Muchos de los trabajadores del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla

se encuentran en una situación inestable y de precariedad. Hay 1.500 trabajadores estatutarios, unos 700 son eventuales. Casi la totalidad de ellos llevan más de 10 años encadenando contratos de pocos meses de duración. 341 de ellos pensaron que su situación podía empezar a cambiar: recursos humanos les ofrecieron contratos eventuales sin fecha de finalización como "reconocimiento" a los empleados que llevaban más tiempo. Sin embargo, dos semanas después, las condiciones cambiaron: los contratos terminarán en enero. 

"Es la segunda vez que me hacen un contrato sin fecha de finalización y luego nos lo cambian por otro de equis meses ym al no darte una copia del contrato en el momento de la firma, no se puede ni demostrar ni hacer nada al respecto. Me siento ninguneada porque después de estar varios años seguimos acumulando contratos de 4, 5 o 6 meses, cuando somos personal estructural y no eventual, es una tomadura de pelo. Vivimos una situación precaria en la que no puedes conciliar una vida normal y mucho menos familiar", denuncia una de las trabajadoras afectadas, una sanitaria que lleva más de 4 años en el hospital, pero que pide mantener el anonimato por "miedo a las posibles represalias".

Los sindicatos comenzaron a denunciar la revocación de los contratos esta semana. Según la versión de ellos, el Ministerio de Defensa (la administración de la que depende del hospital) planteó que los contratos estuvieran en vigor "hasta fin de la necesidad asistencial". Dos semanas después, Defensa revocó los contratos y ya hay fecha de finalización: 16 de enero. 

"El día 11 de junio dieron los contratos sin finalización. El 30 lo quitas porque se dice que se ha acabado el estado de alarma, pero no tiene mucho sentido porque ellos sabían el 15 de junio, cuando se firma los contratos, que el estado de alarma terminaba. El hospital entendía los contratos como un reconocimiento a los 341 trabajadores más antiguos. Algunos llevan desde 2001 concadenando contratos", señala el delegado sindical de CCOO y celador del Gómez Ulla, Alejandro de Marcos.

Para los sindicatos esta decisión fue sentido como un paso adelante en el cambio de la inestabilidad de tantos trabajadores. Un intento de cambiar una precariedad mantenida. Público ha intentado conocer la posición de recursos humanos del hospital, pero han declinado hablar con este medio. 

El Ministerio de Defensa sí explica el cambio de los contratos y separa en todo momento la temporalidad del hospital de esto. "El 17 de marzo de 2020 se concedió una autorización extraordinaria y provisional para el nombramiento de personal estatutario, circunscrito a la duración de la situación crítica de la pandemia. Al amparo de esta autorización el Hospital llevó a cabo la contratación de personal, sin que en los mismos se pusiese fecha concreta de finalización, dado que ésta no podía fijarse a priori al estar ligada a la finalización del estado de alarma. Ante la finalización del estado de alarma, se concreta en 341 las necesidades futuras de personal estatutario temporal, para la prevención, seguimiento y contención del COVID-19. Por ello, se solicita y obtiene nueva autorización para estos nombramientos, con vigencia desde el 21/06/20 hasta el 15/01/21", explican fuentes de Defensa.

De Marcos no encuentra sentido a la respuesta de Defensa, aunque también insiste en que lo grave es que una administración pública tenga casi a la mitad de su platilla con contratos eventuales. "El hospital necesita a todos estos trabajadores para funcionar", añade De Marcos. El sindicalista denuncia que hay muchos contratos "en fraude de ley" porque se renuevan cada tres meses y se han llegado a acumular tres o cuatro trienios.

El hospital depende del Ministerio de Sanidad, pero también a la Comunidad de Madrid al formar parte del Servicio de Salud (Sermas). Durante la pandemia sacaron una campaña en redes sociales bajo el lema #quedejunionopase pidiendo estabilidad para la plantilla. Junio ha pasado y la situación no ha cambiado. Se esperan más movilizaciones para denunciar una situación que mantiene en precariedad laboral a tantos sanitarios.