¿Han sentido miedo al cruzarse con la policía cuando iban a comprar el pan durante el estado de alarma? Imaginen un estado de alarma constante, 24 horas al día, 365 días al año. Es lo que viven alrededor de medio millón de personas en España, las que se calcula que están en situación irregular. Son potenciales personas deportables, con el miedo y ansiendad que ello conlleva.

Desde 2010 hasta 2019, España ha deportado 223.463 personas. A la mayoría, más de 130.000, se las echó del país cuando ya habían entrado. Fueron víctimas de la violenta maquinaria estatal de las devoluciones (56.576) y las expulsiones (74.454), muchos con paso previo por los nada recomendables Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Al resto, 92.433 personas, bastó con no dejarlas cruzar las fronteras legales que tamizan a diario el enrome flujo de las personas que se mueven.

Hay varias formas de deportar a un extranjero. Unas más violentas, otras más burocráticas, pero todas resultan muy lucrativas para las empresas del control migratorio, que se han embolsado casi 130 millones de euros públicos en seis años. Pero también son altamente traumáticas para quien las sufre: ciudadanos libres (en su inmensa mayoría) a quienes las políticas migratorias europea y española rebajan a la categoría de deportable, es decir, desechables, indeseados para nuestro sistema mundo.

Esos son algunos de los datos que recoge el denso informe Vulneraciones de los derechos humanos en las deportaciones, un trabajo de los colectivos Iridia y Novact que pone el foco en los retornos involuntarios, "el acto de desplazamiento forzoso a través del cual una persona es trasladada, mediante el uso de la fuerza o la amenaza de su uso, desde el país de residencia o estancia hasta el país por el que accedió al Estado español", definen.

Una "política ideológica, selectiva y discrecional que justifica el control constante de la población migrante", explican. Algo que se ha consolidado como piedra angular de la política europea de migraciones, sin importar el alto coste personal que paga quien pasa por sus engranajes, ni los agujeros en los ordenamientos jurídicos de un Estado de derecho que genera en contables ocasiones, denuncian.

Con todo, las cifras son incompletas ya que, advierten, "no se publican de manera periódica ni sistematizada", mostrando "una gran falta de transparencia por parte del Gobierno y del Ministerio del Interior". Parece un proceso que no se quiere mostrar y que deja fuera del radar estadístico las criticadas devoluciones en caliente, sepultadas por "una falta de transparencia flagrante" en prácticas que escapan de cualquier procedimiento legislativo previsto en la Ley de Extranjería.

Repunte desde 2017

Lo que sí queda patente es que esta práctica se intensificado desde 2017, cuando la inmigración ha vuelto a copar la atención política, mediática y social, y los discursos racistas y xenófobos han llegado hasta el corazón de las instituciones públicas. "La tendencia en el total de deportaciones ha decrecido desde hace una década, aunque desde el año 2016 ha experimentado un cambio", aseguran, aumentando desde 2017 todas las formas de deportación: expulsiones, devoluciones y denegaciones de entrada.

En términos absolutos, hay muchos menos retornos de mujeres que de hombres, pero el nivel de "violencia sistémica y situaciones de vulnerabilidad" es más evidente en el caso de ellas. Especialmente para las trabajadoras sexuales y las trabajadoras del hogar en situación no regularizada, especifica el informe. "En ambos casos, se ven sometidas a la precariedad de la economía informal y a situaciones que favorecen la explotación", concluyen. Algo de lo que solo se puede responsabilizar al Estado, que es el que "desprotege a estas personas y las coarta a través del miedo y el control, impidiendo su acceso a recursos y servicios", aseveran los autores.

Quizás sean las expulsiones la forma más traumática de deportación. A diferencia de las devoluciones, cuyo expediente se incoa al acceder irregularmente al país, las expulsiones son deportaciones de personas que ya residen en el Estado español y que "se imponen a través de una sanción administrativa fruto de ser detectadas con la situación administrativa irregular o de tener una condena penal", puntualizan los expertos.

El 80% de las que se efectúan no son consecuencia de un delito, sino de una falta administrativa, la estancia en situación irregular. Las hay exprés, sin paso previo por el CIE y efectuadas en menos de 72 horas gracias a una engrasada e invisible maquinaria policial que termina en un avión, con el expulsado esposado a otro hasta llegar, en la inmensa mayoría de los casos, a Marruecos. El gendarme de fronteras europeo y español por excelencia es el destino de extranjeros tanto marroquíes como de otros países africanos, enfatiza el estudio, que dedica al vecino alauí un capítulo entero del estudio.

Allí fue deportado Yasim Bendriss, un joven nacido y criado en Madrid que fue condenado por un delito no grave a una pena de prisión. No pasó por la cárcel, sino que fue llegado de la comisaría de Aluche, en Madrid, hasta el aeropuerto de Melilla, desde donde fue abandonado a su suerte en Nador con 90 céntimos en el bolsillo.

