Imaginemos una situación: la expulsión inmediata de todos los extranjeros que viven en España. ¿Qué pasaría en términos económicos si esto ocurriese? ¿Cuál sería el impacto de una medida tan extrema como anhelada por muchos españoles? El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, lo tradujo en números en su último informe anual (2019). La conclusión es muy ilustrativa: si los ocupados extranjeros abandonaran mañana mismo nuestro mercado laboral, el nivel de empleo de la economía caería a los 16,7 millones de ocupados, un 20% por debajo del nivel de empleo alcanzado antes de la crisis económica. Aun ocupándose entonces todos los puestos de trabajo vacantes por parados de nacionalidad española, el mercado laboral quedaría por debajo de los 19,5 millones, un nivel de empleo inferior al actual, y casi de un 10% por debajo de su valor máximo.

El dato que aporta Fernández Marugán es solo un ejemplo de lo inviable que sería España hoy si cerrase sus fronteras. ¿Y si el colectivo migrante, tan denostado y discriminado, es más bien la solución y no un problema para el futuro del país? Las estadísticas oficiales y las proyecciones de especialistas y de organismos internacionales (demografía, mercado laboral, pensiones, etc.) dan cuenta de una (incómoda) realidad: España necesita que sigan llegando muchos migrantes para tener sustentabilidad y crecimiento.

Primer dato irrefutable, el demográfico. Según las Cifras de Población (julio 2020) de Estadística de Migraciones, la población de España aumentó en 18.953 personas durante la primera mitad del año pasado y se situó en 47.351.567 habitantes. El saldo migratorio positivo de 113.856 personas compensó, en parte, el saldo vegetativo negativo de 94.057 personas, 167.559 nacimientos, frente a 261.616 defunciones.

En concreto: el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de la población de nacionalidad extranjera, ya que la de nacionalidad española se redujo. El número de extranjeros aumentó en 99.183 personas durante el primer semestre de 2020, hasta un total de 5.326.089. Por el contrario, la población de nacionalidad española se redujo en 80.230 personas.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (datos de 2020), los mayores de 65 años representan casi el 20% de la población total, cerca del doble, en términos porcentuales, que hace 50 años. El porcentaje se incrementa año a año. Las previsiones de este organismo estatal es que para 2070, esa misma proporción de personas mayores de 65 años será del 30%.

¿Cuáles son las consecuencias económicas de una estructura demográfica envejecida? Fernández Marugán lo explica de forma sencilla: "Por un lado, a medida que la pirámide poblacional se erosiona por la base, como consecuencia de una prolongada caída en la fertilidad, la fuerza laboral se reduce. La reducción de la fuerza laboral debilita el potencial de crecimiento de la economía, que se enfrenta a una escasez importante de mano de obra en algunas regiones y/o segmentos del mercado de trabajo". Y agrega: "En este contexto de envejecimiento y disminución de la población en edad activa, la negativa evolución de la estructura demográfica en España y en la mayor parte de países europeos parece haberse aliviado gracias a la incorporación de población proveniente del exterior, un fenómeno habitualmente conocido como migración de sustitución o reemplazo".

El Defensor del Pueblo subraya que la migración mitiga el envejecimiento debido a que la población recién llegada es más joven que la española, reforzando los tramos medios de la pirámide poblacional.

"El 60% de los 4,4 millones de nuevos activos incorporados al mercado laboral desde el inicio de los 2000 proviene de la incorporación de población extranjera en edad laboral, con tasas de actividad mucho más elevadas que las españolas. Para que la economía crezca se necesita capital humano. Nuestra evolución demográfica es insuficiente. Desde el año 2002, la población en edad de trabajar nacida en España se ha reducido en más de 860.000 personas, mientras que la nacida en el extranjero ha crecido en casi 3,7 millones", concluye.

