Enrique J. Vila TorresNiños robados: sin respuesta del papa Francisco ante la búsqueda de la verdad

Ha pasado medio año desde que el presidente de SOS Raíces Adoptados, Enrique Vila, entregó en mano al papa Francisco su libro Lettere di un bastardo al papa. Con este gesto, el abogado valenciano pretendía asegurar que la máxima autoridad de la Iglesia Católica leyera las misivas que le escribió durante dos años con el propósito de pedirle ayuda en la búsqueda de su madre biológica. Ni las cartas enviadas previamente al Vaticano ni su publicación posterior en el libro han obtenido respuesta de Su Santidad. Ahora llega la edición en castellano de las Cartas de un bastardo al papa (Algaida, 2019), ampliada con una exposición de la situación actual, que se erige como un paso más en la sensibilización del drama de los niños robados.

Vila, también vicepresidente de SOS Bebés Robados València, nació en la Casa Cuna Santa Isabel y fue adoptado por una pareja local. A los 23 años descubrió que era adoptado y, desde entonces, dedicó su actividad como abogado a la investigación de las historias sobre adopciones falsas o ilegales. En 2011, precisamente, redactó y presentó la denuncia de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR) por el caso de los niños robados ante la Fiscalía General del Estado, representando a cientos de los afectados. Su labor ha propiciado unos tres centenares de reencuentros y actualmente tiene una cincuentena de carpetas abiertas de personas que buscan a sus parientes.

¿Es la inviolabilidad de los archivos religiosos, declarada en el concordato del Estado español con la Santa Sede, el último muro infranqueable?

Para la mayoría de los hijos que estamos buscando nuestros orígenes, efectivamente, la última frontera son esos archivos eclesiales. Curiosamente, hay miembros de la iglesia que sí los dan con una orden judicial y otros, como en mi caso con la Casa Cuna Santa Isabel de València, en el que se niegan a dar los datos. Primero alegan el secreto profesional y luego, cuando se han visto presionados por el juez, dicen que no los tienen, cuando siempre han dicho que los tenían. Incluso el presidente de la Conferencia Episcopal, en una comparecencia de prensa, nombró esos concordatos como acuerdos internacionales que había que respetar. De una forma u otra no quieren abrir esos archivos donde está el objeto de nuestra búsqueda.

En su caso, ¿no han cedido nunca en la Casa Cuna Santa Isabel de València?

En 1988, cuando yo descubrí que era adoptado y acudí a la Casa Cuna, yo no tenía derecho ni tan siquiera a preguntar. La ley decía que el adoptado no tenía derecho a conocer a sus padres. Así me lo dijo la madre superiora: que tenían los datos pero que no me los podían dar porque no era legal; que me olvidara del asunto. Insistí pero no pude avanzar. Fue en 1999, cuando el Tribunal Supremo cambió la ley y reconoció el derecho de todo hijo a conocer sus orígenes biológicos, que volví y me encontré con todo tipo de excusas y contradicciones: que si los datos eran falsos, que si las madres se identificaban con nombres falsos… Cuando les puse la demanda judicial, fue cuando cambiaron el discurso y me dijeron que no tenían nada. Y no había explicación convincente: a veces decían que los habían destruido, otras que no tomaban los datos de las mujeres que asilaban…

Pero en Barcelona la misma congregación sí cumplió la orden judicial.

Sí, en Barcelona hace ya unos años hablé con la madre superiora de la Casa Cuna Santa Isabel y, en efecto, se entregaron los datos a un grupo de veintiún barceloneses después de ganar la demanda que yo mismo presenté. Cuando ocurrió eso, tenía esperanzas de que en València ocurriera lo mismo pero, desafortunadamente, no ha sido así. Este es, precisamente, uno de los motivos de las cartas al papa Francisco: pedir una unificación de criterios. ¿Por qué unas congregaciones cumplen la ley y otras no?

Como has contado en algún otro libro, las Casas Cunas eran auténticos regímenes carcelarios.

Tan solo hay que escuchar a las madres que estuvieron allí para saber cómo era la vida dentro de esa institución. Les cambiaban los nombres para que entre ellas no hicieran amistad, les hacían trabajar, les sacaban a la calle embarazadas para causar pena y pedir limosna…

Cuando se habla de niños robados, no estamos ante casos aislados. Esto es una trama.

Es una trama. Lo dijo muy bien un parlamentario catalán en el Parlament de Catalunya: estamos ante la adopción a la española. Adopción a la española es que tu querías adoptar a un niño y había mafias con finalidades económicas que te ofrecían darte un bebé conseguido ilegítimamente e inscribirlo como propio de manera irregular. Ya no solo era adoptar sino que había un entramado, normalmente con presencia de religiosos y algún abogado o médico, con los que podías pactar a la carta para "conseguir", literalmente, un niño. Ahora la gente que quiere un niño acude directamente a la adopción internacional o a las técnicas de reproducción asistida. Entonces, desde los cincuenta hasta incluso los noventa, casi siempre se acudía a un cura o una monja para conseguir la adopción. Estas operaciones se nutrieron precisamente de hijos de "pecadoras" a las que se les sustrajo sus niños y con los que se movió grandes cantidades de dinero.

Instalada la democracia en España, ¿se continuó con este régimen de adopción privada?

