Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también cometen errores y cada cierto tiempo salen a la luz imágenes en las que se puede ver como hacen un uso desmesurado de sus funciones. Los uniformes no le conceden a nadie el don de la impunidad, aunque en ocasiones cueste creer lo contrario. La ley suele respaldar a los agentes con la presunción de veracidad, pero cuando existen pruebas la última palabra la tiene la Justicia. ¿Es legal grabar a un policía durante una actuación violenta o un abuso de autoridad?   

La negación de este derecho es uno de los bulos más extendidos relacionados con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Lo cierto es que, contra lo que considera el imaginario popular, esta norma no prohíbe grabar vídeos ni tomar fotos de los agentes durante el ejercicio de sus funciones. La captación de imágenes no es una acción constitutiva de delito y tampoco supone ninguna infracción administrativa, de hecho, las grabaciones pueden convertirse en una prueba clave –cuando no son la única– para acreditar una situación de violencia o represión policial. 

"Tendemos a pensar que los agentes nos pueden requisar el móvil o incluso sancionar si nos pillan grabando, pero no es cierto. La captación de imágenes de la Policía es absolutamente legal. Lo único que está prohibido es hacer un uso indebido de esas fotografías, es decir, difundirlas de forma que puedan poner en peligro la integridad física y moral de los agentes", cuenta Daniel Amelang, abogado penalista de la cooperativa Red Jurídica. La Ley Mordaza, aprobada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, intentó maniobrar para impedir que la ciudadanía pudiese captar a los miembros del cuerpo en actitudes comprometidas. La Justicia, sin embargo, frustró esta propuesta.

"El Tribunal Constitucional dejó claro que la grabación de imágenes no se puede considerar ilegal, a no ser que se haga con malas intenciones. El problema es que no se hizo pedagogía en este sentido, quizás de forma interesada, y por eso el bulo sigue en el imaginario popular", recuerda el abogado.

El debate sobre las garantías de la población ante este tipo de situaciones ha vuelto a abrirse tras los últimos episodios de violencia y abuso policial por motivos étnicos que se han registrado en el madrileño barrio de Lavapiés. 

La ONU ha invitado a España en numerosas ocasiones a acabar con la discriminación racial y ha pedido "voluntad política" y "compromisos"  urgentes, pero los cambios todavía no han llegado.

Los vídeos pueden salvar denuncias

El pasado 30 de marzo, una patrulla de la Policía Nacional arrestó de forma violenta a dos jóvenes negros en el distrito de Lavapiés. Las víctimas han podido denunciar la agresión, tal y como ha avanzado Público, porque un ciudadano que pasaba por la zona vio la situación y grabó un vídeo al respecto. Las asociaciones antirracistas aseguran que la falta de recursos y pruebas son en muchos casos un impedimento para que los casos de violencia policial contra las personas racializadas lleguen a los tribunales. Los bulos que invaden la red sobre los resortes de la Ley Mordaza dificultan todavía más este proceso. 

"Nos hemos encontrado con muchos casos en los que la Policía ha amenazado con identificar o sancionar a las personas que estaban grabando. Esta es una forma de fiscalizar nuestra libertad", añade Daniel Amelang. En derecho administrativo y sobre todo cuando hay una sanción de la Ley Mordaza de por medio, la Policía tiene la presunción de veracidad. La única herramienta para hacer que decaiga su argumentario es en muchos casos una imagen o una grabación. "Si es su palabra contra la nuestra, siempre va a prevalecer la del agente", continúa el abogado. 

En el caso de Lavapiés, las víctimas han podido denunciar porque existía un vídeo en el que quedaba probada la agresión policial. "Nos han llegado testimonios de palizas que se producen en comisaría o en algún portal, sin ninguna prueba que las sostenga", contaba la activista y presidenta de SOS Racismo Madrid, Sarahi Boleko, en este artículo de Público. "La captación de imágenes aquí es lícita porque no se hizo con la finalidad de poner en peligro la integridad física o moral de los agentes, sino todo lo contrario. La vocación es informativa y por eso es absolutamente legal", detalla el abogado de Red Jurídica.

La Policía, no obstante, hace a menudo un uso indebido de su autoridad para amedrentar a la población y desincentivarla en el ejercicio de sus derechos. "Esto se podría incluso denunciar, sobre todo cuando existe algún tipo de coacción. Si te identifican y luego te sancionan por algo que no es ilegal, estamos hablando de una intimidación severa", sentencia Daniel Amelang. La sanción, no obstante, suele llegar con otra excusa y no pone la grabación de imágenes como motivo. Los agentes suelen utilizar los delitos de desobediencia o las faltas de respeto a la autoridad para sortear un eventual enfrentamiento con la Justicia.