España cede otra vez al chantaje migratorio de Marruecos y aumenta los fondos para evitar más saltos a Melilla

Los 30 millones de euros que el Consejo de Ministros desbloqueó el martes para financiar el control migratorio de Marruecos son solo la última partida de las cuatro concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al régimen de Mohamed VI, al que se sumarán más fondos españoles y europeos en los próximos años. Por el momento, el dinero español está llegando siempre a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), una fundación pública española de cooperación internacional para la mejora de sistemas públicos de un centenar a países del mundo.

Desde 2019, el país ha recibido al menos 123 millones españoles destinados a la lucha contra la inmigración irregular. A ese montante se añaden otros 500 millones desbloqueados por la Unión Europea desde 2021 a 2027, a los que hay que sumar otros 346 millones del presupuesto comunitario anterior, iniciado en 2019. En total, Marruecos va a contar con una inyección de 969 millones de euros

Cada una de estas partidas revelan la dependencia española —de la que Bruselas es muy consciente— de su turbulento pero a la vez, "leal y fraternal socio", dicen portavoces españoles de cara a la galería. No parece importar que Marruecos deje deliberadamente sin control su frontera en Ceuta, que abra o cierre el grifo de las pateras hacia Canarias o Andalucía, que cuestione la soberanía española de las ciudades autónomas o que sea sospechoso de espiar con el sistema Pegasus hasta al mismísimo presidente del Gobierno español y a varios ministros.

Es llamativo que estas palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegaran el pasado viernes. Antes de una reunión de ministros del Interior de la Unión Europea en Luxemburgo, Marlaska añadía: "No debe preocupar nada porque las relaciones entre ambos países son excepcionales y extraordinarias".

Lo que preocupaba eran las declaraciones de Marruecos en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en las que definía Melilla como "un presidio ocupado" y aseguraba que el país no tiene fronteras terrestres con España.

Ese es el "fraternal" socio estratégico de España, que se ha embolsado estos nuevos 30 millones de euros destinados al despliegue en la lucha contra el tráfico de personas y la gestión de los flujos migratorios. El dinero llega cada año, puntual y sin importar los sucesos trágicos que este dinero provoca.

La última remesa llega en un momento delicado, con al menos 23 potenciales refugiados muertos en el salto a la valla de Melilla del pasado junio. La Fiscalía española tiene abierta una investigación, el Defensor del Pueblo ha señalado la ilegalidad en las devoluciones de más de 400 personas y la brutalidad marroquí mostrada en varias imágenes ha escandalizado hasta a la ONU. También ha quedado claro a qué se destina parte de este dinero,. Suele llegar después de supuestos repuntes de presión migratoria que Marruecos se encarga, ahora con más precisión que nunca, de difundir en medios nacionales y españoles. Son operaciones policiales que vulneran una larga lista de derechos humanos o intervenciones de su flota en la ruta hacia Canarias, que algunos casos acaban en tragedia por mala praxis o falta de respuesta a las llamadas de socorro de kos migrantes.

Redadas y 25 detenidos en la frontera con Melilla

Esta misma semana, poco antes de la concesión de la nueva ayuda presupuestaria, se ha salado con la detención 25 de personas migrantes que, según las autoridades alauíes, estaban organizando un nuevo salto a la valla de Melilla. De nuevo, como corrió durante los días previos a la tragedia del 24 de junio, grupos de personas migrantes, sobre todo de Sudán y procedentes de Libia, se estaban concentrando en los montes de Nador cercanos a Melilla.

También se desplazaban desde ciudades del sur a territorios próximos a la ciudad autónoma. Ha habido nuevas redadas en el monte Gurugú de Nador, según confirman a Público cooperantes que trabajan con migrantes en la zona y algunos de los sudaneses que fueron devueltos a Marruecos y desplazados forzosamente a cientos de kilómetros aquel fatídico 24 de junio. El intento ha sido abortado, según Marruecos, que habla de gendarmes heridos en enfrentamientos en las montañas. Nada se sabe sobre víctimas entre las personas migrantes.

Otros 30 millones tras la crisis en Ceuta

En mayo de 2021, España concedió otra partida de 30 millones a Marruecos para el mismo propósito. En aquella ocasión, el dinero se desbloqueó en medio de la mayor operación de chantaje que Marruecos ha orquestado contra España. No solo quería dinero para controlar sus fronteras con Europa. También logró asentar por la vía de la crisis diplomática su derecho a ocupar los territorios saharauis que ya tomó militarmente hace más de 50 años, y de los que España aún es legalmente la colonial "potencia administradora". 

La crisis fronteriza de Ceuta pasará a la historia como el más claro ejemplo de debilidad española frente un régimen que no dudó en usa a niños, solicitantes de asilo y a su propia ciudadanía más vulnerable para generar una crisis en la que tuvo que intervenir el Ejército español. Más de 10.000 personas entraron irregularmente cruzando a nado los espigones entre Marruecos y Ceuta. Marruecos no solo permitió el paso, sino que extendió el rumor de la frontera abierta e incluso llevó a cientos de personas en autobuses a la frontera con Ceuta. Varias instituciones españolas están salpicadas por su irregular gestión de aquella crisis.

Las otras dos partidas españolas para el vecino del sur ascendieron a 32 millones en 2020, en plena pandemia, cuando el repunte de llegadas de embarcaciones a Canarias. Más de 23.000 personas, la mayoría marroquíes, lograron llegar a las islas desde la costa occidental marroquí y los territorios saharauis ocupados, la mayor cifra desde la llamada crisis de los cayucos de 2005-2006, en las que llegaron a España más de 39.000 migrantes por vía marítima.

En 2019, se destinó una cantidad similar ante la llamada "crisis de las pateras" en el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán en 2018. Más de 65.000 personas llegaron aquel año, récord absoluto en la historia migratoria de España. En cuestión de meses, la vigilancia marroquí de las aguas del Estrecho redujo significativamente la cifra de llegadas, lo que para muchas organizaciones dejaba claro el escaso celo que Marruecos estaba poniendo en el control migratorio.

En el anuncio de la última partida, el Gobierno español insiste en que los fondos dan resultado y alega que la inmigración irregular ha descendido un 20%. Su comunicado, Moncloa no hace referencia al aumento desproporcionado de la mortalidad en las rutas migratorias hacia España, que se han concentrado en al peligrosa ruta por el Atlántico hacia las Islas Canarias. El flujo migratoria parece haberse estabilizado desde que España y Marruecos enterraron su última crisis diplomática a cuenta del Sáhara Occidental, pero la cifra de fallecidos, según varias fuentes, ronda el millar solo en diez meses.