han señalado.

El Gobierno argelino, por su parte, ha anunciado el inicio de una investigación para esclarecer la muerte y ha reclamado el cuerpo a las autoridades españolas para efectuar su propia autopsia, según ha informado el ministro de Justicia, Tayeb Louh, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias argelina APS.

"Nos resulta sorprendente la celeridad del archivo y, sobre todo, que el juez haya tomado esta decisión el mismo día en que nosotros hemos tenido acceso a una parte de las actuaciones", afirma Amanda Romero, letrada de la familia del fallecido, que adelanta que recurrirán el archivo. Según apunta, los familiares de Bouderbala no pueden creer que se haya suicidado. "Lo describen como alegre y vital, y los propios internos también dicen que era uno de los que más animaba al grupo. No comprenden que, tras arriesgar su vida en la patera haya decidido ponerle fin", destaca.

El suicidio "no exime de responsabilidades penales"

Tanto esta letrada como el el abogado de Andalucía Acoge recuerdan que, aunque se confirme que es un suicido, eso "no exime de responsabilidades penales", más aún tratándose de alguien privado de libertad y bajo custodia policial, por lo que recurrirán el archivo provisional. Además, añade Romero, "la familia tiene derecho a saber si esta situación se podría haber evitado".

Romero también subraya que el juez instructor no haya pedido "ninguna diligencia judicial". El auto del archivo de la causa se basaba en el "amplio atestado policial" y en el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad para el sobreseimiento. Si embargo, explica Romero, lo normal es pedir las declaraciones del atestado policial en sede judicial para "extremar las cautelas". "No se ha interrogado a los agentes que encontraron el cuerpo de Mohamed ni a los agentes que le llevaron a su celda, que son los últimos que le vieron con vida. Tampoco se ha podido interrogar a los servicios médicos del centro y creemos que es relevante saber el seguimiento médico del fallecido desde que llega al centro. Tampoco hemos podido preguntar al médico forense que ha realizado la autopsia", añade.

Por su parte, José Luis Rodríguez, letrado de Andalucía Acoge, argumenta en la misma línea que Romero. Según este abogado, "ha sido un archivo absolutamente precipitado" porque no se han aceptado ningunas de las medidas solicitadas por las acusaciones, entre ellas, la declaración de testigos presenciales que compartían módulo con el fallecido. El juez se basa para ello en que "del atestado se desprende con meridiana claridad que no existen testigos de los hechos investigados" y que "las cámaras no revelan que exista sujeto alguno con participación en los hechos o con conocimiento de lo acaecido".

Para Rodríguez, esta investigación es "insuficiente" porque "sólo se centra en un homicidio doloso". "Es evidente que nadie ha matado a Mohamed, pero puede haber más infracciones que hay que investigar y que pueden determinar si se trata de un homicidio imprudente", apunta. Por ello, también recurrirá el archivo. "Cuando alguien muere privado de libertad puede haber una infracción por omisión del deber de cuidado", puntualiza el letrado, que tampoco cree que se haya investigado si el fallecido sufrió malos tratos o trato vejatorio.

Bouderbala pasó 18 horas incomunicado en una celda

Al mismo tiempo, las dos acusaciones coinciden en la importancia de las 18 horas que el fallecido pasó incomunicado en una celda individual. Según el atestado policial, Bouderbala estuvo encerrado desde las 15.27 horas del día de su muerte hasta las 9.35 horas del día siguiente, cuando fue hallado ahorcado con una sábana. Según ha informado Diariosur, en torno a las 14.00 horas del 28 de diciembre, varios internos protagonizaron una revuelta en la que actuaron los antidisturbios que les custodian. Según fuentes cercanas al suceso, añade, varias personas comenzaron a autolesionarse a la hora del almuerzo con cubiertos de plástico "con el fin de ser trasladados a dependencias hospitalarias externas". Uno de ellos era el fallecido, que fue trasladado a la enfermería y, después de una celda para aislarlo.

Según las grabaciones, nadie entró ni en su módulo ni en su celda durante esas 18 horas. Ambos abogados insisten en que no conocen la resolución del director del centro que acuerda el aislamiento de Mohamed ni les consta si se comunicó al juez de control de Archidona. "El centro está obligado a informar al juez de control de cualquier medida de aislamiento. Eso tiene que investigarlo el juzgado instructor. Cuando se está bajo custodia policial,se intensifica el deber de protección de la integridad física y la vida. Tendrán que explicar por que nadie le vigiló durante esas 18 horas", señala Romero.

Ambas acusaciones tienen tres días para presentar un recurso de reforma que tendrá que estudiar el mismo juez instructor. En caso de que lo deniegue, cabe recurso ante la Audiencia Provincial