El concierto entre el Estado y Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, finaliza este año. Previsiblemente, se negociará un nuevo acuerdo, aunque esta situación pone sobre la mesa el debate de si el Estado debe pagar a sus trabajadores un seguro sanitario privado.

Las organizaciones en defensa de la sanidad pública advierten de que estas mutuas son un elemento distorsionador en el sistema sanitario público, un factor importante de desigualdad y una fuente de derivación de fondos públicos.

Por otro lado, suprimir las mutuas podría suponer una posible vulneración de los derechos adquiridos y, además, cabría la posibilidad de que el Sistema Nacional de Salud no tuviera la capacidad de absorber la demanda debido a su paulatino deterioro.

Desde Sumar presentaron una propuesta programática en la materia en abril de 2023, pero el asunto no se ha vuelto a retomar. Puede que el final de este concierto reabra el debate en los próximos meses.