El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles el nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que, entre otras medidas, establece que el precio máximo por minuto de una llamada de teléfono entre países de la Unión Europea (UE) sea de 19 céntimos a partir del 15 de mayo de 2019, fecha en la que los SMS no podrán superar los 6 céntimos. Además, la nueva regulación impulsa el despliegue de la red 5G en todo el territorio europeo.

La Eurocámara ha aprobado con 584 votos a favor, 42 votos en contra y 50 abstenciones el paquete normativo, que refunde cuatro directivas que fueron revisadas por última vez en 2009. Los Estados miembros tendrán ahora dos años para adaptar sus legislaciones nacionales a las nuevas normas, que entre otras medidas introducen los primeros topes a los costes de las llamadas telefónicas para el usuario dentro de la UE, como ya se hiciera con el uso de los móviles en itinerancia (roaming) antes de su abolición en 2017.

El nuevo código mejora también la protección de los usuarios de teléfonos inteligentes, incluidas las aplicaciones como Skype o WhatsApp, y refuerza las exigencias de seguridad, como la encriptación. Además, los usuarios podrán conservar su número de teléfono durante un mes tras la finalización del contrato con una compañía telefónica y podrán recuperar el saldo no utilizado en las tarjetas de prepago. Igualmente, tendrán derecho a una compensación en caso de retraso o abuso al poner fin a sus contratos de telefonía.

Por otra parte, el nuevo paquete legislativo de telecomunicaciones incluye medidas en favor de los consumidores como un nuevo sistema de alertas a través de mensajes a móviles (SMS), que transmitirá mensajes públicos en todos los Estados miembros. Así, se podría avisar a los ciudadanos de emergencias como un atentado terrorista o una alerta meteorológica.

Despliegue de las redes 5G

La Eurocámara ha respaldado igualmente nuevas normas para impulsar las inversiones en el desarrollo de redes de internet de alta capacidad y 5G, esenciales para garantizar en el futuro la conectividad de servicios como los coches inteligentes, la investigación o la administración pública.

Para fomentar el desarrollo de esa infraestructura, no se aplicarán a los operadores tradicionales las habituales condiciones de apertura a operadores alternativos siempre y cuando haya competencia e inversión por parte de los participantes.

Otro punto destacable de la legislación es la gestión del espectro radioeléctrico —en manos de cada Estado miembro—, que establece condiciones más "atrayentes" para la inversión, como una duración mínima de 20 años para sus licencias de uso.

Los Estados miembros deberán facilitar la extensión de las redes 5G ofreciendo espectro disponible para 2020, con la meta de que para entonces al menos una gran ciudad de cada país europeo cuente con una red móvil de esa capacidad.