Denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU "Las redadas racistas que lleva a cabo la policía son un ataque a la clase trabajadora"

Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) presentarán este lunes una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por una sanción recibida por observar y documentar una redada racista en Madrid. La organización, que denuncia las identificaciones efectuadas por la policía atendiendo sólo a criterios étnicos, recuerda que las multas impuestas por la Delegación del Gobierno fueron anuladas en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sin embargo, éste no reconoció que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados, por lo que ahora han decidido acudir al órgano de Naciones Unidas para denunciar que el Estado español no sólo “castiga y criminaliza la defensa de los derechos humanos”, sino también “las diferentes formas de protesta social” contra las “políticas migratorias criminales”.

Responde a las siguientes preguntas el denunciante, que forma parte de las Brigadas Vecinales y pide ser identificado sólo por su nombre de pila, Christian.

¿Creen que la denuncia ante la Comité de Derechos Humanos de la ONU podrá prosperar o se trata de una acción simbólica?

Intentamos que nuestro caso entre en el ámbito de la vulneración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en el que el España ya ha sido objeto de pronunciamientos por parte de Naciones Unidas. La admisión a trámite es el principal problema, pero hay un contexto previo, como el caso de Rosalind Williams [una española nacida en Nueva Orleans a la que en 1992 se le exigió la documentación atendiendo a criterios raciales; ella lo denunció y el Comité de Derechos Humanos de la ONU terminó dándole la razón en 2009].

Denuncias de redadas racistas en el metro de Madrid.

Ahora estamos asistiendo a un aumento de los operativos, que se acrecientan cuando se acerca un vuelo de deportación. Por una parte, se realizan identificaciones policiales a la antigua usanza, que parecen cacerías, en sitios donde se concentran los inmigrantes, como los locutorios. Otros reciben una carta para que acudan a una comisaría y, una vez allí, son detenidos. Por otra parte, las patrullas que circulan en coche detienen a personas en la calle de una forma más aleatoria. Los arrestados pueden ser objeto de una deportación exprés, lo que provoca que haya gente que desaparezca de la noche a la mañana.

Ustedes subrayan que hay una doble discriminación, pues las redadas tienen lugar en medios de transporte público a primera hora de la mañana o al regreso del curro. Y consideran que es un ataque a los trabajadores.

Efectivamente, porque no hemos visto ninguna durante un catering de la Embajada de Estados Unidos. Las redadas se organizan contra la clase trabajadora, atienden a un criterio étnico y tienen lugar tanto en barrios populares como en medios de transporte, por lo que estamos convencidos de que suponen una doble discriminación.

Por otra parte, las sanciones recibidas hay que vincularlas a la represión ejercida a través de la ley mordaza, que responde a una estrategia de represión de las organizaciones sociales amparándose en una norma administrativa. Se trata de una represión de baja intensidad o burorrepresión.

Las Brigadas Vecinales, durante una acción contra las redadas racistas en el metro de Madrid. / BVODH

Han denunciado que algunos cargos del Gobierno efectuaron declaraciones públicamente en las que relacionaban su actividad de denuncia con el fomento de la violencia contra la policía.

No sólo había redadas racistas, sino que efectuaban declaraciones en nuestra contra. Cuando en 2011 las asambleas del 15-M mostraron su rechazo a las redadas y los vecinos de Lavapiés echaron a la policía del barrio, las autoridades aprovecharon para tirar la piedra contra nosotros, pues somos un colectivo molesto. Pero fue algo absurdo, porque esas manifestaciones de desobediencia civil no responden a nuestra forma de actuar. También nos involucraron cuando un policía disparó al aire para detener a un mantero, hasta el punto de que nos intentaron responsabilizar de aquel incidente desde el Congreso.

Claro. En derecho se llama prueba diabólica, porque yo tengo que demostrar que no he hecho algo [la probatio diabolica es una práctica que consiste en exigir a la defensa una prueba a favor de la no participación del reo en la comisión del delito imputado].