Delito contra inmigrantes irregularesDetenidos cinco miembros de una red criminal por explotar a trabajadores agrícolas extranjeros en Valladolid

La Policía Nacional ha desarticulado en Valladolid a un grupo criminal dedicado a la explotación laboral, con la detención por el momento de cinco personas que habían constituido una red que explotaba y retenía contra su voluntad a trabajadores extranjeros para faenar en labores agrícolas.

La operación, denominada Alhucema debido a que buena parte de las víctimas y de los detenidos procedía de Marruecos, se inició en noviembre de 2019, cuando uno de los afectados que residía en Valladolid y se encontraba en situación irregular consiguió escapar de la trama y denunció lo que le ocurría.

La víctima narró a los agentes cómo la red criminal retenía a la fuerza a extranjeros, obligándoles a trabajar en el campo en jornadas 'maratonianas' y sin descansos. Declaró haber sido aislado en un domicilio, donde al llegar fue privado de su pasaporte. Como salario por su trabajo recibía "pequeñas propinas" mientras vivía "bajo una amenaza constante por su situación de irregularidad administrativa", según fuentes policiales. 

La investigación rebeló la existencia de cierta cobertura legal bajo la que se amparaba la red de explotación, al proyectar "una mínima parte" de su negocio hacia una sociedad mercantil con trabajadores agrícolas españoles y bien pagados, con quienes cumplían sus obligaciones laborales y tributarias. Esto, informa la Policía, "enmascaraba una contratación masiva" de trabajadores en situación irregular, con salarios prácticamente inexistentes y jornadas totalmente ilegales.

Explotación laboral y falsedad documental

De este modo, las empresas de la trama obtenían un beneficio económico "del 100 por ciento", que no era la única de sus fuentes de ingresos; también tramitaban la documentación para regularizar la situación de inmigrantes, a los que cobraban entre 250 y 3.000 euros por elaborar contratos laborales o empadronamientos ficticios, altas en la Seguridad Social fraudulentas o contratos de alquiler de vivienda falsos.

Operaban incluso con clientes que residían fuera de España y trataban de conseguir el visado de entrada al territorio nacional. Por ello, contra los cinco detenidos no solo se han interpuesto cargos de pertenencia a grupo criminal o contra los derechos de los trabajadores, también se les acusa de delitos contra la seguridad social y delitos por falsedad documental. La operación ha sido realizada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Valladolid y Brigada Central de Trata de Seres Humanos, de la Policía Nacional.