España echó a cerca de 7.800 migrantes en 2020 al calor de una política marcada por la "opacidad"

Definiciones distintas, una suerte común. Ya sea bajo el epígrafe "denegaciones de entrada", "expulsiones, "devoluciones" o  "readmisiones", la Policía Nacional se encargó de echar en 2020 a 7.767 personas. Así consta en una respuesta del Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien también procuraba averiguar sus nacionalidades y destinos. No lo consiguió. 

En una pregunta escrita formulada el pasado 2 de marzo, el representante de la coalición soberanista vasca pedía datos acerca del número de personas que habían sido expulsadas del país desde 2017 mediante las diferentes vías legales con las que cuenta el Estado para actuar  en ese ámbito. Además, solicitaba que se especificase las provincias en las que se habían registrado esos casos, así como las nacionalidades de las personas afectadas. 

La consulta de Iñarritu se remontaba a 2017 por una cuestión práctica. "A partir de ese año, el ministerio del Interior decidió dejar de publicar estos datos en su página web", afirma a Público el abogado Daniel Arencibia, experto en temas migratorios y activista por los derechos humanos en las Islas Canarias.

En su respuesta, el Gobierno se limita a indicar el número de personas migrantes que fueron obligadas a abandonar el país, sin aclarar sus nacionalidades. De esta manera, los datos proporcionados por el Ejecutivo sólo permiten establecer que en 2020 hubo 3.620 denegaciones de entrada –algo que normalmente ocurre en aeropuertos–, 1.904 devoluciones, 1.834 expulsiones y 409 "readmisiones", otra forma legal de "devolver" a las personas migrantes a terceros países que, debido a acuerdos previos, deben "readmitirlos". 

Arencibia destaca que el Gobierno recurre habitualmente a la "devolución" de personas migrantes que, en realidad, sólo podrían ser expulsadas porque ya se encuentran libres en territorio español y, desde un punto de vista legal, no pueden ser devueltas. "Lo que pasa es que devolver es más fácil que expulsar: no necesita ni siquiera expediente administrativo", subrayó.

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria, entre 2017 y 2020 se registraron 20.855 devoluciones. El ritmo sostenido de entre 5.000 y 7.000 al año se vio notoriamente reducido en 2020, al calor de las fuertes restricciones de movilidad internacional que trajo la pandemia. Lo mismo ocurrió con las denegaciones de entrada y las expulsiones.  

"Uso excesivo de la fuerza"

Carlos Escaño, portavoz de Amnistía Internacional, pone el foco en las denominadas "devoluciones en caliente", una práctica denunciada en reiteradas ocasiones por esta organización de derechos humanos. "Esas expulsiones sumarias y colectivas en frontera se producen sin que las personas migrantes o refugiadas tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial efectivo", destacó.

En tal sentido, Escaño señaló que "debe garantizarse que todas las personas que acceden a territorio español, independientemente de por donde lo hagan, tengan acceso a un procedimiento con todas las garantías, y especialmente que se les facilita su derecho a buscar protección internacional". 

Em cambio, AI ha recibido "numerosos informes sobre uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Guardia Civil al tratar de impedir que personas migrantes y refugiadas accedan a territorio español o al devolverlas desde Ceuta y Melilla a Marruecos". "Muchas de las personas refugiadas y migrantes que fueron entrevistadas por Amnistía Internacional para el informe Miedo y Vallas (2015) y que habían intentado saltar la valla de Melilla dijeron que los agentes de la Guardia Civil las habían golpeado con porras, tratando de impactar en las articulaciones y produciéndoles un fuerte dolor", recordó.

No en vano, AI ha denunciado en varias ocasiones que "el Gobierno de España, la Delegación de Gobierno en Ceuta o Melilla o la Fiscalía no han abierto ninguna investigación sobre las denuncias de expulsiones sumarias y uso excesivo de la fuerza a manos de agentes de la Guardia Civil".

"Política continuista"

El abogado Eduardo Gómez, integrante de Red Jurídica, considera que las cifras proporcionadas por el Gobierno a Iñarritu "denotan una política continuista respecto al anterior Gobierno del PP, dado que, salvo por la pandemia, no han variado demasiado". Asimismo, Gómez destacó la ausencia de datos sobre las nacionalidades de las personas afectadas.

"El Gobierno de España ha optado por una opacidad tremenda", lamentó por su parte Arencibia. En tal sentido, indicó que la ausencia de información oficial perjudica la propia labor de quienes trabajan en defensa de los derechos de las personas migrantes." Para planificar nuestra estrategia de derechos es muy importante establecer cómo está actuando la Policía, pero se niegan a darnos datos", subrayó.