"El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda, capaz de construir y gestionar vivienda desde la Administración General del Estado". Pedro Sánchez ha cerrado con este "anuncio" el Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Un anuncio "importante", si preguntas en Ferraz; pero que "genera muchas dudas", dicen los colectivos sociales. "Tenemos que pasar de las declaraciones a los hechos; medidas en materia de vivienda se han prometido muchas, pero no ha aumentado la inversión ni se han utilizado los activos del Gobierno para impulsar el parque público", señala Jaime Palomera, investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA). El Ministerio de Vivienda no ha precisado de momento más detalles. 

Sánchez ha presentado el plan como una suerte de respuesta a los "ataques" que recibe la Ley de Vivienda, aprobada –entre críticas– hace poco más de un año. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, considera que el PSOE sólo busca "un titular electoralista" y pide más pasos en firme para demostrar lo contrario: "Esto por ahora son palabras vacías. Tenemos que ver si el Gobierno se atreve, por fin, a tomar medidas contundentes ante la crisis que vivimos y que ellos mismos, en parte, han provocado. Si las normas del juego no cambian, esta nueva agencia, por mucho que sea pública, acabará funcionando como un gran tenedor más". El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez se ha limitado a decir que "la empresa se incorporará como un gran instrumento a la política de vivienda" llevada a cabo por el Ejecutivo.

El líder de los socialistas, reelegido este fin de semana con el 90% de los votos, tampoco ha detallado cómo será la relación entre la nueva compañía y el resto de administraciones. Las comunidades y los ayuntamientos tienen parte de las competencias en materia de vivienda, un "hándicap" que puede ralentizar el crecimiento del parque público en los términos previstos. "El Gobierno, hasta ahora, tenía un problema, y es que cedía suelo a las empresas autonómicas y municipales para que desarrollasen sus proyectos, pero no todas colaboraban. La creación de una empresa a nivel estatal rompe con este esquema y le permite al Estado construir y gestionar en sus propios terrenos", insiste Eduardo González de Molina, profesor y autor del artículo Colaboración público-comunitaria: una nueva solución para generar más vivienda asequible. 

España tiene ahora mismo 150 empresas públicas de vivienda: 17 autonómicas y el resto, locales. "El problema es que, entre todas, gestionan sólo 300.000 viviendas; es decir, el 1% del parque total. La cifra es ridícula", continúa el también investigador. La media europea ronda el 9,3%. "La solución pasa por competir con las promotoras existentes; hacerlo desde el sector público. Esta es una cuestión que lleva mucho tiempo encima de la mesa, pero no podemos cometer el error de utilizar la vivienda financiada con recursos del Estado para venderla luego en el mercado, como hizo la Sareb", denuncia Jaime Palomera. El 43% de las casas que pertenecen al banco malo, también de titularidad pública, siguen vacías.

"A tenor de sus declaraciones [las de Pedro Sánchez], entendemos que la voluntad del Gobierno central es disponer de una herramienta que le permita impulsar y promover de forma directa la construcción de vivienda social, y luego, gestionarla a perpetuidad. Si la propuesta se materializa en estos términos, es una buena noticia y puede sentar las bases para sofocar el problema de la vivienda a medio y largo plazo. Insistimos, a medio y largo plazo, porque los procesos son largos y los resultados no se notarían hasta futuras legislaturas", advierte Jon Bakaikoa, portavoz del área de Vivienda del think tank Ideas en Guerra. La Sareb se reformula en su momento para promover, según el papel, alquileres a precios asequibles, aunque realmente "se comporta como un fondo buitre más". La sociedad, en cualquier caso, tiene fecha de caducidad: 2027, justo cuando termina el cuarto mandato de Pedro Sánchez.

¿La desaparición del ‘banco malo’?

El timing es caprichoso. El Gobierno de Pedro Sánchez debe decidir en poco más de tres años sobre el futuro de la Sareb. Las opciones son claras: disolverla o prorrogar su duración. La creación de una nueva empresa estatal para "construir y gestionar" vivienda pública podría despejar estas incógnitas. "La Sareb no es el instrumento habilitado o pertinente para este propósito. Lo lógico sería apostar por su desaparición y que todos sus activos –tanto suelo como viviendas–, pasaran a formar parte de esta entidad pública. La empresa, de esta manera, tendría pisos construidos para poner en alquiler y también solares públicos donde desarrollar promociones sin depender de la colaboración de otras administraciones", recalca Eduardo González de Molina. 

"Si esta empresa viene para gestionar y malvender suelo público y vivienda pública... para eso ya tenemos a la Sareb. Llevamos diez años sosteniéndola con nuestros impuestos y, aún así, se atreve a ordenar desahucios casi a diario. Esta agencia no va a tener sentido si no sirve para sacar la vivienda del mercado", denuncia Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Los colectivos sociales coinciden a la hora de señalar el "fracaso" del banco malo como agente dinamizador y consideran que el traspaso de sus activos puede ser "una oportunidad de oro" para agilizar la puesta en marcha de la nueva empresa, sobre todo en las zonas tensionadas. El Gobierno de coalición aumentó la inversión en vivienda hasta situarla en torno al 0,3% del PIB, todavía lejos de la media europea, que ronda el 1%.

La pelota, en el tejado de las comunidades

La OCDE publicó recientemente una investigación que confirmaba que el 14% del parque de vivienda protegida en los países miembros estaba promovida y gestionada por empresas estatales. Dinamarca, Nueva Zelanda, Malta, Eslovenia o Canadá marcan los pasos a seguir en este asunto. "Tenemos ejemplos que avalan que esto no es ninguna ocurrencia. La mejor forma de desarrollar este modelo pasa por combinar una empresa estatal con otras autonómicas y locales, para superar el objetivo del millón de viviendas de protección oficial. Es una manera también de presionar a las comunidades, porque una sola empresa no puede gestionar un millón de inmuebles", reconoce González de Molina.

Las partidas presupuestarias de los próximos años serán cruciales para impulsar el parque de vivienda pública. "La situación habitacional es el gran problema de los españoles y este anuncio [el de una nueva empresa estatal] no puede servir para dejar de actuar en otros sentidos; hace falta promover los contratos indefinidos, acabar con las bonificaciones fiscales y prohibir la compra de vivienda con fines no residenciales", desliza Jaime Palomera. Eduardo González de Molina suscribe esta propuesta y sentencia: "Una gran empresa pública no va a solucionar de inmediato la crisis inmobiliaria, pero es que llevamos 45 años de retraso; casi medio siglo sin desarrollar el artículo 47 de la Constitución. Si no impulsamos una gran empresa pública, nuestros hijos van a arrastrar los mismos problemas que nosotros".