La falta de inversión pública en servicios sociales deteriora progresivamente la oferta de prestaciones públicas para la ciudadanía. Esta degradación paulatina se observa, sobre todo, en los recursos disponibles para los mayores, así como para las personas en riesgo de exclusión social. Así lo refleja la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su último informe que evalúa el desarrollo de esta asistencia (DEC).

El Índice DEC de Desarrollo de los Servicios Sociales es el único estudio que trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos del sistema, que ya atiende las necesidades de más de ocho millones de personas en España. En este último, se ha constatado que la relevancia económica de los servicios sociales apenas evoluciona con el paso de los años.

Como consecuencia de la escasa financiación, apunta el estudio comparativo, las plazas residenciales públicas apenas han aumentado seis centésimas desde 2019, pese al progresivo envejecimiento de la población. Mientras que desde 2014 los centros de día han ido reduciendo lentamente su escasa cobertura, pasando del 1,10%, en 2014, al 1,05% en 2021. 

Pero es sobre todo en los servicios de ayuda a domicilio y en los centros de estancias diurnas donde el deterioro de la oferta de servicios sociales para personas mayores es más acusado. Llama la atención que apenas el 10% de las personas mayores de 65 años se beneficien, según los últimos datos del análisis, de la teleasistencia domiciliaria.

Las directoras y gerentes consideran que "es prioritario desarrollar estos servicios para las personas dependientes, ya que sería arriesgado acometer estrategias de desinstitucionalización sin merma de
su calidad de vida y la de sus familiares o personas cuidadoras".

Las comunidades han reducido sus aportaciones

Y es que aunque desde 2014 en general se ha incrementado el gasto que realizan las Administraciones Públicas en servicios sociales, a partir de 2021 se ha podido apreciar una ralentización de ese crecimiento, con un incremento de sólo un 3,5% respeto al año anterior y un peso sobre el PIB de apenas el 1,82%.

En este sentido, el informe refleja cómo pese a que el Ministerio de Derechos Sociales ha aumentado la financiación en materia de Dependencia, algo que debería repercutir en el presupuesto de las comunidades, el Observatorio de la Dependencia sugiere que algunas autonomías han utilizado esa financiación estatal para reducir sus propias aportaciones, en lugar de ofrecer más y mejores servicios. 

No obstante, esta situación no se da igual en todos los territorios. Año tras año, señalan las directoras y gerentes, se constatan grandes diferencias que suponen "una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia".

Así, Euskadi, por ejemplo, tiene una inversión de 1.007 euros por
habitante, mientras que Extremadura gasta 561 euros. Cifra que contrasta todavía más si se compara con otras regiones como Murcia, donde desciende a 340 euros. Si bien es cierto que estas cantidades están sujetas al número de población, por una parte, así como condicionadas por el régimen tributario de cada comunidad.

El porcentaje del PIB regional que cada Administración destina puede resultar más clarificador: en este aspecto, llama la atención la diferencia entre territorios como Canarias (2,6%), que triplican el que destinan las instituciones de la Comunidad de Madrid, con solo el 1%.

Estas diferencias de gasto tienen consecuencias directas en la cobertura que se pueden ver en los profesionales por habitantes de los que dispone cada una. Por poner algunos ejemplos, mientras en Canarias hay 3.241, en Navarra el número es cinco veces menor.

También se observa en el porcentaje de plazas residenciales públicas para mayores, que es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,96%) que en València (1,15%). Por su parte, la Comunidad de Madrid ofrece una cobertura 17 veces mayor de ayuda a domicilio que Extremadura.

Desmantelamiento del REMI

La otra pata que cojea en los servicios públicos de todas las comunidades es la Renta Mínima de Inserción (REMI), dirigida a personas en riesgo de exclusión social, con muy pocos ingresos y recursos.

A este respecto, los responsables del informe, apuntan que el desmantelamiento de esta ayuda vital, que se ha reducido un 19% en dos años (150.431 beneficiarios menos), es consecuencia fundamentalmente de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una caída muy significativa, más si se tiene en cuenta que ya antes la ayuda dejaba fuera al 91% de la población que la necesitaba.

Al igual que ocurre con los servicios para las personas mayores, la situación es muy distinta entre territorios. De hecho, al mismo tiempo que territorios como La Rioja (56%) han incrementado el número perceptores, otras 13 comunidades los ha reducido.

Es el caso de Castilla-La Mancha (-62%), Cantabria (-37%), Euskadi (-6%), Murcia (-54%), Aragón (-31%), Madrid (-44%), Extremadura (-20%), Balears (-42%), Catalunya (-18%), Castilla y León (-42%), Asturias (-10%), Andalucía (-38%) y Galicia (-9%).