La Policía Nacional ha detenido a 22 integrantes de la organización ecologista Futuro Vegetal en varios puntos de España y les ha acusado de formar parte de una supuesta estructura criminal, a pesar de ser un grupo de activistas que, en los últimos años, han organizado protestas pacíficas y acciones de desobediencia civil. 

La Policía Nacional considera que las acciones de protesta, la mayoría de ellas actos llamativos que se difunden en redes, son hechos delictivos. En concreto, las autoridades hablar de 65 delitos. Entre los que se cita, destaca el lanzamiento de zumo de remolacha a la fachada del Congreso de los Diputados, el acceso a las pistas de aterrizaje de los aeropuertos de Ibiza y Adolfo Suárez Madrid-Barajas para denunciar el impacto climático de la aviación, o las protestas en el Museo del Prado.

La Policía acusa a los activistas de haber provocado daños valorados en 500.000 euros con sus acciones de desobediencia. En el caso de la protesta frente al Congreso de los Diputados, en un primer momento se atacó mediáticamente a los activistas por haber empleado pintura que podría haber dañado la fachada de un inmueble protegido, sin embargo, los ecologistas emplearon una suerte de líquido degradable compuesto por agua y remolacha que fue fácil de limpiar y que no causó daños.

La Policía ha analizado las cuentas de Futuro Vegetal y estima que en el último año la organización recibió 140.000 euros en donativos, un dinero que, según el informe publicado, fue empleado para coordinar los diferentes actos de protesta. 

La investigación policial, que arrancó hace un año, habla de una organización "criminal" compuesta por un "elevado número de integrantes" y dirigida por tres líderes que presuntamente repartían las tareas. Se acusa también a Futuro Vegetal de haber tenido contacto con otros movimientos ecologistas fuera de España y de haber participado en el sabotaje de una gasolinera en Francia el pasado mes de septiembre.

La investigación policial

La Policía Nacional comenzó a investigar a Futuro Vegetal en enero de 2022, después de que varios activistas lanzaran pintura contra la fachada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en Madrid.

Desde entonces, los miembros de este colectivo han actuado en, al menos, otras 65 ocasiones en otros puntos de España hasta causar daños valorados en medio millón de euros, sin contar con los desperfectos causados al patrimonio artístico.

Los 22 arrestados han pasado a disposición judicial como presuntos autores de delitos de pertenencia a una organización criminal, daños, daños contra el patrimonio histórico, contra la seguridad vial y del tráfico aéreo, atentado a agente de la autoridad y desórdenes públicos.

No es la primera vez que el Estado señala a estos activistas. En la memoria anual de 2022 de la Fiscalía General del Estado se les incluía, junto al colectivo Extinction Rebellion, dentro del apartado de "terrorismo" y se les catalogaba como "ecologismo radical". Una decisión que fue rectificada después de las protestas de las principales organizaciones conservacionistas del país.