Desestimada la querella de los Franco contra periodistas e investigadores por un reportaje sobre la herencia del dictador

La Audiencia de Madrid ha desestimado el recurso de apelación que habían presentado los nietos de Francisco Franco después de que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid hubiera concluido que el reportaje La herencia de Franco estaba amparado bajo el artículo 20 de la Constitución.

La familia del dictador interpuso una querella por "calumnias e injurias" contra Mediaset España y todos los periodistas e investigadores que realizaron el trabajo periodístico, que apareció en el programa En el punto de mira. El auto del juzgado de instrucción falló a favor de los denunciados puesto que el reportaje investigaba los entresijos del patrimonio de los Franco y está considerado como periodismo de denuncia.

La Audiencia ha seguido la misma línea que el primer juzgado y ha apuntado en el auto al que ha tenido acceso El País que "resulta criterio asentado por el Tribunal Supremo que las libertades de expresión y/o información comprenden la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige". 

Además, la Audiencia se ha reafirmado en el primer auto que esgrime que "gran parte del contenido" del programa objeto de querella se centraba "en la persona de Francisco Franco y no en los querellantes". Razón por la que no cabían los delitos contra los hermanos Martínez-Bordiú Franco, y, en las ocasiones que sí se referían a los querellantes, la jueza Belén Sánchez ha dictaminado que no tenían "la entidad suficiente para ser constitutivas de un delito".

Los denunciados reclaman que los Franco paguen las costas

Aunque la Audiencia ha archivado la causa y ha fallado a favor de los denunciados, estos reclaman que sea la familia del dictador quien pague los costas. Algunos periodistas e investigadores han criticado la decisión del juzgado al declarar las costas de oficio, es decir, que el juez no hizo expresa mención acerca de quién debe pagar los gastos del proceso judicial.

Según los denunciados, si la familia Franco no paga las costas se alienta a los herederos a continuar judicializando casos de libre expresión a los medios de comunicación.