El Decreto Ley 16/2019 de la Generalitat de Catalunya ha abierto la caja de Pandora para crear solicitudes de instalaciones solares y de energía fotovoltaica. La normativa, que pasa por encima de otras legislaciones urbanísticas y naturales, ha generado un alud de proyectos en Catalunya, especialmente en terrenos en suelo rústico, más barato que el industrial, y en zonas despobladas, lejos de las áreas de consumo energético. Al divisar la posibilidad de negocio, las empresas y fondos de inversión han desembarcado en este ámbito, ofreciendo a los agricultores hasta 1.300 euros por hectárea, cifra que multiplica por seis lo que cobrarían por los terrenos de cultivo. El boom ha provocado que ya existan 424 proyectos de instalaciones solares previstos en Catalunya, según los datos que maneja el sindicato Unió de Pagesos.

Las entidades en defensa del territorio denuncian que las iniciativas "destrozan el entorno" porque no respetan el impacto ambiental. De hecho, algunos de los afectados por la concentración de aerogeneradores de energía eólica y de placas solares se han unido en una plataforma para alertar sobre "el crecimiento de los polígonos industriales de generación eléctrica".

Abrir un debate general sobre la viabilidad del mundo rural y la necesidad de proteger las fincas agrícolas productivas. Esa es la propuesta del sindicato agrario Unió de Pagesos (UP). Después de que se "haya abierto la veda a las empresas energéticas, ha llegado el momento de la regulación", asegura el responsable de desarrollo rural de UP, Josep Carles Vicente. El sindicato quiere instalaciones de energías renovables más reducidas, que aprovechen los tejados de los polígonos para no continuar desgajando el territorio.

Democratizar la energía territorial

El modelo que reivindica UP se basa en instalaciones más pequeñas, que potencien el autoconsumo, y que impliquen a los habitantes del territorio donde se sitúe la placa solar o el parque eólico. Para ello, reclama que la inversión la asuman las entidades locales y las administraciones públicas. En vez de crear nuevos espacios, el sindicato plantea la necesidad de aprovechar los tejados de los edificios de las zonas urbanizables, de forma que el punto de generación esté lo más cerca posible del de consumo.

Actualmente, las empresas y fondos de inversión han demandado más de 700 hectáreas para proyectos de centrales solares y más de medio centenar de solicitudes para parques eólicos. Vicente reclama "controlar las burbujas de especulación agrarias y que el territorio pueda decidir sobre su gestión". En este sentido, recuerda que existen zonas rurales que son grandes productoras de energía que luego no reciben ningún beneficio ni por el impacto medioambiental ni por ventajas en el consumo. "Es necesario democratizar la energía territorial", sugiere Vicente.

Los agricultores lamentan que el modelo de concentración y de expansión de instalaciones de energías renovables en suelo rural no urbanizable, promovido por empresas y fondos de inversión, tenga consecuencias en las fincas agrícolas, los sistemas de riego o daños irreversibles en el paisaje. Por esta razón, exigen a la Generalitat que antes de autorizar una iniciativa "analice las afectaciones de los espacios agrarios".

Rascacielos de interés público

El citado decreto facilita que la instalaciones se asienten en suelos rústicos. El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (Gepec) denuncia que "los proyectos suponen destrozos en el territorio". Por eso, ha presentado una decena de informes técnicos para pararlos judicialmente. El técnico de Defensa Ambiental de la Gepec, Joan Ramon Mendo, señala que, además de las afectaciones en la flora y la fauna, las recogidas por el impacto paisajístico resulta brutal. "Son aparatos de más de seis MW, ya que la ley no limita la altura ni la potencia, que son como rascacielos".

Mendo precisa que el alud de proyectos que está analizando la entidad proceden de empresas como Naturgy, Gamesa, Nordex, Green Capital Power, Energía de Portugal, sociedades pantalla de estas compañías o fondos de inversión. Asegura que estas se aprovechan de las lagunas jurídicas, ya que las instalaciones de más de 50 MW se tienen que tramitar a nivel estatal. "Trocean los proyectos y presentan cuatro de 40 MW, intentando beneficiarse de que las normativas autonómicas son menos rígidas".

La cifra de casos crece de tal manera, que entidades como la Gepec se han visto desbordadas para estudiar con detalle la pertinencia de los proyectos. Solo en la zona de Tarragona y Terres del Ebro se contabilizan más de una veintena. "La normativa anterior establecía unas Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP), que ahora han desaparecido con el decreto ley, y no puedes gestionar el impacto ambiental porque te puedes encontrar a cuatro o cinco promotores interesados en una misma instalación".

Las ventajas económicas que ofrece el suelo rústico respecto al industrial y la viabilidad técnica que permite colocar muchos aparatos a un precio bajo son dos de los factores que impulsan a estas firmas a apostar por este negocio. "No es necesario ni que compren el terreno porque la actividad se considera de interés público". Mendo añade que la burbuja del ladrillo se ha trasladado ahora a las energías renovables. "A través de sociedades pantallas, desembarcan en zonas despobladas como la Segarra o l’Anoia y sin ningún tipo de proceso participativo, sobre el que puedan decidir los habitantes del territorio, crean instalaciones eólicas incluso en zonas de la Red Natura 2000 porque la normativa se lo autoriza".

Frente común del mundo local

Gepec denuncia que algunos proyectos ubicados en el mismo terreno se tramitan de forma simultánea a través de las administraciones autonómicas y estatales. Por eso, aboga por iniciar un frente común de ayuntamientos y entidades vecinales y sociales para frenar la avalancha de iniciativas y consensuar soluciones para que la generación de energía eléctrica se realice lo más cerca posible de los puntos de consumo, logrando reducir el impacto ambiental sobre la biodiversidad y minimizando los daños al paisaje. La reacción se produce en un contexto de crisis climática y de transición hacia un nuevo modelo energético. Este impasse lo utilizan determinados actores para extender un modelo especulativo precisamente en zonas donde más se deberían proteger los valores asociados al paisaje y al entorno natural.