Según las estadísticas oficiales de Migraciones, ocho de cada diez extranjeros se encuentran en la franja de edad central, correspondiente al segmento con edades para trabajar (16 a 64 años), un 6% han cumplido ya los 65 años y un 14% está integrado por menores de 16 años.

Poblar el vacío

Los migrantes están rejuveneciendo y dinamizando la España rural. Así se desprende del último estudio de la Fundación Bancaria La Caixa, que señala que la población rural extranjera ya supera el 10% en 21 provincias, siendo del 16% en la franja entre los 20 y los 36 años.

La incidencia de los migrantes en la España vaciada es altísima al compararla con la de hace 20 años. En 2001, sólo siete provincias españolas superaban el 5% de población migrante. Hoy ese porcentaje lo rebasan 43 provincias.

La crisis de 2008 –reza el informe– frenó los flujos migratorios y la llegada de migrantes a las zonas rurales, aumentó la marcha de los jóvenes a las urbes y congeló las reagrupaciones de familias extranjeras. Sin embargo, desde 2017 las llegadas al medio rural vuelven a superar a las salidas, por lo que los saldos migratorios vuelven a ser positivos.

"La población de origen extranjero fue la protagonista principal de esta recuperación demográfica. Los autóctonos tuvieron un papel secundario", afirman los investigadores Luis Camarero (UNED) y Rosario Sampedro (Universidad de Valladolid), responsables académicos del trabajo.

En definitiva, "la población de origen extranjero es el principal antídoto contra el envejecimiento y resulta esencial para la preservación de la actividad en la España rural". Un dato que lo corrobora: durante la primera década de este siglo XXI, dos tercios del saldo migratorio hacia las zonas rurales son de población extranjera.

El informe de La Caixa culmina con una tajante conclusión: "La población de origen extranjero está todavía ausente del imaginario social sobre el medio rural, pero es seguro que ganará protagonismo porque es, hoy por hoy, un elemento clave en la sostenibilidad de la España rural".

Sostener las pensiones

Según los cálculos del Gobierno de Pedro Sánchez, España necesita de la llegada de una media anual de 270.000 migrantes hasta 2050, lo que representa un total de más de 8 millones de personas de otras naciones en las próximas tres décadas. Sus cotizaciones, según esta proyección, van a garantizar las pensiones y asegurar la viabilidad de la Seguridad Social.

Esos números fueron los que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó en la reunión ministerial sobre Migración e Integración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2020. "La migración no es sólo un problema humanitario, sino que es una oportunidad para nuestro crecimiento y para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Habrá trabajo para todos en el horizonte a medio y largo plazo, sin duda", aseguró el ministro en ese cónclave.

Las cifras son similares a las que maneja el Fondo Monetario Internacional (FMI) para España: un mínimo de 5,5 millones de arraigos hasta 2050, partiendo de la base de que el 90% de esa migración se encuentra en edad de trabajar.

El organismo internacional sostiene que "las migraciones elevan el número de contribuyentes" y subraya que "la migración puede aliviar la presión del envejecimiento de la población y contribuir a otros beneficios a largo plazo, como un mayor crecimiento y productividad".

La media anual de extranjeros que, según estos informes, necesita España a futuro coincide con los flujos registrados entre 2012 y 2015, según los registros del INE. La llegada de migrantes –dejando fuera de la estadística a los españoles que regresaron al país– volvió a incrementarse de forma sostenida desde 2016 cuando ingresaron 352.174 personas. En 2017 fueron 453.950; 559.998 en 2018; y 666.022 en 2019. La proyección es que la cifra descenderá en la estadística final de 2020 como consecuencia de la pandemia, rondando los 400 mil ingresos.

Impacto fiscal, ¿positivo o negativo?

Para gran parte del imaginario colectivo español, los migrantes reciben en forma de prestaciones y de servicios públicos mucho más de lo que aportan a las arcas públicas vía impuestos y cotizaciones sociales. Las estadísticas, sin embargo, demuestran lo contrario.

