Las demoras en Atención Primaria (AP) son uno de los grandes problemas de la crítica situación de la sanidad pública en nuestro país. De hecho, existe una estrecha relación entre el incremento de los tiempos de espera en medicina de familia y el porcentaje de población que paga en la sanidad privada.

Así lo ha demostrado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en su último informe basado en el Barómetro Sanitario de 2019 y 2022.

La organización señala que cada día más de demora en AP "supone un aumento del 0,618% de personas con seguros privados". O lo que es lo mismo, que si se redujera el tiempo de espera hasta un máximo de 48 horas, el porcentaje de población con seguro privado bajaría en un 3,56%. Unas 1,68 millones de personas.

La degradación de la sanidad pública ha provocado que la satisfacción de la población con la Primaria haya caído un punto en los últimos años. La demora media en AP fue de 7,76 días en 2022 y había aumentado un promedio de 3,21 días desde 2019, entre los 5,24 en Madrid y 1,64 en Cantabria. 

Paralelamente, se ha producido un incremento notable de los seguros entre la población (2,29%), que ha alcanzado los niveles más altos en 40 años. Según los últimos datos registrados por Unespa, la patronal de las aseguradoras, el porcentaje de ciudadanos con sanidad privada está en el 20,45%, desde el 38,11% de Madrid al 10,79% de Navarra.

Una coyuntura que ha dado lugar a una situación paradójica: el surgimiento de listas de espera también en los centros sanitarios 100% privados. Lo que evidencia la incapacidad de este sector para asumir el volumen de pacientes que se atiende en la pública.

Como era de esperar, ha expresado la FADSP, también existe una relación entre el PIB por cápita y el aseguramiento privado, "porque a este solo pueden tener acceso las personas con mayores ingresos, y por lo tanto supone un claro factor de inequidad".

"No tenemos nada en contra de que quien así lo desee se haga un seguro privado", ha insistido la federación. Eso sí, "siempre y cuando se den dos condiciones básicas: que no lo haga porque no tiene una alternativa en tiempo y calidad aceptable en el sistema público, y que este aseguramiento no este subvencionado con fondos públicos", ha concluido, tomando como ejemplo el caso de las mutualidades de funcionarios.