Un empresario de Jaén, bajo sospecha por la desaparición de dos migrantes que le demandaron mejores condiciones laborales

La Unidad Central Operativa (UCO), dependiente de la Guardia Civil, investiga las propiedades de un empresario de Villacarrillo, localidad de Jaén, por la desaparición de un trabajador senegalés de 35 años llamado Ibrahima Diouf. El rastro del jornalero se perdió el 5 de enero de 2021.

Los efectivos han inspeccionado el garaje del patrón, Ginés Vicente López, de 53 años, donde algunos testigos han escuchado golpes, según recoge el diario Hora Jaén, para localizar posibles agujeros o pozos en el interior del lugar. El juzgado de instrucción número uno de Villacarrillo se ha hecho cargo del caso.

Según relatan a las unidades algunos compañeros del desaparecido, Diouf se encontraba en el municipio andaluz para comenzar la temporada de recogida de aceitunas. Sin embargo, tenía previsto dejar su puesto por las malas condiciones y trasladarse a Cartaya (Huelva), donde ya se había dedicado a la recolecta de naranjas. El empresario fue la última persona que estuvo con él antes de la desaparición. 

Otro desaparecido y unas orejeras con ADN

No es el primer caso con las mismas características que rodean a Ginés Vicente. El 17 de diciembre de 2013, Tidiany Coulibaly, de 22 años y procedente de Mali, desapareció sin que a día de hoy se conozca su paradero. Antes de desaparecer tuvo una discusión con el patrón, al que le reclamaba mejores condiciones laborales; concretamente, regularizar a los jornaleros y otorgarles un salario digno. 

El patrón les pagaba menos de 30 euros por día cuando el convenio establecía 50 euros

El dueño les pagaba entre 20 y 30 euros por día cuando el convenio en ese momento establecía 50 euros. El propietario estuvo en el punto de mira ya que en una de sus fincas encontraron unas orejeras que pertenecían al joven jornalero y que tenían restos de ADN de Vicente.

Intentó sortear a la Justicia chantajeando a una pareja que regentaba un local de su propiedad para que testificaran a su favor e indicaran que le habían visto el día de la desaparición del migrante en un momento en el que no tenía coartada. A cambio les ofreció perdonarles la deuda del local. Lo rechazaron.

Acabó condenado a dos años y medio de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores, pero fue absuelto del delito de secuestro por falta de pruebas. En ambos casos, los compañeros de los desaparecidos han explicado a los agentes que los jornaleros habían discutido con el empresario, a quien reclamaban mejores condiciones de trabajo.