"El contexto de fronteras y el propio sistema de deportación en Marruecos genera vulneraciones de derechos en el país: traslados a centros de detención no formal o a comisarías a la espera de ser desplazadas forzosamente", asegura la experta en el sistema Daniela Lococo.

"Redadas racistas", un origen muy común

Este final de viaje tiene un inicio que se repite una y otra vez. Empieza en una plaza, en un parque, en una estación metro… En cualquier espacio público donde la policía lleve a cabo la identificación y posterior detención de un indocumentado. Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos tienen un nombre más descriptivo, "redadas racistas", identificaciones basadas en un perfil étnico-racial y en al azar, el estar en el sitio y el momento que la policía ha decidido que es el equivocado para las personas no blancas.

"Este hecho tiene consecuencias directas en la movilidad deambulatoria, que se encuentra coartada para las personas que no cuentan con una situación administrativa regularizada", aseguran los investigadores.

Más de 800 millones para 'fronteras inteligentes' españolas

No es una forma de hablar decir que hay deportaciones patrocinadas por El Corte Inglés. Entre 2014 y 2020 se realizaron aproximadamente 450 contratos públicos vinculados con el sistema de deportación de España por un monto de 127 millones de euros. Parte de ese dinero ha sido facturado por empresas informáticas de esta compañía, que no solo vende ropa.

La arquitectura necesaria para esta misión exige de mecanismos legales, tecnológicos (reconocimiento facial, huellas dactilares…), infraestructura física y recursos humanos y materiales "organizados, desarrollados, actualizados y mantenidos por organismos públicos" que no se podrían conseguir sin la participación del sector privado. Empresas que conforman una lucrativa industria, la del control migratorio, investigada entre otros, por la fundación Por Causa en colaboración con Público. Lo que nos cuesta este mecanismo puede consultarse en este especial. El dinero invertido es hasta ocho veces mayor del que España gasta en acogida e integración de migrantes. Algo que no genera ningún beneficio ni económico ni demográfico al país.

El informe de Iridia y Novact identifica a los mismos actores que el de Por Causa: gigantes de la industria militar y armamentística que hacen dinero abasteciendo de armas a los países de los que luego huyen las personas que buscan refugio en Europa. Hacen caja posibilitando guerras y vuelven a hacerla frenando a las personas que escapan de ellas. Todo lo pagamos los ciudadanos y los políticos a los que votamos les ponen nombres que enmascaran el destino real de nuestro dinero.

En este caso, el modelo de deportación y control fronterizo se ha llamado desde Bruselas Smart Borders, fronteras inteligentes. ¿Quién no querría tener una? Pero las fronteras no funcionan igual que las aspiradoras. Aunque parezca que hacen lo mismo —limpiar lo que no queremos en casa— sus consecuencias son muy diferentes. "Entre 2014 y 2020, España ha recibido 812,1 millones de euros de fondos europeos para control y ordenación de los flujos migratorios con el objetivo de avanzar en la implementación de los sistemas Smart Borders", aseguran los investigadores.

Las empresa que se lucran

Sin los servicios y equipamientos tecnológicos de esta industria sería imposible mantener el modelo Smart Borders. Una de las patas de este sistema es la identificación de los que ya están aquí, de los que viven entre nosotros. Aquí son clave las empresas del sector tecnológico que "dan apoyo a los sistemas de información y comunicación vinculados con las bases de datos para el control migratorio". Hay nombres desconocidos, pero otros resultan más familiares: Indra Sistemas S.A., Informática El Corte Inglés, GMV Soluciones Globales Internet S. A. U., Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, entre otras.

En los puestos fronterizos hacen falta sistemas de vigilancia en de fronteras y sus perímetros. Aquí trabajan compañía como Amper, Indra Sistemas S. A., Informática Corte Inglés, Manusa, Everis, VISION BOX Soluciones de Vision por Computador S. A., Gemalto S. A. (Thales Group), Atos Solutions and Services Iberia S. A., Eulen Seguridad, entre otras.

En las calles y barrios de nuestro país también hacen falta ojos inteligentes que cacen al magrebí, al subsahariano o al latino. La policía, aquí, recurre empresas de seguridad privada que participan de forma directa o indirecta en controles de identidad. También a empresas de ciberseguridad que desarrollan "sistemas de videovigilancia masiva en el espacio público", y sistemas de información para la gestión y actuación policial. Destacan las empresas Herta Security, Avigilon (subsidiaria de Motorola Inc.), Visionipnet, Prosegur, Eulen, Securitas, PROSETECNISA, Metrópolis Seguridad y Protección, Ilunion Seguridad, Astra Sistemas y Ombuds.

"Esta situación afecta a una gran parte de la población por ser migrante y racializada, generando un marco discriminatorio. Y la deportación es el momento de mayor violencia institucional que se ejerce sobre una persona", asegura Andrés García Berrio, uno de los autores del informe que se ha presentado en Barcelona, un día después de que el CIE de Zona Franca volviera a reabrir tras siete meses vacío por la covid. La pandemia no frena la maquinaria de expulsiones.