El impacto fiscal neto de la migración en España tiene un saldo a favor neto del 0,54%, según la OCDE. Solo cuatro países europeos (Luxemburgo, Italia, Grecia y Bélgica) tienen ecuaciones más favorables.

Uno de los principales prejuicios es sobre el supuesto abuso de la atención sanitaria pública por parte de los migrantes. Según la última edición de la Encuesta Nacional de Salud (ENS), la población extranjera es algo menos frecuentadora en ambos niveles de atención (primaria y especializada) que la autóctona.

El motivo, según este informe, es que las personas de origen foráneas al ser, por lo general, jóvenes gozan de un mejor estado de salud y, por ende, utilizan menos los servicios de atención sanitaria.

Un dato que corrobora esto: si se toma como referencia el volumen de población que lleva más de un año sin acudir a ningún servicio médico, el porcentaje es siempre superior entre los migrantes.

En términos generales, en 2017 tuvieron lugar más de dieciséis millones de consultas médicas en toda España. En 14,5 millones se atendió a españoles (89%), mientras que en 1,7 millones (11%) se atendió a personas de origen extranjero, proporción que se ajusta bastante a la composición de la población residente en España.

Para la Unión General de Trabajadores (UGT), los extranjeros aportan casi el 10% a la Seguridad Social y reciben menos del 1% de las pensiones. Según su informe titulado #TrabajoLibreDeBulos, hay 27.000 migrantes que cobran una pensión sobre un total de 9 millones de pensionados.

El otro gran aporte de los migrantes, según este informe, es el del consumo de bienes y servicios, un 8% del total. En 2018, el gasto total de los hogares en España fue 556.432.591.000 euros. Los hogares cuyo alguno de su sustentador tiene nacionalidad extranjera fue de 46.522.873.000 euros.

"En consecuencia, una disminución del gasto de los hogares del 8% tendría un impacto directo en la economía, en la demanda de bienes y servicios, en el mercado de trabajo y en la recaudación tributaria", afirman desde la UGT.

Las cuidadoras

La única fuente de datos disponible en España para estudiar la posición en el mercado laboral del ámbito doméstico y de los cuidados es la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el INE. Según este registro, la media de mujeres extranjeras empleada en este ámbito oscila entre el 61 y 63% en los últimos años.

En su estudio Mujeres migrantes y trabajos de cuidados: transformaciones del sector doméstico en España, las investigadoras Magdalena Díaz Gorfinkiel y Raquel Martínez Buján citan datos oficiales de 2017. De 565.000 trabajadoras ocupadas como personal doméstico y cuidadoras de personas mayores y niños a domicilio, 356.000 declararon no haber nacido en España, de las cuales el 32,3% nacieron en América Latina y el Caribe.

"En el caso español, la relación entre organización social de los cuidados y migración puede considerarse un caso específico si se compara con otros países del entorno europeo", sostiene el estudio. Por "trabajo de cuidados", aclaran las autoras, se entiende aquel que "está dirigido específicamente a las tareas de atención personal y a las tareas domésticas derivadas de las necesidades de dicha asistencia".

Dos décadas atrás, las trabajadoras migrantes no alcanzaban al 31,8% del total de empleadas de hogar y de cuidados. "Ninguna otra ocupación concentra a trabajadores migrantes en tal magnitud, por lo que el servicio doméstico se sitúa como el principal nicho laboral de este colectivo", concluye esta investigación académica.

Por el contrario, el número de mujeres de origen español empleadas del hogar desciende año a año. En el año 2008, el 3,6% de las mujeres ocupadas trabajaban en el ámbito del sector doméstico y en el año 2017 la cifra descendió al 2,9%. "Ni siquiera la pérdida de puestos de trabajo masculinos y las dificultades de encontrar otros empleos consiguen aumentar su participación en esta actividad. El servicio doméstico parece que deja de ser el refugio laboral para las mujeres autóctonas", señala el trabajo.