El número de pozos sellados desde el pasado domingo por los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por captación ilegal de agua en el entorno de Doñana (Huelva) ascienden a 65 de los 77 sancionados, según ha informado este sábado el Ministerio para la Transición Ecológica.

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), prosiguen así con las tareas iniciadas el 28 de julio como parte del operativo para ejecutar la sentencia que obligaba al cierre de estos sondeos sin concesión, situados en monte público de Lucena del Puerto (Huelva).

Los trabajos continuarán durante los próximos días con el cierre del resto de pozos ilegalizados por la Justicia y el sellado de dos balsas de acopio y distribución, de acuerdo con la nota oficial.

La CHG está dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictada en 2017, que obligaba al Ayuntamiento lucenero a la inutilización de estos sondeos y, en caso de no ejecutarse, al cierre subsidiario por parte del organismo de cuenca.

El dictamen, contra el que no cabe recurso, supone el fin a un proceso sancionador iniciado por la CHG en 2013, tras una denuncia de la Guardia Civil que motivó un expediente de infracción, resuelto por el organismo de cuenca desde 2014.

En la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía constató que los 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto se encuentran fuera de suelo agrícola regable (SAR) determinado por el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana de la Junta de Andalucía.

El fallo judicial también evidenció que estos sondeos se ejecutaron sin la concesión de la CHG para la captación de sus aguas.

De forma paralela al trabajo de inspección y control de las captaciones de agua en el entorno de Doñana, el organismo de cuenca trabaja para regularizar los derechos de la Comunidad de Regantes del Condado y del Fresno, y ultima la tramitación para la declaración de La Rocina, Almonte y Marismas como "masas de agua subterránea, en riesgo de no alcanzar el buen estado".