El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha recordado que 23 niños han sido asesinados por sus padres desde 2013 -el primer año que se incluyen en la estadística-, unas cifras que -a su juicio- ponen de manifiesto que "un padre maltratador no pude ser nunca buen padre".

Tras la inauguración de unas jornadas que se celebran en la institución del Defensor del Pueblo para analizar cómo se puede mejorar la protección de los hijos de las víctimas de violencia de género, Fernández Marugán ha lamentado los asesinatos de los menores en ese ámbito y ha opinado que los datos "son de una dureza difícilmente asumible".

"Hay que ver con otros poderes públicos los procedimientos para reducir, mitigar, suprimir y evitar esta lacra", ha asegurado el defensor, quien ha reclamado protección "rápida y eficaz" a estos menores, en ámbitos como el judicial, en el que -ha dicho- "hay que ser más categórico" respecto a las decisiones de si se retiran o no las visitas y custodias a los padres en los casos de maltrato.

Para Fernández Marugán, "la protección debe ser integral y hay que detectar de manera inmediata el riesgo en la mujer sin olvidar que es madre".

"Te voy a hacer daño donde más te duele; ese tipo de comportamientos tenemos que erradicarlos, hay que hacer una doble tarea de sensibilizar a la sociedad española de que es muy grave y a las administraciones públicas de que sean eficaces", ha puntualizado el defensor, quien ha admitido que "seguramente" habría que ajustar la ley.

Fernández Marugán se ha referido al caso de Ángela González Carreño, cuya hija de 7 años fue asesinada por su ex marido condenado por maltrato durante un régimen de visitas sin supervisión y que había sido autorizado por un juez.

Ha explicado su compromiso con Ángela González, con la que mantuvo una entrevista hace unos meses, de trabajar para que nunca más un menor de edad sea asesinado por un padre maltratador.

El defensor en funciones ha señalado que las propuestas que surjan de la jornada de expertos del ámbito de la judicatura, de la universidad y de la protección del menor serán trasladadas a las administraciones y al Parlamento.