El tráfico de niños para ser adoptados se mantuvo mientras la adopción era privada y el origen del niño no era controlado por el Estado. Era un acuerdo entre el dueño de una clínica y entre los padres que lo querían adoptar. El Estado solo comprobaba la idoneidad de los padres para adoptar pero no el origen del bebé. El origen del bebé quedaba en manos de un médico o una madre superiora y vete tu a saber si ese bebé fue entregado, robado o qué pasó. Además, hasta el año 1999, la madre biológica podía no constar en el certificado de nacimiento, con lo cual si se robaba o se coaccionaba a la madre, no se ponían los nombres de la madre en la partida de nacimiento y el Estado se fiaba del certificado de la monja que decía que el bebé había sido abandonado.

En 1987 dejó de ser un negocio puramente privado con la modificación de la Ley de Adopción y a partir de ahí se fue diluyendo. De hecho, la democracia no es la que acaba con el tráfico de niños; acaba con ello el legislador que en 1987 reconoció que la ley promovía ese tráfico. A partir de ese año comenzaron a crearse organismos públicos que son los que controlan el origen del bebé y desde entonces es mucho más difícil conseguir bebés de estraperlo.

¿El caso de los niños robados es exclusivo del Estado español?

No. Yo me atrevería a decir que es un caso exclusivo de aquellos lugares donde impera una moral católica como caldo de cultivo con un gran poder de esta Iglesia en la sociedad. Un poder que ha favorecido que las madres que se quedaban embarazadas menores de edad y fuera del matrimonio fuesen consideradas poco menos que pecadoras. Estaban marcadas por una sociedad estigmatizadora en la que entregar a los niños se revestía de labor social. Pero ese auxilio social acababa convirtiéndose en negocio. Eran prácticas basadas en una moral católica mal entendida. Ha pasado en Irlanda, en Polonia, en Chile, en Argentina, en Suiza y hasta tenemos alguna noticia de Canadá.

Ya antes de la aplicación estrictamente moral, durante la dictadura franquista hubo una primera época de desalojo legal de niños por motivos claramente políticos.

Si, durante los años 40 y 50, después de la Guerra Civil, a los hijos recién nacidos de las mujeres republicanas, anarquistas y comunistas encarceladas, les quitaban los bebés legalmente. El psicólogo del régimen, Antonio Vallejo-Nájera, que había estudiado en Alemania, pensó que había que limpiar el "gen rojo" del país. Se dictó una orden ministerial que establecía a los hijos de republicanas la consideración de hijos abandonados. Y ahí empezó el desalojo de los niños de las presas, bajo cobertura legal y con la premisa de la limpieza étnica.

Sobre las investigaciones judiciales actuales, sorprende la negativa de los tribunales españoles a realizar actividades probatorias en profundidad. ¿Cuál cree que es el principal escollo en este caso?

No entiendo por qué no hay ganas de investigar. No sé si hay presiones de algún tipo o no interesa que esto salga a la luz, pero en un estado como el nuestro es impensable. La justicia ha actuado muy laxamente. No hay apenas juicios y hay tres mil denuncias por investigar que se archivan al considerarse que los hechos han prescrito. Es la batalla que tenemos ahora mismo. Hemos llegado a 2018 con un único juicio, el caso de Inés Madrigal, y algunas víctimas ya se están dirigiendo a organismos internacionales.

Usted defiende en su obra la necesidad de plantearse el papel de los servicios sociales en la actualidad, pues podrían estar contribuyendo a la perpetuación del tráfico de bebés, si bien desde una perspectiva legalista. ¿A qué se refiere con eso?

Es un tema muy delicado en el que habría que profundizar en un libro independiente. Los servicios sociales tienen la obligación de proteger al menor y el menor en peligro tiene que ser salvado de ese peligro. Ahora bien, el problema es que se ha creado una infraestructura en un sistema público en que los servicios sociales tutelan menores a veces con exceso de celo tras detectar situaciones de riesgo en su entorno familiar y se les separa por la fuerza de sus familias biológicas. Hablo de situaciones por las que el menor en realidad no tiene un riesgo tan grande para su salud física o psicológica. Esta decisión la toma un técnico de los servicios sociales que no es un juez; es una decisión tomada por un funcionario que es parte de la Administración.

Se puede abrir un mecanismo muy peligroso y en la actualidad yo puedo decir que ha habido retiradas de menores injustificadas

Separar a un niño de su familia sin la seguridad jurídica de que todas las partes comparezcan con su abogado, con el médico forense, con el psiquiatra forense, con el juez, con el fiscal… para tomar una decisión tan grave, me parece un defecto del sistema. Se puede abrir un mecanismo muy peligroso y en la actualidad yo puedo decir que ha habido retiradas de menores injustificadas totalmente. Y posteriormente recuperar a ese niño es muy difícil porque el afectado tiene que acudir a un juez a posteriori y el proceso judicial puede durar hasta tres o cuatro años.

He encontrado casos absolutamente grotescos de familias a las que les habían quitado los niños y finalmente, después de una batalla judicial de cinco años, les han dado la razón y han decretado que nunca habían de haber salido de su entorno familiar. Con ese niño ya criado por la familia acogedora, se produce la aberración de que al niño no se le devuelve porque ya ha cogido el afecto filial con aquellos que le estaban atendiendo. Es un sistema que produce auténticos dramas, muy inseguro. Estas actuaciones de los actuales servicios sociales, en cierta medida y en algunos casos, me recuerdan a ese robo de niños. Pero también digo que es indudable que tienen que existir los servicios sociales. Porque también he visto niños violados, quemados, desnutridos y abandonados por sus propios padres.