Devolución de menores migrantes El Gobierno inicia los trámites para devolver a 23 menores marroquíes tutelados por Madrid
Una delegación del reino alauí está en la Comunidad de Madrid realizando entrevistas a los jóvenes tutelados considerados susceptibles de retorno. El Gobierno ha sacado del cajón un acuerdo de 2007 que entró en vigor en 2013 y que nunca se había usado. Las ONG exigen que se respeten las garantías y el interés superior del menor antes de enviarlos de vuelta.
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madrid, Actualizado:
En plena campaña electoral, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha dado el primer paso serio del camino que llevaba meses transitando: la devolución de menores marroquíes tutelados en España a su país. El Gobierno está llevando a cabo entrevistas a 23 menores marroquíes no acompañados que se encuentran acogidos o tutelados por la Comunidad de Madrid, con el objetivo de proceder a su identificación y "eventual" inicio del correspondiente procedimiento de repatriación al país alauí.
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Así consta en una comunicación fechada el pasado 16 de abril por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, remitida a la Dirección General de la Familia y el menor de la Comunidad de Madrid, ya que la atención y acogida de los menores que migran solos a España es competencia de las comunidades autónomas.
El aumento de llegadas de menores migrantes solos, etiquetados administrativamente como Menores Extranjeros no Acompañados (Menas), ha sido constante desde hace años y, el pasado año, provocó que las comunidades autónomas que más menores reciben alzaran la voz ante la falta de recursos públicos para atenderos. Andalucía, Ceuta o Melilla pusieron sobre la mesa la idea de la devolución, sobre todo de los marroquíes, los más numerosos. Según datos del Ministerio del Interior, a cierre de 2018 había más de 9.500 menores marroquíes solos en España de un total de alrededor de 14.0000 menores migrantes. Tras meses de conversaciones y con 140 millones de euros de Bruselas inyectados en el presupuesto marroquí para la lucha contra la inmigración ilegal, el reino alauí ha empezado a responder a las demandas españolas.
En la comunicación, la Comisaría de Extranjería y Fronteras sostiene que estas actuaciones se llevan a cabo en virtud del acuerdo entre España y Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, que data del 6 de marzo de 2007, si bien entró en vigor en 2013, aunque por lo general no se aplica.
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En esta notificación, Interior informa de que los días 22, 23 y 24 de abril está prevista la presencia de una delegación marroquí, con autorización del Ministerio Fiscal, al objeto de realizar "una serie de entrevistas a 23 menores marroquíes" que están en diferentes centros de protección de la Comunidad de Madrid. Dichas entrevistas se están llevando a cabo por la mañana en la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Madrid.
Fuentes del Ministerio del Interior han precisado que la entrevista tiene "únicamente" el objeto de la identificar a los menores, y se realiza "desde el pleno respeto del menor y respetando su interés superior. Eso sí, estas mismas fuentes han incidido en que el proceso de identificación los lleva la Fiscalía de Menores, que es el organismo que evaluará "uno a uno" cada caso y se hará de manera "totalmente garantista".
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Sin presencia de un abogado
De acuerdo a la notificación remitida, en cada entrevista estará presente la delegación alauita, el menor, el educador, un fiscal de menores y un intérprete. A los educadores les emplaza a aportar "originales y copias de toda la documentación de los menores". Lo que no especifica la notificación es si los menores cuentan un abogado que vele por el respeto del interés superior de los chicos. "La única garantía que ha demostrado su eficacia, independencia, y validez en la representación del interés superior de los menores es la designación de un abogado especialista en extranjería independiente, sea del turno de oficio, sea de ONG dedicadas a esta labor", sostiene la Asociación de Abogados Extranjeristas, que desconfía "por experiencias pasadas" de que este proceso se lleve a cabo respentando los derechos del niño. "La función de este abogado es entrevistarse con ese menor y preguntarle si quiere o no ser deportado, y si dice que no quiere – que es lo más normal en personas que se han jugado la vida para llegar a donde están – oponerse con todas sus fuerzas y ante todas las instancias posibles que no se le expulse ni se le deporte", precisa esta organización de letrados.
En reiteradas ocasiones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaka, ha afirmado que la intención del Gobierno español y el marroquí proceder a la devolución al país alauí de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a España "siempre en términos de seguridad" para ellos.
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Según el acuerdo firmado entre España y Marruecos, la decisión del retorno del menor a su país de origen debe hacerse "con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño".
España y Marruecos se comprometen a colaborar para garantizar en cada caso "las condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela", entre otras condiciones.
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Desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, han avanzado que van a impugnar esta decisión ante la Fiscalía para que "se paralicen estas deportaciones indistintamente del citado acuerdo que no había sido activado previamente".
Esta entidad ha denunciado que las entrevistas se están celebrando "sin suficientes garantías", al tiempo que han ofrecido a las ONG que están en el sistema de protección a la infancia "un sistema para hacer viable que tengan la mejor ayuda jurídica y elegida por los propios menores".
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En declaraciones, el director general de la Red, Rafael Escudero, ha expresado su "sorpresa" ante esta decisión del Gobierno socialistas de Pedro Sánchez a muy pocos días de la convocatoria electoral. En este sentido, le ha acusado de estar asumiendo posturas "impropias de un gobierno progresista" y "que parecen calcadas del programa de VOX".